El estudio cuantifica con precisión los desequilibrios del sistema hídrico y expone diferentes realidades: una demanda agrícola que acapara casi la totalidad del agua, acuíferos que se están vaciando a un ritmo insostenible y un sistema de distribución en la Capital que pierde millones de litros por el camino.

Cuando se habla de consumo de agua, los números del estudio revelan una asimetría extraordinaria. Sobre un total de 889 hectómetros cúbicos (hm³) que se utilizan anualmente en la provincia, la agricultura por sí sola demanda 835,1 hm³.

Esto significa que el 93,9% de toda el agua disponible se destina a regar los campos. En contraste, el consumo de toda la población para uso doméstico, comercial y de servicios apenas alcanza los 42,7 hm³ al año, lo que representa un modesto 4,8% del total.

Aún más pequeño es el consumo del sector industrial y minero, que con 11,2 hm³ anuales utiliza solo el 1,3 por ciento del recurso. Esta desproporción pone el foco directamente sobre la eficiencia del riego agrícola como el principal factor a intervenir.

Para ello, el plan propone una modernización integral del sistema de riego del Dique Las Pirquitas contemplando pasar de los canales de hormigón a sistemas más modernos como el riego por goteo y por mangas. No obstante, esto requiere una inversión total estimada superior a los 59 millones de dólares.

Ahora bien, de acuerdo con los datos del Plan, en el caso de la Capital el problema radica en la ineficiencia de la infraestructura. El sistema de distribución de agua potable tiene un nivel de Agua No Contabilizada (ANC), que en su mayoría son pérdidas por fugas en las cañerías, de entre el 40% y el 45%. Es decir, casi la mitad del agua que se potabiliza y se inyecta en la red nunca llega a los hogares.

El Plan Director, incluido en el informe maestro, propone una intervención drástica para reducir estas pérdidas a un 20% y, al mismo tiempo, optimizar el consumo bajando la dotación de 300 a 200 litros diarios por habitante.

El impacto de estas mejoras sería doble: se lograría un ahorro hídrico masivo, reduciendo la necesidad de producción de agua en 22,3 hm³ al año y, a la vez, al dejar de bombear ese volumen de agua subterránea significaría un ahorro de aproximadamente 2,6 millones de dólares anuales en costos de energía.

En cuanto al interior provincial, las alarmas se encienden por las reservas de agua subterránea. Estas están mostrando signos de agotamiento y el estudio confirma que en varios de los acuíferos más importantes se está extrayendo agua a un ritmo mucho más rápido del que la naturaleza puede reponerla.

Los casos más críticos son el acuífero de Santa María que soporta una demanda que es un 194% superior a su capacidad de recarga, generando un déficit anual de 4,5 hm³.

No muy distinta es la situación del acuífero Aconquija, donde la explotación llega al 160% de su recarga, con un balance negativo de 3,2 hm³ cada año.

Por su parte, el acuífero Fiambalá-Tinogasta también se encuentra en rojo, con una extracción que supera en un 123% su reposición natural, lo que se traduce en un faltante de 2,9 hm³ anuales.

Este “balance negativo” significa, en términos sencillos, que se está consumiendo un capital hídrico que no se está renovando, comprometiendo seriamente la disponibilidad de agua para el futuro