Productores alertan que recibieron boletas del Inmobiliario Rural con valores muy por encima de un tope que había fijado el gobierno provincial
Los productores agropecuarios de Córdoba comenzaron a recibir los cedulones del Impuesto Inmobiliario Rural con aumentos que, en algunos casos, superan el 220% respecto del año anterior, según dijeron. Aunque la Legislatura provincial aprobó un incremento del 189% en octubre pasado, algunos productores aseguraron que los montos finales son superiores. Ante esta situación, se convocó a una asamblea el próximo lunes en Río Cuarto con la presencia de dirigentes de la Mesa de Enlace local y la invitación a autoridades provinciales para explicar la base de los aumentos.
Desde el gobierno provincial aclararon a LA NACION que hubo un tope del 189% establecido por ley y acordado con la Mesa de Enlace cordobesa. Señalaron, en tanto, que por un decreto provincial se terminó estableciendo un 172,5%, ajustado según el Índice de Precios Mayoristas (IPIM). También resaltaron que, si es necesario, se aplicará un diferimiento a enero de 2026 por la diferencia entre el 172,5% y el 189%. Explicaron que la comparativa que tienen que hacer los productores es del impuesto bruto del año anterior y no del cálculo neto, por lo que va a dar el 172,5% puesto por decreto.
Recalcaron que aún persisten los descuentos por pago cumplidor (30%) y Buenas Prácticas Agropecuarias (5%), lo que reduciría la suba efectiva para quienes abonen en tiempo y forma. Aclararon que los equipos técnicos se reunieron en Río Cuarto con productores para responder consultas y evacuar dudas sobre el tributo.
Sin embargo, los productores denunciaron que el incremento real es superior al acordado y que, en muchos casos, los cálculos no coinciden con lo establecido por ley. Según estimaciones del sector, en algunos establecimientos rurales el incremento promedio es del 208%, aunque hay casos donde supera el 230%. A pesar de la buena relación entre los dirigentes rurales y el gobierno provincial, los productores consideran que el aumento es excesivo dado el contexto económico de la actividad agrícola. Recuerdan que el gobernador Martín Llaryora ha manifestado su apoyo a la producción agropecuaria y a la eliminación de las retenciones. “Los gobernadores [Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos] tomaron las retenciones como bandera, lo cual agradecemos, pero nos preguntamos por qué no hicieron estos reclamos antes”, expresó Heraldo Moyetta, presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto.
Usualmente, los productores de la provincia acceden a los beneficios mencionados si pagan antes del vencimiento, pero dicen que este año no los tienen. Los productores consideran contradictorio que un gobernador que dice apoyar al sector agropecuario apruebe subas impositivas de esta magnitud. “Ahí radica el enojo del campo. Siempre pedimos apoyo a la provincia y, con los precios de los granos en caída, el productor enfrenta un aumento mayor al esperado. Lejos estamos de quitarle presión al campo. El discurso público dista mucho de la realidad”, advirtió.
Si bien el gobierno provincial sostiene que dialoga con los dirigentes agropecuarios, lo cierto es que los productores perciben otra realidad. Según indicaron, las autoridades prefieren reunirse con representantes de Rentas de los municipios en lugar de hacerlo con los productores. “Estos gestos son señales políticas. Nuestro único interés es defender al productor agropecuario”, agregó Moyetta.
Los productores insistieron en que el monto a pagar no es el correcto y pidieron a la Mesa de Enlace provincial que gestione la continuidad de los beneficios del año pasado, en un contexto donde el gobierno provincial enfatiza su apoyo al sector.
Tras la llegada de los cedulones, dijeron que constataron que los cálculos eran erróneos, por lo que solicitaron una prórroga para evaluar los beneficios anteriores. Sin esos descuentos, el aumento asciende al 173%. “La propaganda política dice una cosa y la realidad otra”, resumieron.
Néstor Roulet, productor, advirtió que el vencimiento de los cedulones es el próximo lunes, lo que ha generado presión sobre los inquilinos de los campos para adelantar los pagos de alquiler. “El malestar es enorme, hay cedulones con aumentos superiores al 200%”, afirmó.
Según estimaciones de un productor de Marcos Juárez, si el año pasado un productor podía pagar el impuesto con un camión de soja, este año necesitaría cuatro camiones para cubrir el mismo tributo. “Eso genera un descontento enorme”, enfatizó.
Roulet, quien representa la Sociedad Rural de Canals en CARTEZ, confirmó que la entidad decidió apoyar la asamblea de Río Cuarto. Comentó que esta semana se reunieron con el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, y le solicitaron una prórroga para el pago. Finalmente, se resolvió que el impuesto podrá abonarse hasta mayo sin modificaciones en el monto. “Aun así, el productor desconfía”, sostuvo.
El año pasado, quienes pagaron en cuotas sufrieron una actualización de montos, mientras que aquellos que pagaron de contado accedieron a un descuento. Sin embargo, actualmente, al intentar realizar el pago online, el descuento no se aplica.
Desde la dirigencia rural de Cartez les informaron que cualquier monto abonado de más se descontará del pago del próximo año. Hasta el momento, se han registrado unos 3000 pagos. “Algunos pagan para no atrasarse, mientras que otros, que alquilan sus campos, se ven presionados por los propietarios para adelantar los alquileres”, concluyó.
En diálogo con LA NACION, Busso destacó que los recursos del impuesto inmobiliario rural no se destinan a rentas generales, sino que el 98% de lo recaudado se asigna a un fondo agropecuario administrado por el Banco de la Provincia, junto con la Mesa de Enlace y el gobierno provincial. Estos fondos se utilizan para el mantenimiento de 57.000 kilómetros de caminos rurales mediante 280 consorcios de productores, quienes reciben financiamiento mensual para mejorar la red vial. “Si bien la ley establecía un ajuste del 189%, el decreto fijó el tope en 172,5%, con posibilidad de diferir la diferencia a 2026. En ese momento, se evaluará la situación del sector para determinar si corresponde cobrarlo o no”, aclaró el ministro.
Convocatoria
Ante estos aumentos, la Rural de Río Cuarto convocó a todos los productores agropecuarios a una asamblea en su sede el próximo lunes, a las 18. Asimismo, invitó al gobernador de Córdoba a asistir para que conozca de primera mano el descontento generalizado y sus causas. “Es también una oportunidad para que el gobierno provincial se acerque y escuche, a través del testimonio de los mismos productores, la realidad que enfrentan y las dificultades que les impiden desarrollar su actividad de manera eficiente y con beneficios para toda la sociedad”, expresaron desde la entidad.
Los dirigentes de la Rural de Río Cuarto reconocen que hasta ahora no han logrado transmitir eficazmente los reclamos del sector, muchos de los cuales llevan tiempo sin respuesta. Por ello, consideran que esta asamblea será un espacio clave para que los productores expongan sus inquietudes directamente ante los funcionarios responsables de tomar decisiones.
