¿Por qué el municipio tiene la ventaja de cobrar ilegalmente por un servicio que no presta o lo hace en forma deficiente? ¿Cuál es la defensa que tienen los vecinos? El Concejo Deliberante, metido en la rosca política, no tiene representación ciudadana.
Por: Escribe Andrés “Tato” Rissolo, especial para Semanario
Junín.- Los números de la administración Petrecca son sospechosos y la sospecha recae porque no se conocen, se retacean, se dibujan y también porque están fuera de la ley.
Las tasas que se cobran son abusivas porque se aumentan en forma escandalosa y además porque no tienen una contraprestación eficiente.
Los juninenses debemos pagar tributo en los combustibles que pagamos en el distrito a cambio de supuestas “obras” que no se llevan a cabo y cuya recaudación va a parar a “gastos generales” que incluyen publicidades engañosas de la gestión y pauta para los medios amigos.
El costo del alumbrado público posee una inequidad enorme ya que no se paga por frentista sino por consumo y no importa si se trata de una casa de 10 metros de frente o un edificio con ocho pisos de altura.
Pero no hay posibilidades de efectuar un reclamo al respecto, porque el cobro se hace a través de la factura de la luz y obviamente EDEN sólo recauda para el municipio y no entrará en esas disquisiciones. Entonces “no hay reclamo”, ni la posibilidad de rebeldía ya que de lo contrario cortarán la energía.
Lo mismo ocurre con el cobro por la tasa de seguridad, que es una cifra multimillonaria que debe destinarse a la mejora del servicio de policía local y sin embargo nunca faltan funcionarios que reclaman fondos al gobernador ¿En qué quedamos? ¿O es la provincia la que banca el servicio y la tasa es una estafa o es el municipio la que usa los fondos para seguridad destinándolos a una bicisenda o pagar a un artista? Por dar un par de ejemplos.
Hace poco Gas Junín “abrió el paraguas” y pasó a cobrar la tasa “ilegal” para el gobierno nacional, aparte; razón por la cual los vecinos debían ir a sus oficinas para abonarlas, dejando en claro que lo que se venía cobrando era irregular desde hace años según la nueva resolución gubernamental.
Lo insólito es que sigue siendo una estafa porque vecinos incautos abonan una tasa por obras de gas cuando las pagaron a través de un consorcio negociado con las sociedades de fomento.
Se trata de un verdadero desfalco por parte de un municipio que desde hace tiempo se viene aprovechando de los contribuyentes, al tiempo que cada vez le ofrece menor calidad de los servicios, tal como lo manifestábamos en nuestra edición anterior a través de nuestra nota de tapa “La ciudad de la mugre”.
TODO PÉSIMO
Justamente la polémica desatada por la falta de obras de mantenimiento en los caminos rurales dejó al descubierto la situación que enfrenta el municipio cuando debe cobrar una tasa por servicios de modo directo.
En primer término, no pone a disposición el total de fondos que recauda para esa esa tasa. En ese círculo vicioso los usuarios no la pagan. Resultado pésimo para todos. Los contribuyentes de endeudan y los caminos no se mejoran. El deterioro se hace cada vez mayor y llegamos al punto actual en el que el municipio ni siquiera tiene parque vial para llevar adelante las obras necesarias.
La improvisación está al máximo nivel por parte de la administración municipal ya que la morosidad de dicho tributo pasa el 65% y queda clara la situación de inoperancia.
Por el contrario, cuando las tasas las cobra de forma indirecta “pero ilegalmente”, se produce el saqueo porque la morosidad decrece pero las obras no se ejecutan y la contraprestación es mala.
Los ejemplos están a la vista en las calles, estén asfaltadas con tierra o dordón cuneta: no existe un mantenimiento básico; veredas destruidas, arbolado deteriorado, suciedad por donde se transite. La ciudad está literalmente abandonada.
EL GRAN ABUSO
En Junín desde hace décadas se cobran “todas” las tasas municipales fuera de lugar que ahora están en la picota por parte del gobierno libertario.
Desde la ya nombrada Tasa de Seguridad, hasta la que se aplica a los combustibles, servicios de protección ambiental y las de obras y mantenimiento para el gas.
Sin olvidar la de Seguridad e Higiene que el año pasado aumentó más del 400% lo que generó la ira de las grandes empresas ya que ellas fueron las apuntadas por Pablo Petrecca para sostener la economía municipal. Una economía que sin embargo, no realiza inversiones, pero siempre está abierta a criticar la falta de aportes tanto de Nación como de provincia y llamativamente, se muestra presta para malgastar, con el apoyo de los concejales obsecuentes, 1.800 millones de pesos para poner tierra sobre el fiasco que terminó siendo el paso bajo nivel que dejó al desnudo las miserias de la clase política juninense.
Lo insólito es que sigue siendo una estafa, porque vecinos incautos abonan una tasa por obras de gas cuando las pagaron a través de un consorcio negociado con las sociedades de fomento.
¿REBELDÍA MUNICIPAL?
Hace unos días, el juez a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo nro. 1 de San Martín, Oscar Alberto Papavero, rechazó la acción de amparo interpuesta por la Municipalidad de Tigre con el fin de que se declare la inconstitucionalidad de la resolución 267/2024.
Dicha resolución, dictada por el Poder Ejecutivo Nacional, impide que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios incluyan en su facturación, sumas o conceptos ajenos a los bienes o servicios respectivos. De esta manera, el municipio afectado no podría recaudar tasas municipales a través de las facturas de servicios públicos.
En consecuencia, el juez de grado consideró que la resolución cuestionada no se trata de un acto de autoridad pública manifiestamente arbitrario ni ilegal, requisito esencial para la procedencia de la acción de amparo. Sino que “fue emitido por una autoridad competente, en el marco de sus atribuciones, con suficiente fundamento en hechos que no han sido debidamente rebatidos y que justifican en forma razonable el temperamento allí adoptado”.
Tampoco, sostuvo el magistrado, “ha sido demostrada la lesión actual o inminente en los derechos del municipio actor, ya que no existe sustancial desconocimiento de su potestad tributaria y nada obsta que -con las previsiones temporales del caso- acuda a los habituales mecanismos de recaudación directa de las tasas municipales, o establezca aquellos que considere adecuados y convenientes, siempre resguardando los derechos de los administrados y/o consumidores.”
La ineficiencia es una marca del gobierno petrequista y no hay área que no la padezca, por eso esta discusión por el cobro de las tasas saben que la tienen perdida.
¿Y ARJUN?
En septiembre del año pasado, Petrecca puso en marcha ARJUN, la agencia de recaudación municipal para poder mejorar el cobro de tasas, pero no lo logró; por el contrario, arreciaron las críticas de quienes fueron censados.
El alcalde se encuentra frente a varios inconvenientes negativos. El mayor de ellos es que no brinda contraprestación por las tasas que cobra y le llueven las críticas y se incrementa la morosidad.
Además, la evidente falta de transparencia y planificación hace que cada vez sea menos creíble y las obras públicas un cúmulo de tareas paralizadas y fantasías por doquier. Las promesas incumplidas y los proyectos grandilocuentes sin ningún soporte, hacen que se sucedan como en un efecto dominó, los fracasos de la gestión.
La ineficiencia es una marca del gobierno petrequista y no hay área que no la padezca, por eso esta discusión por el cobro de las tasas saben que la tienen perdida.
De hecho, se evita que el debate llegue al Concejo deliberante. El intendente sigue manteniendo el apoyo de los dos concejales ex libertarios (Belén Veronelli y Juan Manuel Cornaglia) que sólo criticaron la “tasa vial” que se cobra con los combustibles, pero terminaron aprobando un aumento del 28% y más en el resto de los tributos a pesar de que no tienen una contraprestación efectiva. Sin embargo, se hicieron los desentendidos con el cobro ilegal en las facturas de otros servicios públicos.
De hecho, el referente de La Libertad Avanza en Junín, Alberto Pascual, celebró el fallo del juez federal de San Martín y sostuvo que “pone fin a una práctica que afectaba la claridad en la facturación y la libertad de elección de los ciudadanos. Continuaremos trabajando en defensa de la transparencia, el respeto a los derechos de los consumidores y la consolidación de políticas que garanticen un sistema justo y equitativo para todos”
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