Las y los concejales huinculenses tienen el acuerdo para ser tratado y aprobado. Se encuentra en comisión. La cifra es casi el doble que en 2024.
Como ocurre cada año, desde 2010, el Ejecutivo debe acercar el monto por la tasa de Derecho de Inspección, Seguridad e Higiene que la compañía YPF debe abonar por sus instalaciones, que están ubicadas en el ejido urbano.
Tanto el intendente Claudio Larraza como el responsable del Complejo Industrial YPF en Plaza Huincul, firman el acuerdo, pero para que tenga validez, debe pasar por el Concejo Deliberante. Este martes, el proyecto tomó estado parlamentario y pasó a comisión, donde es evaluado y analizado.
Los términos del acuerdo indican que el pago sea de $430.050.000 en una sola cuota y con vencimiento a fines de marzo. El pasado 31 de diciembre de 2024 venció el certificado de libre de deuda que la comuna huinculense le otorga a la empresa YPF por lo acordado en la adenda de ese mismo año.
Ante esta situación es que el Ejecutivo encara las gestiones para determinar el nuevo valor de la tasa que regirá por todo este 2025. El año pasado, por este concepto, la empresa abonó $235 millones y se aprobó en mayoría simple por parte del Deliberante. Esto permitió su vigencia y aplicación hasta el último día de 2024.
Este año, se deberá esperar la postura que adopte cada uno de los bloques unipersonales que conforman la oposición porque Comunidad no cuenta con mayoría propia.
Además del presidente del cuerpo, Daniel Vidondo, el oficialismo suma a Liliana Gords; luego está Viviana Casado (Juntos por Plaza) que se encolumna detrás del bloque oficial.
Desde la oposición, en el bloque MPN están Gustavo Suárez y Marga Yunes; Fernando Doroschenco (Frente y la Participación Neuquina) y Sebastián Ávila (MID).
En la anterior adenda, la votación fue ajustada porque la respaldaron Vidondo, Gords, Casado y la emepenista Yunes. El voto en contra llegó de la mano de Doroschenco; Suárez y Ávila. Se espera que para la semana próxima surja el despacho de comisión para ser sometido a votación.
El convenio aclara que si no cuenta con el respaldo del legislativo, su aplicación queda sin efecto