En su Artículo segundo el proyecto apunta a autorizar al Poder Ejecutivo Provincial, Administración Central, Entes Autárquicos y Descentralizados, Empresas y Sociedades del Estado “a arbitrar todas las acciones, flexibilizar y/o agilizar procedimientos y dictar las medidas administrativas y legales que sean necesarias en tal sentido, a los fines de priorizar y salvaguardar responsablemente tanto las Concesiones cuya emergencia se declara, como así también los recursos hidrocarburíferos, las fuentes de trabajo de nuestros habitantes y la producción sostenida en dichas concesiones”.
Propone extender la Emergencia hasta el 31 de diciembre del 2025, con facultad otorgada al PE de prorrogar la misma por otro año. Luego, cierra el artículo cuarto señalando que la provincia lo hace en uso de las prerrogativas contenidas en el artículo 52 de la Constitución Provincial y agrega que “bregará en forma inclaudicable y persistente en la defensa de la producción sustentable de sus recursos hidrocarburíferos, el desarrollo social y el trabajo de todos los habitantes de la Provincia”.
El proyecto lo firman Fernando Españon, Santiago Aberastain, Claudia Barrientos, Piero Boffi y Javier Jara.
Para fundamentar el pedido hace historia entre la vinculación de YPF con Santa Cruz. En esos fundamentos remarcan “se torna imperioso declarar una situación de emergencia sobre las concesiones de hidrocarburos que YPF pretende cesar, de modo tal que con herramientas legales que aseguren transparencia y equidad pero que a la vez atiendan la urgencia de la situación, tengan como objetivo ordenar la transición y así, preservar nuestros recursos, nuestras finanzas y el bienestar de los habitantes de la Provincia”.
Antes no la vieron venir, ahora quieren manos libres
El texto de este proyecto pidiendo que se apruebe una facultad especial al Gobierno de la provincia (porque de eso se trata), para hacer lo que quiera con las áreas dejadas por YPF llega a destiempo, tarde, es reiterativo y entra en contradicción con el propio gobernador al que intentan brindar una herramienta para hacer lo que se le antoje en materia petrolera y cómo resolver el problema de la desocupación que se genera.
Que pidan una sesión extraordinaria para incluir este proyecto que el año 2024 los mismos diputados que hoy lo firman, se hicieron los desentendidos cuando fue presentado por el propio Españón (Vidal), es raro y convalida la versión de que es todo “un circo” con directa intención de dirigir el mensaje a los petroleros despedidos prodiciendo caída de ingresos y sin tratar el pasivo ambiental.
Pero además, si el oficialismo que tiene mayoría en la Cámara, dado que en el 2024 compró las manos de los diputados kirchneristas de Perito Moreno y Los Antiguos, logra aprobar el proyecto, el Gobernador quedará habilitado (precisamente por la Emergencia) a incorporar a la administración central a los petroleros desocupados que no pueda colocar en alguna de las operadoras y lo que hoy hace de manera ilegal en los municipios y reparticiones públicas, lo hará “legalmente”.
Esto se infiere de las competencias que le otorgarán al gobierno cuando difusamente y sin precisiones objetivas dice (repetimos el núcleo del proyecto destacado al principio) “a arbitrar todas las acciones, flexibilizar y/o agilizar procedimientos y dictar las medidas administrativas y legales que sean necesarias en tal sentido, a los fines de priorizar y salvaguardar responsablemente tanto las Concesiones cuya emergencia se declara, como así también los recursos hidrocarburíferos, las fuentes de trabajo de nuestros habitantes y la producción sostenida en dichas concesiones”.
Vidal pide ahora un “manos libres” que puede terminar en una acción política más discrecional aún, que la actual. Dependerá del enfoque de los diputados para saber si esto lo hacen para vender propaganda política o para blindar las consecuencias de un hecho que ellos mismos, no pudieron prever a tiempo. (Agencia OPI santa Cruz)