La situación política del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, tras la elevación a juicio oral y público de la causa en su contra por presunto abuso sexual, se tensa en su distrito. Mientras la incomodidad se apodera de sectores del peronismo que aún no la expresan en público, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Concejo Deliberante prepara un proyecto para proponer que el jefe comunal se tome licencia hasta que se esclarezca el caso impulsado por su exsecretaria Melody Rakauskas.

“Pediremos que se tome licencia, o la suspensión preventiva hasta que la situación legal se aclare. Esperamos que los concejales opositores y también oficialistas nos acompañen. Es una facultad establecida en el artículo 247 de la Ley Orgánica de las Municipalidades”, afirmó a LA NACION la concejala Lorena Ramos, del bloque de LLA, que presentará la iniciativa en los próximos días. En caso de ser suspendido en forma preventiva, debería asumir en su reemplazo el primer concejal de la lista del jefe comunal (en el caso de Espinoza, sería Liliana Yambrún, presidenta del Concejo Deliberante).

La composición del Concejo Deliberante de La Matanza no propicia el avance de un proyecto como el de la bancada libertaria (tiene tres integrantes). De los 24 concejales del cuerpo, 13 responden a Espinoza, quien se mantiene en silencio luego de la decisión del juez Mariano Caunedo.

Para prosperar, un proyecto para suspender al intendente debe contar con respaldo de los dos tercios de los ediles. Luego, una comisión investigadora conformada por concejales de todos los bloques se abocaría al análisis del hecho, habría un período de defensa del intendente, un informe final de la comisión y, luego, una sesión especial en la que, para la suspensión, también son necesarios los dos tercios.

La próxima sesión del Concejo Deliberante matancero será el 15 de abril. Ante los ediles, en la apertura de sesiones que encabezó el 14 de marzo, Espinoza se había referido al caso por el que ahora irá a juicio. “Los ataques de 2024 fueron ataques como los que nunca tuve. Sufrimos falsas denuncias. Fueron ataques en los que ya la verdad salió a la luz y me pone muy feliz por mis hijos, que fueron los que más sufrieron”, afirmó el intendente en ese acto, realizado en el Centro Universitario de la Innovación (CUDI), en la localidad de González Catán.

El año pasado, cuando Espinoza quedó procesado en el caso denunciado por Rakauskas, la oposición había intentado avanzar con pedidos de licencia, que no lograron pasar el filtro del Concejo. El bloque de Juntos por el Cambio fue uno de los que había formalizado una presentación. El Frente de Izquierda había reclamado activar una comisión redactora de un protocolo para denuncias de violencia de género y un pedido para que se hicieran presentes en el Concejo las autoridades de la Secretaría de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades.

En el peronismo de La Matanza, la incomodidad crece. “Hay un revuelo impresionante y sectores del propio oficialismo pidiendo por la licencia. Hacia afuera, el espinozismo sigue planteando que no lo va a hacer”, afirmó una fuente justicialista local. “No corresponde [que se aparte del cargo]. Ni la Ley Orgánica de las Municipalidades ni los reglamentos lo dicen expresamente. Se requiere condena firme; aquí solo hay procesamiento y elevación a juicio. Este caso es un escándalo”, sostuvo un dirigente que conoce las internas del peronismo municipal.

En su artículo 248, la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que un intendente será destituido si tiene condena firme por un delito doloso, y suspendido de modo preventivo si sobre él recae una prisión preventiva. “Legalmente, no tiene por qué correrse. La Ley Orgánica de las Municipalidades lo avala hasta que tenga condena firme. Pero, moralmente, yo me apartaría para ser juzgado”, señaló Fernando Asencio, exconcejal peronista de La Matanza que fue también diputado nacional y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social.

Espinoza también enfrenta frentes locales que lo incomodan. Uno de ellos es la situación de los empleados municipales del área de salud, que reclaman con asambleas (activas desde noviembre del año pasado) la recomposición de sus salarios, que, según denuncian, son de $400.000. Mañana, reclamarán con una “movilización y ruidazo” en el Policlínico de San Justo. En un informe del Instituto de Estudios y Administración Local (Ideal), se puntualiza que el distrito gasta en salarios “apenas el 24% del presupuesto municipal, muy por debajo del promedio del conurbano”.