De acuerdo a denuncias que nos han llegado a nuestra Redacción, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, ha instrumentado un método de recaudación ilegal entre los vecinos de la capital que tienen sus calles asfaltadas.
Como todos sabemos, el cordón cuneta y el asfalto en los barrios, lo hace el municipio pero es pagado proporcionalmente por todos y cada uno de los vecinos.
Todo lo que sea mantenimiento, refacción (reasfaltado) o bacheo, debe ser afrontado por el municipio; para ello los frentistas pagan el ABL correspondiente, los impuestos y tasas respectivas que incluyen esas tareas de mantenimiento barrial de calles, recolección de residuo, alumbrado y limpieza.
El Intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, ha encontrado una forma de recaudar fondos, pero de manera ilegal, toda vez que a los vecinos de la ciudad que poseen calles asfaltadas en los distintos barrios, les llega una intimación a pagar deudas que oscilan entre los 600 mil y 800 mil pesos por el concepto “Cobro de re-pavimentación”.
La definición de “re-pavimentar” es señalada por “la acción tendiente a renovar y/o fortalecer las superficies viales”, es decir, que para que se pueda re-pavimentar, es condición necesaria que exista previamente una superficie pavimentada.
Si una calle está pavimentada, es porque, independientemente de quien haya hecho la obra, la misma ha sido pagada por todos y cada uno de los frentistas y habitantes de una cuadra.
Dicho esto y a partir de la calle pavimentada, es obligación de la municipalidad cuidar, arreglar y mantener ese asfalto; por esta razón cada vecino paga mensualmente sus impuestos. Lo que el municipio de Río Gallegos hace en las calles que ya tienen asfalto es colocar una pequeña carpeta de asfalto para tapar rajaduras, baches y depresiones, pero sobre el asfalto preexistente. Eso no es “re-asfaltado” sino arreglo del asfalto existente.
Grasso y la necesidad de recaudar
El Intendente Pablo Grasso ha emitido múltiples “informes de deudas” firmada por Fernanda Flores del Dpto de Recaudación, a vecinos de la ciudad que deben abonar al municipio por los arreglos de sus calles. Uno de los ejemplos prácticos lo tenemos con el domicilio particular del Ingeniero Eduardo Delía, a quien el intendente le pretende cobrar la suma de $ 676.786,53 y en la misma situación se encuentran los vecinos de la calle Munster.
OPI accedió al listado de 103 cuadras que figuran en el plan de pavimentación del municipio generado desde el mes de diciembre de 2023. Son 24 calles que allí se enumeran, con la cantidad de cuadras que el municipio (en ese momento) proyectaba asfaltar y a las cuales ahora les hace un “re-cobro” por mantenimiento de las mismas.Todas estas arterias de la ciudad que figuran en el documento, están incluídas dentro del cobro de su mantenimiento en los distintos barrios riogalleguenses.
Ilegal y cuestionable
En el Código Fiscal y la Ordenanza Tarifaria, se establece la posibilidad del cobro de “mejoras”, entendiéndose por “mejoras” al cambio, por ejemplo, de una nueva colectora cloacal o la realización del pavimento en calle de tierra.
Pero si en este concepto se basa la argumentación del intendente para gravar a los vecinos, es absolutamente ilegal. Una calle pavimentada está pagada por los frentistas y si se producen baches o si por problemas en las juntas de hormigón (por ejemplo), el pavimento se rompe, el municipio debe realizar bacheo, reparación y en algunos casos re- pavimentación con cargo a su presupuesto.
Esta repavimentación o bacheo está contemplada en las Ordenanzas como mantenimiento de la vía pública (barrido, limpieza y mantenimiento de la vía pública) por esta razón, al haber pagado el pavimento, el ABL y conservación en las respectivas tasas municipales, lo que hace el intendente Pablo Grasso es generar una doble y triple imposición.
Tal lo investigado y averiguado respecto de la normativa, ninguna Ordenanza municipal ni instrumento aprobado por el Concejo Deliberante, ordena, admite y establece el pago de un servicio de repavimentación a los vecinos de Río Gallegos.
Hasta ahora se desconoce la opinión de todos los Concejales, sobre el particular.
Amparos y denuncias
El Ingeniero Eduardo Delía, uno de los perjudicados e intimados por la municipalidad, junto con los vecinos del barrio, manifestó a esta Agencia que realizarán las presentaciones judiciales correspondientes e incentivan a otros vecinos de barrios alcanzados por la medida, para que se sumen a esta medida de resistencia a la voracidad recaudatoria del intendente Pablo Grasso, lo cual suma preocupación e impacta los bolsillos de los vecinos que ya han pagado y desde el municipio les meten la mano en sus bolsillos.Como si esto fuera poco, todos los comercios que están en los barrios afectados por esta medida y no abonen “la re-pavimentación” de su cuadra, se verán impedidos de renovar patentes comerciales y funcionar con atención al público, por esta deuda ilegal, creada por el intendente con necesidad de hacer caja y cobrar dos o tres veces un mismo servicio. (Agencia OPI Santa Cruz)