Tras el fracaso legislativo de la Ley Bases original, el Ejecutivo retoma los cambios a la ley de protección ambiental mediante un nuevo decreto que reduciría las áreas resguardadas del ambiente periglaciar. Buscan dar mayor margen a las provincias y seguridad jurídica al sector privado.
El Gobierno nacional ultima los detalles de un decreto para modificar la reglamentación de la Ley de Glaciares (N° 26.639) con el objetivo de permitir actividades económicas en zonas actualmente protegidas. La iniciativa apunta a facilitar la explotación minera e hidrocarburífera en áreas periglaciares, tras las presiones del sector privado y la falta de consenso parlamentario que obligó al oficialismo a retirar la propuesta de la versión original de la Ley Bases.
La medida en preparación plantea una redefinición de los criterios de protección, limitando la cobertura a glaciares de roca o escombros activos con una superficie mínima de una hectárea, una duración comprobada de, al menos, dos años y una función hídrica relevante. Solo aquellos que cumplan con estos requisitos y estén incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares seguirán bajo resguardo.
Desde la Casa Rosada argumentan que la modificación busca otorgar «certeza jurídica» a los proyectos de inversión y garantizar que las decisiones sobre los territorios cuenten con una mayor participación de las provincias. No obstante, se mantendrán las restricciones para los glaciares descubiertos y cubiertos, así como la exigencia de estudios de impacto ambiental.
El nuevo esquema fue diseñado por el Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo, con participación de la Secretaría de Energía y los equipos legales del Ejecutivo. La misma reforma había sido incluida en los primeros borradores de la Ley Bases de 2024, junto a otras iniciativas polémicas como la apertura a la explotación de bosques y la eliminación del Fondo de Bosques Nativos, pero fue retirada por falta de apoyo legislativo.
En febrero de 2024, la propuesta recibió una advertencia formal de la Organización de las Naciones Unidas. Cinco relatores sobre derechos humanos expresaron su preocupación por el carácter «regresivo» de la iniciativa y por su posible impacto sobre el trabajo de ambientalistas y comunidades afectadas. A pesar de ello, el Ejecutivo decidió insistir por vía administrativa.
Organizaciones ambientales y sectores académicos ya anticipan una fuerte reacción frente al intento de avanzar en áreas clave para la regulación del agua y el equilibrio ecológico de zonas cordilleranas. El debate vuelve a instalarse, ahora desde el Ejecutivo, en una pulseada que enfrenta desarrollo extractivo y preservación ambiental