Se trata de las comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.
De acuerdo a la información brindada por Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la decisión del máximo organismo internacional se ve encuadrada en la reciente creación, por parte de los gobiernos de las provincias de Salta y Jujuy, de la Comisión Interjurisdiccional para la Gestión Integral Ambiental de la Cuenca de Salinas Grandes.
Es decir, ambas provincias unieron recursos estatales para intentar avasallar los derechos de las comunidades indígenas que, en la actualidad, habitan en ese lugar. Su objetivo era realizar estudios hidrogeológicos y determinar la línea de base ambiental de dicha cuenca hídrica para la exploración y explotación del litio.
Lo que generó un enorme malestar, fue que, desde la gestión de Gustavo Sáenz y la de Carlos Sadir, no consultaron ni invitaron a las comunidades que habitan en el territorio de la cuenca a participar.
En este sentido, desde FARN aseguran que intentaron usar la conformación de esta Comisión para dar por cumplido, en parte, un reclamo realizado por las comunidades de Salinas Grandes y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que se encuentra en trámite desde 2019 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Finalmente, los gobiernos de Gustavo Sáenz y Carlos Sadir recurrieron al Banco Mundial para solicitar su intervención técnica. Dicha entidad, tras recibir una carta de parte de las comunidades, a través de la cual manifestaban sus preocupaciones y alertaban sobre la situación de conflicto y los numerosos reclamos aún pendientes de respuesta, decidió suspender los estudios hasta que se respeten los estándares internacionales de derechos indígenas.