Lo que tenés que saber
- Gobernadores de Mendoza, Chubut y Santa Cruz impulsan ofensiva penal en EE.UU. contra la familia Eskenazi
- Apuntan a la operación del Grupo Petersen como origen del juicio multimillonario por YPF
- Buscan activar una investigación penal y suspender el proceso civil en Nueva York
- Weretilneck y Figueroa, de provincias accionistas, no definen si acompañan la iniciativa
- El fallo de 2023 podría afectar reservas nacionales y recursos provinciales
Gobernadores avanzan con ofensiva penal por YPF en EE.UU.
La disputa judicial por la expropiación de YPF sumó una jugada inesperada. Tres gobernadores de provincias con participación accionaria en la petrolera estatal decidieron promover una ofensiva penal en Estados Unidos contra la familia Eskenazi, al considerar que su ingreso a la empresa en 2007 configuró una operación irregular que dio origen a la millonaria demanda del fondo Burford Capital.
Provincias accionistas en movimiento
Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) encabezan una estrategia conjunta que busca activar una investigación del Departamento de Justicia norteamericano. Según detallaron fuentes oficiales, el foco está puesto en las condiciones de la adquisición de acciones por parte del Grupo Petersen, operación que fue avalada políticamente por el Gobierno Nacional en su momento.
Los gobernadores destacan su calidad de accionistas clase B, una participación surgida tras la ley de expropiación de 2012, que los habilita a intervenir en defensa de los intereses provinciales.
Señalan maniobras con posibles delitos
El objetivo es demostrar que la operación financiera que permitió el ingreso del Grupo Petersen a YPF se concretó “con los dividendos de la propia compañía y con el aval político de la Casa Rosada”. Bajo esa hipótesis, los mandatarios consideran que si se comprueba la existencia de un delito, el fallo civil que perjudica al país perdería sustento legal.
Hasta el momento, la estrategia nacional se limitó al plano comercial y civil. Esta nueva vía penal podría implicar la intervención de organismos como el FBI y hasta suspender el proceso que instruye la jueza federal Loretta Preska en Nueva York.
Weretilneck y Figueroa, en silencio
La movida de los tres gobernadores contrasta con la postura de Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén), quienes también representan provincias con participación en YPF, pero no definieron si se sumarán a la ofensiva.
Fuentes cercanas a las negociaciones indican que ambos gobernadores “han mantenido conversaciones preliminares con sus pares, pero no definieron si se sumarán a la cruzada”. Ese silencio generó malestar en las otras provincias que buscan una respuesta unificada.
Un juicio con impacto millonario
El fallo de la jueza Preska, emitido en septiembre de 2023, condenó a la Argentina por no haber extendido la oferta de compra a todos los accionistas durante la estatización de 2012. El proceso civil se originó tras la quiebra del Grupo Petersen, cuyos derechos litigiosos fueron adquiridos por Burford Capital, que hoy exige cerca de US$16.000 millones.
La Procuración del Tesoro apeló esa sentencia ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, sosteniendo que la decisión “viola la inmunidad soberana y la propia ley argentina de expropiación”.
Qué puede pasar
La presión de los mandatarios provinciales busca abrir una nueva vía legal y frenar los efectos financieros del fallo. Mientras tanto, el silencio de Weretilneck y Figueroa sigue generando interrogantes en un contexto donde las reservas nacionales y los fondos provinciales están en juego