La Argentina exhibe un potencial geológico difícil de igualar, pero no tiene ni una sola mina en construcción. En el Día de la Minería, el sector vuelve a señalar lo que falta: infraestructura, estabilidad macroeconómica y un régimen de incentivos que funcione.
La minería argentina aguarda un nuevo envión: el litio busca ser eficiente con precios bajos para ampliar la capacidad instalada, el cobre en compas de espera sigue generando expectativas con siete proyectos en carpeta y el oro ante una encrucijada entre la falta de exploración y el cierre inminente de minas. Así es como este 7 de mayo, Día de la Minería, encuentra al sector sin lograr traducir el impulso en escala, ni en planificación sostenida.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales apuestas del Gobierno de Javier Milei para atraer capitales, fue bien recibido en su espíritu general. Pero su diseño actual, centrado en proyectos nuevos, deja fuera a buena parte del entramado productivo que ya opera en el país. Desde el sector privado, distintas cámaras y empresas advierten: si el régimen no se amplía, la política minera volverá a quedarse a mitad de camino.
Decisiones necesarias
“Lo que hoy estamos gestionando o solicitando al Gobierno nacional es que el RIGI tenga su versión denominada RIGI Ampliado”, explicó Verónica Nohara, presidenta de la Cámara de Minería de Santa Cruz y CEO de la mina Don Nicolás. “Nos falta que definitivamente el Gobierno anuncie que es un hecho y, a partir de ahí, ponernos a trabajar sobre eso”.
El planteo apunta a garantizar que los proyectos en operación no queden excluidos de los beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios que contempla el régimen. En un contexto de inflación, presión impositiva y costos crecientes, las minas activas necesitan estímulos para mantenerse competitivas. “Es muy importante crear un incentivo muy fuerte para lograr captar más inversiones que permitan extender la vida útil de los proyectos que hoy están produciendo y que mediante esas inversiones se logre mayor volumen de producción o más años de vida al proyecto en sí mismo”, agregó Nohara.
En tanto, desde la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), Manuel Benítez refuerza esa mirada: “Se está trabajando arduamente para que esto funcione, que fue una posición planteada por la minería argentina, especialmente por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, en función de los proyectos que siguen trabajando y que están en condiciones de seguir exportando y consolidando el modelo de minería de desarrollo”.
Benítez insiste en que lo que necesita el sector no es un régimen aislado, sino una arquitectura legal coherente que articule los incentivos nuevos con las leyes de promoción minera ya existentes. “La Argentina, sumando todo lo que tenga que ver con las leyes de promoción de la minería que ya teníamos antes, más el RIGI, que ha consolidado un elemento tan caro para los mineros como es la seguridad jurídica, puede consolidar un modelo a largo plazo”.
La seguridad jurídica aparece como uno de los aspectos más valorados en la propuesta oficial. Pero como remarcó Benítez, su utilidad dependerá de la forma en que se implemente. “No nos olvidemos que la minería lo que necesita es tiempo para consolidarse“, explicó.
En paralelo, Benítez remarcó que la minería no puede sin una red sólida de proveedores locales. “Una mina se genera por alguien que la piensa, una organización que junta el capital y —sobre todo— por quienes la hacen: los proveedores. Son ellos los que construyen los caminos, trasladan al personal, montan las instalaciones, proveen energía e información. Sin proveedores no hay mina”, afirmó.
En ese esquema, la infraestructura —particularmente energía y logística en regiones cordilleranas— se vuelve una demanda estratégica que también impacta en las economías regionales. “Cada proyecto conmueve muy positivamente a las economías locales, pero debe estar acompañado por caminos, rutas, conectividad y energía”, subrayó. Y agregó que el desarrollo de proveedores y trabajadores locales también es el primer paso hacia la construcción de licencia social y sustentabilidad.
Madurez sin relevo
En el caso del oro y la plata, los desafíos se intensifican. Según advierte Verónica Nohara, muchos proyectos en la Argentina están llegando a su etapa de madurez, lo que reduce sus márgenes operativos y limita la capacidad de reinversión. “En los proyectos maduros el costo de producción se incrementa, y el nivel de costo se mantiene, excepto algún que otro costo variable”, explicó. Esto deja poco margen para destinar fondos a la exploración, lo que en contextos como el actual —con precios altos y vidas útiles acotadas— se vuelve un cuello de botella estratégico. “En la mayoría de los casos seguimos invirtiendo para extender ese life of mine, pero si pudiéramos lograr captar más inversiones, ese proceso lo podríamos hacer de manera más rápida y seguramente podríamos lograr mejores resultados y reducir riesgos”, sostuvo.
A esa presión se suman otros factores que impactan en la competitividad: la alta carga tributaria, el atraso cambiario, los costos logísticos y la falta de infraestructura básica. “La Argentina es por lejos uno de los países más caros en producir“, afirmó Nohara. “Si a eso le tenemos que sumar la falta de conectividad, el estado de las rutas y los altos costos logísticos, la ecuación se complejiza aún más”.
En este contexto, advirtió que Santa Cruz —hoy la principal provincia exportadora de oro y plata— necesita un rol más activo en la atracción de inversiones. “Tenemos que explorar más, considerando que la mayoría de los proyectos en Santa Cruz tienen entre 2 y 3 años de vida útil”, indicó.
Si bien destacó que el diálogo con el gobierno provincial mejoró y que se están implementando programas de formación junto con AOMA y algunas empresas, también remarcó que los incentivos fiscales anunciados para promover la exploración aún no se han instrumentado. “Estamos todos muy expectantes y creemos que es una muy buena señal del gobierno para la industria y principalmente para nuestros inversores”. Pero la advertencia fue clara: “Si vemos el mapa de la Argentina no tenemos ningún proyecto nuevo en construcción, y eso nos da una clara señal de que algo estamos haciendo mal”.
Distintas prioridades, un mismo diagnóstico
Mientras puertas adentro del sector minero, una parte se enfoca en las necesidades operativas y en la urgencia de generar condiciones concretas para sostener la producción actual, otros apuntan a una construcción institucional de más largo aliento para encontrar las condiciones necesarias de base para iniciar la construcción de nuevos proyectos.
Las miradas no son idénticas, pero sí convergentes: en todos los casos se advierte que el régimen, tal como está planteado, no contempla toda la realidad de la minería argentina.
A ese diagnóstico se suma una tensión no menor: la fragmentación interna del propio sector minero, que dificulta una acción coordinada frente al Estado. Contratistas, operadores, proveedores y gobiernos provinciales suelen actuar guiados por sus intereses particulares, sin una estrategia común. Cada actor busca maximizar su posición: el contratista, cómo lograr crecer y consolidarse, la minera, cómo reducir costos y ser más eficiente, la provincia, cómo imponer más exigencias y mejorar la renta minera. Esa lógica atomizada impide construir una visión compartida de desarrollo. Falta, en definitiva, una discusión profunda sobre los aportes y responsabilidades de cada eslabón en función de un objetivo colectivo.
Esa dispersión también explica la dificultad para avanzar en decisiones estratégicas. Existen múltiples mesas de diálogo, encuentros y documentos, pero pocas definiciones. En una industria que requiere certezas, la falta de una voz articulada debilita la capacidad de incidencia del sector.
Hoy el país vive, como en otros momentos, un impulso externo favorable que podría traducirse en más exportaciones, más empleo calificado y más encadenamientos productivos regionales. Pero sin definiciones clave —como la confirmación del RIGI Ampliado— ese potencial vuelve a chocar con los límites de la coyuntura. Las señales del Gobierno van en la dirección correcta, pero aún no se traducen en decisiones concretas.
El RIGI, tan promocionado, aún no tiene ejemplos concretos que demuestren su funcionamiento. Hace falta, al menos, un proyecto emblemático que permita medir su impacto real y destrabar decisiones.
No deja de ser un dato del bajo nivel de desarrollo minero que tiene el país, el hecho de que un solo proyecto nuevo podría mover la aguja de forma contundente: con una sola mina de cobre, por ejemplo, se duplicaría la cifra total de exportación actual. Pero no alcanza con uno: hay que pensar cómo escalar, cómo diversificar, cómo sostener en el tiempo.
El Día de la Minería deja expuestas las tensiones de un sector que, pese a su peso estratégico, todavía no cuenta con políticas públicas a su altura. La falta de planificación a largo plazo, los incentivos desalineados y la fragmentación institucional siguen siendo obstáculos para convertir oportunidades en resultados