Una mezcla de abusos, ineficiencia y arbitrariedad atraviesa al sistema impositivo bonaerense. Millones de ciudadanos lo sufren en silencio: sienten que el Estado les mete la mano en los bolsillos sin que sea posible, al menos, entender qué les están cobrando ni a qué obedece la disparidad en montos y valuaciones de los gravámenes provinciales. La cuestión tiene un impacto directo en las economías familiares, pero tiene, además, un efecto menos visible y si se quiere más profundo: la pérdida de confianza en los sistemas de gestión y administración de los recursos públicos. Cuando la arquitectura tributaria exhibe rasgos groseros de inequidad y se hace incomprensible y opaca para el contribuyente común, se rompe un pacto tácito de buena fe entre el ciudadano y el Estado. Eso es lo que ocurre hoy en la provincia de Buenos Aires, aunque es el resultado de muchos años de una política impositiva basada en la voracidad y “el manotazo”: han agregado cuotas extras de Inmobiliario después de haber inventado el “Inmobiliario complementario”. Quitan y ponen el descuento por buen cumplimiento al compás de las necesidades de “caja”. Aumentan los intereses por pago fuera de término a extremos exorbitantes; aplican los revalúos con pasmosa arbitrariedad; disponen diferenciales a countries o barrios privados por prejuicios ideológicos y revolean moratorias o “planes de pago” que hacen pasar por ingenuo al que cumple mes a mes. A esto se agregan incrementos abusivos, como los del más del 500 por ciento que denunciaron el año pasado productores agropecuarios en el Inmobiliario Rural, o como los que se registraron también en la Patente y el Inmobiliario Urbano. La ley impositiva había previsto en 2024 un tope del 200 por ciento para esos aumentos, pero hubo muchísimas partidas -ya se sabe- que llegaron a rozar subas tres veces mayores, como si esos topes fueran difusos o directamente ficticios. ¿Por qué? ¿Con qué criterio se aplicaron los ajustes? ¿qué se entiende por contribuyentes de “alto poder adquisitivo”? ¿qué referencias se toman en cuenta para definir la “base imponible”? Las explicaciones de ARBA naufragan en un mar de tecnicismos, ambigüedades y gerundios que, en lugar de despejar dudas, generan más impotencia y desconcierto ciudadano.
Arbitrariedades en el cobro de Patentes
El ejemplo corresponde a un auto de alta gama modelo 2024, con una valuación de $27.294.400 y uno de gama media modelo 2023, con una valuación de $22.800.000
Tal vez sea útil mirar con microscopio algunos casos que pueden parecer aislados, pero que reflejan las arbitrariedades y opacidades del sistema. ¿Puede ser que un auto más viejo y de menor valuación pague casi el doble de Patente que uno más nuevo y con una cotización más alta? Es absurdo, pero es así. Dos contribuyentes, de casualidad, descubrieron el despropósito al comparar sus boletas: uno tiene un Chevrolet Cruze modelo 2024, valuado en $27.294.400 pesos. Pagó de Patente, por la primera cuota de este año, $126.527. El otro tiene un auto más económico: un Peugeot 208 modelo 2023, valuado en $22.800.000. Pagó un 80% más de Patente: $227.177. Si el titular se tomara el engorroso trabajo de ir a la esquina de 7 y 46, donde funciona la sede central de ARBA en la capital provincial, lo atenderá un empleado que le dirá lo que ya sospechaba: “debe estar mal”. ¿Y entonces? “Tiene que iniciar un expediente”. El agente impositivo lo hará acercarse al Box 5 y le entregará un instructivo de dos carillas para iniciar el “reclamo por valuación fiscal”. Deberá reunir una serie de documentos, iniciar el trámite y luego hacer el seguimiento por la web. ¿Cuánto puede demorar? “No hay plazos”. Podrá alegarse que “hay un error en unas pocas partidas”, pero la asimetría confirma que el esquema impositivo bonaerense está contaminado por incongruencias y desigualdades indescifrables. No hace falta ser tributarista ni experto en contabilidad para analizar boletas de ARBA y formularse más preguntas: ¿con qué criterio se establecen los montos del Inmobiliario y la Patente? ¿Hay una lógica razonable, sistemática y rigurosa? ¿O surge de cálculos arbitrarios y facturaciones «al voleo»? La sola duda genera inseguridad: si hubo un error en este caso, ¿en cuántos otros se equivocaron? ¿cuántos contribuyentes terminan pagando, sin darse cuenta, más de lo que les corresponde? La evidencia del error no habilita, sin embargo, a suspender el pago. Cualquier atraso en el cumplimiento costará carísimo: ARBA cobra intereses directamente usurarios por abonar fuera de término. Aplica un 8 por ciento mensual, que hace que los prestamistas de barrio parezcan sociedades de beneficencia al lado del ente recaudador. El castigo que implican esos punitorios remite a otra confusión de fondo: la provincia trata al deudor como si fuera un evasor. Las intimaciones y los embargos compulsivos dan cuenta de esa tergiversación.
Un auto más caro paga menos Patente
El monto del impuesto no se condice con la valuación del vehículo
La lupa de un simple contribuyente alcanza para detectar muchas otras distorsiones. Hay barrios privados en los que no se han aprobado las subdivisiones y entonces liquidan el Inmobiliario sobre el total de la tierra, con cuotas directamente impagables para los propietarios de módicas parcelas. Ya a los countries les cobran más caro por la sola presunción de que son urbanizaciones de lujo. Se trata de una política impositiva basada en una suerte de prejuicio clasista que ignora, además, la proliferación de barrios privados cada vez más accesibles para familias de clase media, con valores por metro cuadrado muy inferiores a los que rigen en zonas urbanas consolidadas. Se pueden observar, entonces, ejemplos extravagantes: una propiedad de más de 600 metros cuadrados en el casco urbano de La Plata tiene una cuota de Inmobiliario de $133.548, pero un terreno baldío en un pequeño barrio cerrado, sin club house ni instalaciones deportivas, paga por ese mismo gravamen una cuota de $241.649, casi el doble. Es un castigo a la “propiedad ociosa”, aunque en el “manotazo” caiga una pareja que llegó con mucho esfuerzo a comprar el lote, pero todavía no puede construir. Hay distorsiones todavía peores: un piso de categoría en el centro de la capital provincial paga de Inmobiliario solo $21.659, pero una casa sencilla en un club de campo suburbano paga cinco veces más por un aparente revalúo en zonas residenciales. La “base imponible” va para un lado; el sentido común va para el otro. La provincia parece estar al acecho, además, para “morder” de todos lados. El Estado bonaerense es el único de la Argentina que cobra el impuesto a la herencia, a pesar de que muchos especialistas coinciden en que se superpone con otros gravámenes patrimoniales. Como si fuera poco, los padres que decidan donarle a un hijo un pequeño capital para ayudarlo a comprar una vivienda o a montar un emprendimiento, deberán pagar una suerte de «impuesto a la generosidad» que también rige en la Provincia: todo cae bajo el paraguas del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (ITGB, según la kafkiana nomenclatura tributaria).
Arbitrariedades en el Impuesto Inmobiliario
El ejemplo corresponde a un piso de categoría en el centro de La Plata, con 200 metros cubiertos, y a un terreno baldío en un pequeño barrio privado de una zona suburbana, sin club house ni instalaciones deportivas
Con Ingresos Brutos, mientras tanto, la voracidad no tiene límites. Se cobra hasta por transferencias entre cuentas bancarias de un mismo titular. A veces son montos pequeños, de manera que se asimila a un “manotazo hormiga”. Así, el contribuyente desiste de cualquier reclamo o impugnación judicial: le demandaría más dinero, más tiempo y más energía que la que le lleva asimilar la mala sangre. Lo abusos impositivos muchas veces se amparan en la fatiga, la resignación y la impotencia del ciudadano común, que tendría que desatender su propio trabajo para dedicarse a reclamar por las exacciones arbitrarias del Estado. Tendría que lidiar, además, con una burocracia agotadora, en la que -como dice el escritor Juan Villoro- “todo suceso es posible, a condición de que sea molesto”. Podrían imaginarse acciones colectivas ante la Justicia, pero no existen, hasta donde se sabe, ONG’s u otras asociaciones civiles que representen a los sufridos contribuyentes. Por eso el ciudadano bonaerense se siente solo e indefenso frente a la maquinaria de ARBA. Ha habido demandas judiciales por los abusos en los countries, pero fueron reclamos aislados y no lograron prosperar. Este modelo de arbitrariedad y voracidad impositiva se ha expandido, además, a la escala municipal, donde el cobro de tasas sigue en muchos casos el patrón abusivo de la telaraña provincial. Si se mira el mapa de tributos municipales se observará también una disparidad inexplicable. En Pinamar, por ejemplo, se paga por Servicios Urbanos hasta cuatro veces más que en otras ciudades bonaerenses. A los comercios, muchos distritos del conurbano les cobran montos desproporcionados por Seguridad e Higiene. En San Fernando, por caso, una tienda puede llegar a pagar hasta 1000 millones de pesos anuales, con un aumento del 300% en 2024 con relación al año anterior. A las entidades financieras también las exprimen con tasas desorbitadas, lo que ha motivado reiterados reclamos de la Asociación de Bancos. Y a los productores rurales intentan esquilmarlos, como ocurrió en Azul, donde inventaron una tasa por “Servicios Esenciales”: era tan desmesurada que un juez ordenó reducirla a la mitad. A esto se suma, en muchos distritos, el discutido sistema de cobro que “engancha” la tasa municipal con las boletas de servicios; una manera de tomar al contribuyente de rehén: “si no le pagás al intendente, te quedás sin luz”.
Un impuesto sin lógica aparente
Ni el tamaño, ni la categoría de la propiedad determinan el monto de la tasa de Inmobiliario
De todas maneras, no solo de tasas e impuestos vive el Estado bonaerense. La gigantesca y vidriosa caja de las fotomultas viales también alimenta esa mezcla de voracidad con arbitrariedad. Hay tramos de la ruta 2 que, a pesar de ser una autovía de doble mano, fija como velocidad máxima los 60 kilómetros por hora: exige, así, disminuir la marcha de manera abrupta e ir casi a ritmo de maratonista. A un vehículo que circule a 76 kilómetros por hora (una marca más que prudente en una ruta de ese tipo) le llegará una multa por más de 200 mil pesos. La misma que le llegaría a uno que circule, con temeridad, a 190 kilómetros por hora. Otra vez: la incongruencia, la irrazonabilidad y lo arbitrario. Es la política de los “cazabobos”, que tanto existen en las rutas como en los débitos de ARBA. La elección desdoblada en la provincia tal vez ofrezca una oportunidad para debatir estos temas: ¿qué nos cobran? ¿en qué lo gastan? Son preguntas básicas y a la vez esenciales. Si no logramos responderlas, la provincia se seguirá hundiendo en un agujero negro donde todo es oscuro y discrecional.
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