Especialistas de una fundación advirtieron que la provincia arrastra una historia de incumplimientos en la preservación de áreas boscosas.
Un estudio realizado por la Fundación de Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentable cuestionó el abandono y “la falta de prioridad” que otorga la provincia de Río Negro a la protección y preservación del bosque autóctono y advirtió sobre la exposición de ese recurso ante el avance de mega proyectos inmobiliarios.
El trabajo advierte que la falta de un “ordenamiento” de los bosques, con la cartografía correspondiente y los usos de suelo habilitados en cada zona, favorece la urbanización descontrolada y aumenta el riesgo de incendios, como los que afectaron en la última temporada a El Bolsón y al paraje El Manso.
El agrónomo con especialización en ciencias forestales Mariano Amoroso dijo que existe “una deuda enorme” del gobierno rionegrino en la regulación y el manejo de bosques, con ajuste a la ley nacional 26.631, llamada “de presupuestos mínimos”, que en realidad registra incumplimientos de diverso grado en todo el país.
Esa ley impone a cada jurisdicción la elaboración de un “ordenamiento territorial” de los bosques nativos, con un mapeo que categorice las zonas comprendidas con los colores rojo, amarillo y verde, en relación con el grado de conservación y las actividades permitidas en cada caso.
Ese ordenamiento debe ser actualizado cada 5 años, con relevamientos técnicos, procedimientos participativos y finalmente su aprobación por ley. Río Negro adeuda el suyo desde 2015. El último mapa de Bariloche (tomado como permanente) data de 2011 y deja en blanco algunas áreas críticas como el cerro Catedral, la península San Pedro y los faldeos del cerro Otto.
El estudio de la Fadehs será presentado el jueves en la Universidad Nacional de Río Negro y Amoroso será uno de los expositores.
Según el trabajo, solo las provincias de Santa Fe, Santa Cruz y Tierra del Fuego tienen sus ordenamientos de bosque actualizados y en vigencia. Otras registran distinto grado de atraso y Río Negro integra el lote más grande, el de las provincias sin actualización. Neuquén y Chubut también están en ese grupo.
“Discutir el mapa es poner sobre la mesa todos los intereses y conflictos que hay sobre los usos de la tierra. Y la ley manda discutirlo, no se puede postergar” dijo Amoroso, que es investigador del Conicet y del Instituto de Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo rural de la UNRN.
Incertidumbre sin fin
Entre otras conclusiones, el trabajo académico refiere que “la decisión política” de la provincia de Río Negro, como autoridad de aplicación de la ley de bosques “parece ser la de mantener la incertidumbre” sobre el tema a fin de “generar las condiciones para la aprobación de proyectos inmobiliarios en zonas boscosas de interfase” como ocurre en la periferia de Bariloche y en otras con predominio de bosque andino patagónico, “como el cerro Perito Moreno de El Bolsón”.
Observó que si bien el municipio de Bariloche no es autoridad de aplicación de la ley, tiene autonomía suficiente para “garantizar una adecuada protección y conservación de los bosques nativos de su jurisdicción”.
Cuestionó en ese sentido la reciente aprobación de importantes loteos y fraccionamientos en el cerro Otto, en áreas inventariadas “como tierras forestales y otras formaciones leñosas, con presencia de lenga, ciprés y ñire”.
Amoroso dijo que en el ámbito rural de toda la región andina hay propietarios productores que han presentado proyectos con el fin de acceder al financiamiento previsto en la ley de bosques para asesoramiento técnico y planes de manejo. Pero señaló que, con mínimas excepciones, “con mínimas excepciones, la plata nunca llegó”.
Consideró que “hay distintos niveles de fracaso”, pero la misma dejadez favorece la presión inmobiliaria en áreas urbanas. “El desgaste es muy fuerte y crece la desconfianza”, afirmó.
A juicio del experto, “esa falta de manejo junto al factor climático componen un cóctel” que agrava el riesgo de incendios, como los registrados las últimas semanas. Refirió que en Mallín Ahogado “el 60% de las viviendas afectadas tienen algún grado de irregularidad en el uso de la tierra, hay chacras parceladas sin plan alguno y así el riesgo es mucho más alto”.
El avance urbano
Amoroso explicó que así como en el norte del país los desmontes y la afectación del bosque se produce por la extensión de la frontera agrícola, en la región andino patagónica hay un fenómeno similar pero con origen en la urbanización creciente y la actividad turística.
Consultado sobre qué habría que hace en lo inmediato, Amoroso dijo que no se trata de prohibir sino de “limitar la expansión de los ejidos en zonas que no están preparadas”. Y si no, “adecuarlas antes” con el ordenamiento indicado por la ley. Dijo que lo contrario es “poner gente y más gente a vivir en cajas de fósforos”.
Observó que “hay personas que idealizan vivir en el bosque”, pero subrayó que si esa tendencia crece sin regulación los episodios de incendios devastadores “van a ser cada vez más frecuentes”. Consideró que la obligación de los gobiernos es asegurar “los recursos humanos y la presencia técnica para asistir”, encuadrar las actividades productivas en marcos adecuados y asegurar “el manejo sostenible”