Se trata del Derecho de Comercialización sobre Producción Hortícola y Frutícola. «En lugar de acompañar al productor, le ponía más carga fiscal sobre los hombros», subrayó el intendente Bevilacqua.
En consonancia con lo que el presidente Javier Milei le está pidiendo a gobernadores e intendentes de todo el país, el municipio de Villarino dispuso la eliminación de la tasa por Derecho de Comercialización sobre Producción Hortícola y Frutícola.
El intendente Carlos Bevilacqua reconoció que, pese a que no está alineado políticamente con el gobierno nacional, la medida sí está en sintonía con «las ideas de desregulación económica que buscan reducir la carga tributaria a sectores clave de la economía».
«Este es un municipio de cuentas ordenadas y déficit cero. En este marco, nos permitimos eliminar esta tasa creada hace más de 10 años que no tiene contraprestación y que, en lugar de acompañar al productor, le ponía más carga fiscal sobre sus hombros», dijo el jefe comunal.
El proyecto fue enviado al CD para su tratamiento en enero, a fin de que pudiera ser tratado en sesiones extraordinarias.
Bevilacqua subrayó que la sostenibilidad fiscal de la municipalidad “no se encuentra comprometida por la derogación de este tributo”, mientras que las funciones de promoción productiva asumidas por el Ente Municipal de Promoción y Desarrollo de Villarino (Empromuv) “cuentan con fuentes de financiamiento alternativas que garantizan su operatividad”.
En tanto -remarcó- la eliminación de la tasa “representa un alivio fiscal para sector productivo local, que actualmente enfrenta desafíos significativos en términos de costos y competitividad”.
El jefe comunal aclaró que la propia Asociación de Productores Villarino Sur, en una comunicación formal, sugirió expresamente la posibilidad de derogar este tributo.
“Este planteo refleja una comprensión compartida de que el Derecho de Comercialización ha perdido su relevancia en el contexto actual y que su continuidad no resulta justificada ni eficiente desde el punto de vista administrativo ni económico”, recalcó.
Cambios
En los fundamentos del proyecto de ordenanza el Ejecutivo recordó que en el año 2010 el municipio de Villarino decidió afectar los recursos provenientes del Derecho de Comercialización de Productos Frutihortícolas a “generar recursos específicos para fomentar el desarrollo productivo local”.
El Convenio con la Asociación de Productores Villarino Sur (Aprovis) destinó parte de los fondos recaudados a “proyectos productivos, servicios de salud y gastos administrativos”.
“En aquel momento -se recordó- esta medida respondió a una necesidad concreta: la de fortalecer a los productores locales, mejorar su competitividad y garantizar la sostenibilidad de la producción frutihortícola en la región financiando proyectos ad-hoc”.
Sin embargo -advirtió- las circunstancias que justificaron la afectación de este derecho cambiaron de manera sustancial con la creación del Ente Municipal de Promoción y Desarrollo de Villarino (Empromuv), organismo que asumió el rol de “promover, planificar y gestionar políticas destinadas a la sanidad, la calidad y la producción regional, funciones que antes estaban parcialmente delegadas en el convenio con Aprovis”.
“A partir de la creación del Empromuv, los proyectos productivos financiados por el tributo pasaron a tramitarse exclusivamente a través de este ente municipal, dejando sin sustento el objetivo principal del convenio original”, se indicó.
En 2020 se derogó el convenio con Aprovis, y el cobro de la tasa pasó al Empromuv, aunque la asociación de productores continuó prestando el servicio de venta de estampillas, indispensable para la recaudación del tributo, hasta firmar un nuevo convenio.
“Este acuerdo nunca se materializó, y durante este período no se registraron avances significativos en los objetivos productivos que originalmente justificaron la existencia del derecho”, cerró Bevilacqua, por lo que ahora amerita eliminar la tasa.
“En virtud de todo lo expuesto, se concluye que la derogación del Derecho de Comercialización de Productos Frutihortícolas es una medida razonable, adecuada y oportuna. Esta decisión no solo responde a un análisis técnico y económico, sino también a los principios de equidad, eficiencia y transparencia que deben regir la gestión pública”, remarcó.
“Eliminar un tributo que ya no cumple con los fines para los que fue creado es un acto de responsabilidad política que fortalece la relación entre el Municipio y sus ciudadanos, y fomenta un entorno más favorable para el desarrollo productivo de la región”, concluyó