Aunque originalmente estaba previsto que el proyecto se enviara al Congreso después de las elecciones de octubre, Milei analiza anticiparlo a junio para posicionarlo como un eje de campaña y acelerar el debate parlamentario. Según fuentes oficiales, la reforma apunta a simplificar el sistema, reducir la presión impositiva y mejorar la competitividad, tanto interna como externa.
Actualmente, seis tributos concentran el 83% de la recaudación: IVA, Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, Ganancias, Ingresos Brutos, Impuesto al Cheque y Derechos de Exportación. La propuesta oficial incluye eliminar los dos últimos, considerados distorsivos, y rediseñar la estructura restante, con una fuerte transferencia de autonomía fiscal a las provincias.
El nuevo esquema daría libertad a las jurisdicciones para fijar sus propias alícuotas sobre un piso mínimo, lo que generaría un escenario de “competencia fiscal” entre provincias, similar al modelo de EE.UU. Milei lo sintetizó como “hacer que la gente vote con los pies”, en referencia a que ciudadanos y empresas se muden a las provincias con menor carga fiscal.
El “súper IVA” sería una pieza clave del nuevo sistema. Inspirado en el modelo brasileño, buscaría reemplazar impuestos como Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales, eliminando el efecto cascada sobre los precios. Aunque la nueva alícuota sería más alta que el actual 21%, desde el Gobierno aseguran que el precio final de los productos debería bajar al desaparecer otros gravámenes incluidos en la cadena de valor.
La reforma también contempla incentivos para modernizar el sistema impositivo, con inversiones en tecnología y mayor trazabilidad de las operaciones. En paralelo, se anticipa un fuerte debate federal, ya que los impuestos provinciales como Ingresos Brutos representan el 82% de la recaudación local. Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) y entidades empresarias se respaldan los cambios, aunque advierten sobre el riesgo de desfinanciamiento si no se compensa la caída de recursos en las provincias.
La iniciativa busca alinear la presión fiscal con el objetivo de un gasto público del 25% del PBI, y se estima que, si la economía crece al 5% anual, la carga tributaria podría bajar del 30,5% actual al 22,9% en 2033. En ese camino, Caputo ya adelantó a inversores que el Gobierno eliminará derechos de exportación industriales y el impuesto al cheque, que este año representarían cerca del 3% del PBI.
Sin embargo, especialistas como Osvaldo Giordano y Martín Redrado advierten que la reforma solo será efectiva si se logra una coordinación real entre Nación, provincias y municipios, evitando que lo que un nivel baja, otro lo suba. Para eso, proponen una nueva ley de coparticipación y un enfoque federal auténtico.
LU17 – Fuente: Ámbito Financiero, iprofesional, Clarín, La Nación