En la actualidad son 108 las localidades que se sumaron a esta nueva ley y un número similar esperan su turno. El plan de segmentar la ciudad y el área metropolitana cordobesa es el primer paso hacia un cambio de funciones y alcance.
«Nosotros necesitamos que el vecino sepa en su barrio, quién es el comisario y quién es el fiscal«, dijo un efusivo Martín Llaryora en la presentación de los nuevos distritos policiales. Es un plan exclusivo para la capital cordobesa y las localidades que la rodea, no más de allí.
El gobernador tiene pavor a una frase popular: «pasan, pero no hacen nada», o que se los compare con los «CAP: cuatro al pedo». La idea de las Guardias locales impulsadas por la ley de seguridad aprobada en la Legislatura cuenta con un concepto que fue interesante en los papeles, pero no terminó de funcionar: La Guardia Urbana Municipal.
Por lo menos, no terminó de dar sus frutos en la ciudad más poblada. En el resto de las localidades del interior esperan que manden los autos y terminen de formar a los inspectores como un maná del cielo.
Son 108 ciudades de diferentes tamaños que ya han firmado su adhesión. Llegarán a 312 en los próximos meses. Es una gran acción de gobierno, pero nunca terminó de cuadrar en los barrios que le dieron el voto al gobernador Llaryora.
El plan en la capital era otro, la salida de Vignetta enmarañó los anuncios del propio Daniel Passerini que prometió duplicar los «rondines» en la ciudad. La Guardia Urbana Municipal (GUM) alcanzaría los 400 agentes municipales. En el medio apareció «Ojos en Alerta«, un plan que por ahora es superador.
«Ahora queremos una política de seguridad, no una acción de seguridad, que llevan meses de discusión», agregó Llaryora. Sus palabras sonaron a que quizás el nuevo anuncio sea superador a esa idea inicial que impulsó siendo intendente y que no resulta.
Juan Pablo Quinteros, el ministro de seguridad, está jugando a pleno a este plan. Sabe que si esto resulta tiene grandes aspiraciones a ser uno de los elegidos para competir por la intendencia capitalina. Por ahora, no hay «peronistas puros» en la línea sucesoria.
Las críticas de concejales opositores apuntan a una reducción en cantidad de barrios en donde pasa la GUM. Se limitaría a una cuestión preventiva en Nueva Córdoba, Güemes, Parque Sarmiento y avenida de Circunvalación.
Los intendentes quieren su Guardia Local
Mientras avanzan las experiencias de Guardias locales en el interior cordobés, intendentes de distintas ciudades valoran su implementación, aunque surgen interrogantes sobre los criterios de asignación de móviles y los costos.
Marcos Torres, intendente de Alta Gracia, destacó que su municipio cuenta con 12 patrullas y 160 cámaras de vigilancia, desplegadas en los principales corredores comerciales y zonas de mayor índice delictivo. «Hemos contratado excomisarios y monotributistas que estamos capacitando, son 45 personas trabajando en el sistema preventivo», explicó.
El costo no es menor: 50 millones de pesos por mes entre sueldos y combustible, además de 350 millones invertidos en cámaras el año pasado. Torres defendió el esfuerzo económico local señalando que «los resultados han sido positivos», aunque reconoció que su rol sigue siendo el de apoyo preventivo a las fuerzas policiales.
Desde Villa Allende, el jefe de gobierno, Felipe Crespo, señaló que su ciudad históricamente cuenta con su propia «Seguridad Ciudadana» desde 1992. Aunque, ahora adoptó la nueva ley provincial y recibirá cuatro móviles de Guardia Urbana. Una cifra que, para muchos, genera sorpresa dado que Villa Allende tiene una población similar a la de Alta Gracia, que recibió 12 vehículos. «Tenemos mayor peligrosidad que otros municipios debido a la cercanía con Córdoba Capital» advirtió Crespo, dejando entrever cierto fastidio.
Además, aclaró que mientras algunos móviles estarán ploteados como Guardia Urbana, los históricos seguirán figurando como Seguridad Ciudadana. Como carta de presentación, Villa Allende ofrecerá su sede para la nueva FPA que inaugurará el propio gobernador Martín Llaryora.
Por su parte, Carolina Basualdo, intendenta de Despeñaderos, remarcó que su municipio cuenta con dos móviles de Guardia Urbana, apoyados por personal municipal y articulando tareas con la policía provincial. «La formación ha sido clave para construir comunidad y atender problemáticas como violencia de género y violencia familiar», dijo la mandataria.
Basualdo destacó que los operativos son conjuntos y que la ciudadanía entiende que, ante un delito, quien debe actuar es la policía. Sin embargo, en la comparación de números, la intendenta también quedó en una situación incómoda: dos móviles para Despeñaderos, mientras que otras ciudades con poblaciones similares reciben muchos más recursos.
A esto se suma el debate sobre los costos compartidos: la provincia pone el vehículo, pero los municipios deben absorber gastos como el combustible, los sueldos y el mantenimiento