El respaldo electoral en CABA ha dotado de mayor ímpetu a la gestión libertaria nacional para avanzar en su programa de gobierno. Los gobernadores miran con atención los próximos movimientos, mientras analizan la continuidad de una estrategia común para defender los intereses provinciales, amenazados aún más por algunas medidas que afectarían, de concretarse, las arcas de cada jurisdicción.
Pese a la caída de los ingresos, las provincias en su conjunto lograron superávit financiero, que se explica porque los gastos públicos de las jurisdicciones cayeron un 15% interanual, es decir, más que los ingresos. La Fundación Mediterránea ratifica el dato: “El conjunto de provincias cerró 2024 con un superávit financiero equivalente a 0,1% del PBI, tras un déficit de 0,3% del PBI en 2023”, resaltan los economistas Marcelo Capello y Juan Manuel López, remarcando el retorno a los superávits observados en 2021 y 2022, a la salida de la crisis sanitaria.
Los datos objetivos confirman que las provincias ya hicieron su ajuste y que no queda casi margen para seguir achicando el gasto. Si se suma la intención del gobierno federal de reformar el IVA, reemplazando el criterio actual de coparticipación del tributo por uno donde cada provincia establezca su propia alícuota, esquema en el que la mayoría de las jurisdicciones perdería cuantiosos recursos (Catamarca un 85%), queda claro que se vaticinan momentos de tensión entre ambas partes. Y en este contexto de dificultades financieras se espera una oposición firme de los gobernadores -sean dialoguistas o no- a la estrategia nacional