El Estado debe estar con digitalización plena antes del 31 de agosto para avanzar en los trámites públicos.
El gobierno provincial se impone un plazo para la plena implementación de la gestión documental, con “firma digital”, en la totalidad de sus organismos. Esa concreción es central en el avance de la modernización del Estado y su posterior derivación en los trámites públicos, cuya aplicación está estimada para antes de finalizar el 2025.
Con el decreto N° 262, el gobernador Alberto Weretilneck fijó el 31 de agosto próximo como “fecha límite” para que “la totalidad de los actos administrativos” de la Provincia se cumpla con el “Ecosistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), con firma digital”.
Esta instrumentación -explica el ministro de Modernización, Milton Dumrauf- permitirá cumplir internamente con “todos los trámites administrativos, sin papel” aunque todavía no “podrá ser usado por ciudadanos, pero lo van a poder hacer antes de fin de año. Podrán hacer presentaciones y ver sus expedientes, lo cual, beneficia en términos de ahorro de costos y de tiempos. Y genera las bases para la disponibilidad la información de los trámites administrativos a otros sistemas”.
El sistema GDE es “la plataforma esencial para la gestión digital de trámites”, lo cual permitirá la “administración centralizada de documentos, comunicaciones oficiales y expedientes electrónicos”.
En los fundamentos de la norma, el mandatario recuerda que la generalización de la firma digital se había establecido para mediados del 2024, pero todavía no se completó aunque se destaca “el aumento significativo” del “número de nuevos usuarios incorporados al uso del sistema”, con la suba de “ la cantidad de documentos y expedientes generados”.
Explicó que ese incremento “provocó una creciente inestabilidad funcional del sistema” y se originó una “desaceleración en el proceso de implementación del GDE”, “hasta tanto se pudiera garantizar el regular funcionamiento del sistema”.
El atraso determinó la inestabilidad de Federico Lutz al frente de la cartera Modernización, por lo cual, renunció en enero pasado. Dumrauf siguió con el proyecto y así instruyó a Altec para que implemente el procedimiento de migración del sistema GDE a la nueva versión (Provincias 4) y se asegura que “la actualización ofrece una navegación más ágil, con mayor estabilidad en su funcionamiento y nuevas funcionalidades”.
El decreto no precisa que organismo no se incorporaron al sistema centralizado pero, según se conoció, son -entre otros menores- Educación y la obra social Ipross, con sus complejidades por el tamaño y dinámica.
Se admite que la inclusión de esa documentación duplicaría la cantidad de usuarios pero se confía en la operatividad porque los ensayos realizados funcionaron. “La actualización -indice la norma- ofrece una navegación más ágil, con mayor estabilidad en su funcionamiento y nuevas funcionalidades”, pero se requiere de “un espacio temporal para mitigar y solucionar las dificultades y adecuaciones de configuración que se presentan con la puesta en marcha”.
Aún la “fecha límite”, el decreto prevé que Modernización tiene “la posibilidad de otorgar una prórroga excepcional “ para los organismos que así lo soliciten por causa justificada y en la medida que se justifique”, y también dictar otra “norma complementaria o aclaratoria”