Chubut se convirtió en la primera provincia que adhirió al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, por lo cual los tickets de compra deben exhibir los montos de ingresos brutos y tasas municipales.
A ello se sumarà el IVA y otros impuestos nacionales que vienen mostrándose en todo el país por las grandes empresas desde el primer día de enero, mientras el resto de los comercios quedó obligado a partir del 1 de abril.
La medida alcanza también a la publicidad de productos y servicios, como a la exhibición de precios totales y netos. Si bien viene siendo impulsada por la ONG Lógica, no es una expresión de deseos, sino una Ley Nacional (Nº 27.743), que puso en vigor Javier Milei y el Senado de la Nación, con 24 votos a favor y una abstención.
A las provincias se las “invitó” a adherir con una ley propia, como corresponde en un país federal. Mendoza -con su imagen de ser prolija con los números- dijo desde un primer momento que sí, pero hasta la fecha no ha adherido.
“No queremos ser los primeros, porque después van a seguir diciendo que somos una provincia cara y eso no le conviene a ningún mendocino, menos al turismo y la gastronomía, que es una actividad importante para todos”, explican en la Casa de Gobierno.
No hay que olvidar, sin embargo, que ése no es el propósito de fondo, sino que los ciudadanos conozcan cuánto pagan de impuestos, una parte importante con la que se financia el Estado. Es decir, básicamente favorece que los ciudadanos estén mejor informados de lo que aportan cuando van a comprar aunque sea una gaseosa y un paquete de galletas.
Para los intendentes el tema parece más lejano todavía, pero no deben olvidar que la exhibición de las tasas municipales que pagan los contribuyentes también están incuidas en la propuesta.
Aunque esta ley parezca decorativa, las cargas fiscales representan un debate central para nuestro los argentinos. La síntesis sería: cada vez menos gente que produce bancando a una superestructura estatal, transformada en los últimos años en agencia de empleo para los leales del partido gobernante y sus “roscas”, en la cual también participan privados “influyentes”.
Se supone que esta ruinosa mecánica está llegando a su fin con el gobierno de Javier Milei, representada con la tosca pero efectiva figura de una motosierra, y la alusión a la “casta política”, casi la única favorecida y próspera de las últimas décadas en un país pobre o empobrecido (como prefiramos llamarle).
Con la inflación y los impuestos, los pobres son cada vez más pobres. Y los ricos no la piensan mucho: directamente deciden invertir en otro país o apostar al mercado financiero.
Chubut, Ignacio Torres, no tuvo miedo. Firmó la adhesión y sacó provecho de picar en punta.
Dijo en ese sentido: “El hecho que seamos la primera provincia en adherirse a la Transparencia Fiscal al Consumidor muestra el grado de compromiso de nuestro gobierno para con los derechos del ciudadano y se enmarca en nuestras políticas de transparencia en los ingresos y, sobretodo, de los gastos fiscales, como así también en nuestra calidad institucional de cara a la promoción de nuevas inversiones privadas”.
Torres reconoció que “cada provincia es autónoma para sancionar sus respectivos impuestos, pero es nuestra mínima obligación informárselo al ciudadano, más aún con la convocatoria que se nos realizó en esta ley”.
El presidente de Lógica (que se presenta como una entidad “apartidaria”), Matias Olivero Vila, sostuvo que la Argentina “llegó a tener los impuestos e inflación más altos del mundo a causa de una ciudadanía sin conciencia fiscal por un régimen que le ocultó en forma sistemática los impuestos“.
“Con la transparencia fiscal -dijo categórico- se terminan 50 años de la vergonzosa prohibición de mostrar el IVA al consumidor y se dejan de esconder otros impuestos detrás del vendedor y demás eslabones de la cadena, como ingresos brutos y tasas municipales, los más ocultos“.
Para Olivero Vila, la adhesión de Chubut es ejemplar y marca el camino. “Nunca gobernadores e intendentes hubieran podido incurrir en sus excesos fiscales si se los hubiesen tenido que mostrar en la cara al ciudadano”.
Según los cálculos de Lógica los impuestos pesan en la vida cotidiana, en general, más del 40 por ciento del precio final. “Saber los tributos que soportamos nos empoderará para exigir tributos y gastos públicos lógicos, como también servicios acordes, en los tres niveles del Estado”, agregan.
Tanto desde el sector público como privado, se reconoce que en Mendoza los impuestos provinciales son “altos” pero también apuntan que “vienen bajando desde 2017”, pese a los esfuerzos que debe hacer el Estado Provincial para sostener la crisis social.
En sus habituales y respetados informes de coyuntura para la región de Cuyo, los economistas Gustavo Reyes y Jorge Day, explican con claridad que lo habitual es que en provincias económicamente importantes como Mnedoza, aporten más fondos a la Nación y reciban menos coparticipación, razón por la cual dependen mucho más de sus propios recuersos.
Agregan que, en ese contexto, la recaudación impositiva en algunas provincias como la nuestra representa un tercio de sus ingresos públicos corrientes.
Para los expertos, IIBB es el impuesto más distorsivo. Y con un agravante: en Mendoza, como en otras provincias se ajusta por inflación, con un criterio disimil al que se aplica en otros rubros, como el Inmobiliario.
La página oficial de ATM es bastante didáctica. Le explica al contriuyente: “El Impuesto sobre los Ingresos Brutos es un tributo que aplican todas las provincias argentinas sobre los ingresos obtenidos por las empresas involucradas en actividades comerciales, industriales, agrícolas, financieras o profesionales”.
Son todos los cuales se han quejado en público y en privado por el ajuste de las alícuotas, “que han superado la inflación proyectada para este año”, como así tambièn los mayores costos por refinanciación de deudas