El intendente de San Isidro declaró: «Queremos garantizar que el sistema de fotomultas esté de verdad orientado a reducir accidentes y salvar vidas, no a sacarle plata al vecino. Y mucho menos para beneficiar a empresas y funcionarios políticos escondidas detrás de convenios oscuros».
El Municipio de San Isidro decidió suspender por 180 días el sistema de fotomultas tras hallar «inconsistencias, ambigüedades y contradicciones» en la ejecución de los convenios firmados en los años 2020 y 2022 con universidades públicas que habrían desviado y tercerizado las funciones para las que había sido contratadas en compañías privadas.
Mientras la medida esté vigente, se reforzarán los operativos de seguridad vial usando empleados de tránsito local. La decisión la tomó el intendente Ramón Lanús a través de un decreto, hasta que el Municipio esté en condiciones de garantizar que “la ejecución del sistema de fotomultas se ajuste a la normativa vigente y se oriente a la reducción de la siniestralidad vial y no a fines recaudatorios».
En un posteo de su cuenta oficial de X, el funcionario agregó: «Queremos garantizar que el sistema de fotomultas esté de verdad orientado a reducir accidentes y salvar vidas, no a sacarle plata al vecino. Y mucho menos para beneficiar a empresas y/o funcionarios políticos escondidas detrás de convenios oscuros. Ese debería haber sido el propósito desde el primer día. No lo fue. Por eso, lo frenamos”.
Además, se intimó a las dos universidades con las que la anterior gestión municipal, encabezada por Gustavo Posse, suscribió los convenios, la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (UNSO) y la Universidad Nacional San Martín (UNSAM), para que, en un plazo de 15 días, aclaren las contradicciones presentadas hasta ahora como respuesta a los reiterados pedidos de información que les hicieron llegar desde San Isidro.
Los convenios con la Universidad Nacional San Martín (UNSAM) se firmaron el 7 de mayo de 2020 y el 1 de agosto de 2022; mientras que con la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (UNSO) se realizaron el 1 de agosto de 2022 y el 23 de septiembre de 2022. Cuando, desde la municipalidad, se controlaron estos documentos, hallaron que, a diciembre de 2023, no existía un listado completo que permitiera identificar todos los equipos de fotomultas instalados en San Isidro.
Por otro lado, dos compañías son las encargadas de brindar el servicio de cámaras: Tránsito Seguro S.A. y la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA).
La intendencia reveló que hay instalados 268 mecanismos: 229 de los cuales son cámaras de semáforo que se utilizan para verificar los vehículos que cruzan esa intersección; el resto son radares para controlar el uso del cinturón del seguridad y celular (2); de velocidad fija (35); y tótems para labrar las fotomultas (2).
“En San Isidro nos encontramos con un sistema de fotomultas opaco. En todos estos meses estuvimos reconstruyendo la información y los procesos, con reiterados pedidos a las universidades y al resto de los actores intervinientes. Al día de hoy la información sigue siendo inconsistente, con ambigüedades y contradicciones, y llegamos a este punto de tener que suspender el sistema hasta asegurarnos que los procesos son los correctos”, explicó el intendente Lanús.
Durante la gestión de Posse, todo lo relacionado con los convenios se encontraba en manos de Andrés Vásquez, quien, cuando dejó su cargo, se habría llevado parte de la información de su antiguo puesto a España, donde reside actualmente.
Los cuestionamientos de Gustavo Posse contra la gestión de Ramón Lanús
En diálogo con el programa radial “Aquí no ha pasado nada”, el exintendente de San Isidro, apuntó contra su reemplazante: “Dejábamos bases, hospitales, patrullaje y muchas cosas innovadoras. Solo había que mantenerlas y mejorarlas. La actual gestión desarmó el patrullaje municipal. Este fue el primer patrullaje del país”.
Luego aseguró que, durante su gestión se armaron móviles, se le pagó horas extras «en blanco» a los policías, y sumaron tecnología para que el vecino estuviera más seguro.
Posse afirmó: “(Había) más de 1800 cámaras. Hoy debe estar funcionando un 35% menos y no se conoce un hecho resuelto por ellas. Echaron a los policías, dejaron de proveer a las comisarías y, básicamente, no estaban preparados para gobernar”.
El ex funcionario cerró la entrevista denunciando que el actual municipio subió las tasas y eso tuvo un impacto negativo en la recaudación: “Nosotros dejamos un 89% de asistencia en el pago. Hoy no llega ni al 70%, porque cuando aumentás el doble de la inflación, la gente deja de pagar”.
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