Es que la reciente serie de allanamientos a la empresa CECAITRA, principal operadora de fotomultas en la provincia de Buenos Aires, desató una crisis en torno a la validez de las infracciones emitidas por sus dispositivos, puesto que la investigación judicial sugiere que las cámaras utilizadas podrían carecer de la debida autorización, poniendo en duda la legalidad de las multas registradas.
Es preciso mencionar que esta situación ya posee un antecedente, el fallo del Juzgado de Faltas de La Plata en la causa de Cañuelas, donde se anularon otras miles de multas debido a irregularidades en la señalización y notificaciones defectuosas. En aquel caso, la Justicia determinó que las infracciones eran inválidas, estableciendo un precedente para situaciones similares.
En ese marco, ante esta incertidumbre, numerosos conductores decidieron no abonar las fotomultas hasta que se esclarezca su validez. Incluso, expertos en derecho vial aconsejan a los usuarios esperar nuevas indicaciones oficiales antes de efectuar cualquier pago, para evitar posibles perjuicios económicos derivados de sanciones que podrían ser declaradas nulas.
Que la Justicia resuelva
En Junín, consultado al respecto, el doctor José Luis Itoiz, señaló a Grupo La Verdad que “como abogado, a los clientes que me trasladan esta duda les digo que en principio no se paga, hasta que la Justicia resuelva la situación de cada una de esas infracciones y esas constataciones. Por lo que conozco a través de la información periodística evidentemente están todas viciadas de nulidad. Nada puede derivar válido de una constatación nula, esto en términos generales”.
El letrado agregó en el mismo orden que “nosotros tenemos la Ley Provincial de Tránsito, 13.927, y la Nacional que es la 24.449, que aparece impresa en las actas de constatación cuando nos notifican de las fotomultas. El acta, como todo acto jurídico, tiene que tener ciertas solemnidades para su validez. Y esas solemnidades no son cuestiones menores, sino imprescindibles”.
Además Itoiz advirtió que “la señalización horizontal y vertical en las rutas es fundamental para la validez de la constatación de la infracción. El objetivo de las cámaras de fotomultas es colaborar con la seguridad vial, no ser un cazador de infractores al solo efecto recaudatorio. En Junín hay un ejemplo claro: en Circunvalación (a la altura del puente peatonal) hay una cámara que cumple claramente los objetivos, funciona muy bien”.
Y amplió: “La Ley de Tránsito prevé algunas cuestiones para plantear, por ejemplo el artículo 79 de la Ley Nacional de Tránsito prevé el principio de la insignificancia o la intrascendencia, lo que quiere decir que cuando la falta no es grave los montos de las multas pueden ser reducidos hasta en un 70 por ciento. Del mismo modo se prevé la interjuridisccionalidad en el artículo 71, es decir cuando es constatada la infracción a más del 60 km del domicilio de uno se puede pedir que el expediente se remita al Juzgado de Faltas de su ciudad”.
Itoiz destacó asimismo la tarea realizada desde el Juzgado de Faltas de Junín a cargo de la doctora Emilia Schonfeld, señalando que “se trabaja de muy buen modo, se atienden todos los descargos”, mencionando a su vez que “hay otros juzgados de Faltas en la provincia de Buenos Aires a los que no les importa nada ni se atienen a la ley”.
Y despejó más dudas en la continuidad de la entrevista: “Nosotros en Junín tenemos una ordenanza que establece que no se puede obstaculizar el trámite de licencias de conducir por tener multas impagas, excepto la multa haya ya tenido sentencia”.
En el ojo de la tormenta
El ministro de Transporte, Martín Marinucci, enfrenta el desafío inmediato de revisar y, en su caso, anular las multas cuestionadas, además de implementar medidas que garanticen la legalidad y transparencia en el sistema de fotomultas.
Lo que sucede es que, la confianza pública en los mecanismos de control vial está en juego, tras el escándalo de las fotomultas, que tiene al ex ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, en el ojo de la tormenta. Por lo que es esencial que las autoridades actúen con rapidez y claridad para resolver esta crisis que afecta a miles de ciudadanos bonaerenses.
Vale recordar que el ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio fue imputado a principios de año por presunto lavado de dinero e irregularidades en la regulación del tránsito y la sanción de infracciones.
En efecto, la investigación contra D´Onofrio reveló que los dispositivos de fotomultas fueron instalados sin cumplir con los requisitos legales exigidos por el Ejecutivo bonaerense, lo que generó la emisión de infracciones de tránsito sin validez jurídica.
El mecanismo ilegal consistía en el cobro de multas a través de un circuito en el que participaban gestores, jueces de faltas provinciales y autoridades del Ministerio de Transporte. A cambio, los implicados recibían sobornos que oscilaban entre el 25 y el 50 por ciento del valor de las multas emitidas.
Según la investigación que se lleva adelante en La Plata, los fondos recaudados con las falsas fotomultas eran distribuidos entre funcionarios del Ministerio de Transporte y directivos de CECAITRA, consolidando así un esquema de corrupción institucionalizada que concluyó con la renuncia del ex massista.
Es preciso mencionar que, entre los funcionarios judiciales involucrados figuran Mario Quattrochi, ex titular de los Juzgados Provinciales de La Plata y San Isidro, Alicia Parente, jueza del Juzgado Provincial de Chivilcoy, Marcelo Peralta, juez del Juzgado Provincial de Mar del Plata, y Miriam Roldán, jueza del Juzgado Provincial de Merlo.
De acuerdo a la investigación realizada por la Fiscalía de La Plata, estos magistrados habrían garantizado la validez de las fotomultas ilegales y facilitado la recaudación de los fondos generados por la trama fraudulenta que tenía a D’Onofrio al frente.
Por su parte, las nuevas autoridades del Ministerio de Transporte bonaerense manifestaron su compromiso con la transparencia dentro de la causa y la cartera, y aseguraron que se implementarán nuevos controles para evitar la repetición de prácticas corruptas.
En tanto, la Fiscalía de La Plata continuará con la recolección de pruebas y no descarta nuevas detenciones en las próximas semanas. Por ahora, la causa sigue en desarrollo y se espera que en los próximos días surjan más detalles sobre la implicación de funcionarios y empresarios en la red de corrupción de las fotomultas.
