El Gobierno promocionó la minería, pero ahora pone a prueba su rol de control para exigir que un proyecto de explotación se haga como corresponde.
Para el Gobierno que lidera Alfredo Cornejo es una prueba potente. Tendrá que ocupar un rol distinto al que está acostumbrado en la política minera. Un rol mucho más acorde a la responsabilidad real que tiene como organismo de control y no tanto como ocurrió con el Distrito Minero Malargüe Occidental, donde el Estado estaba en todos los lados del mostrador. Con San Jorge deberá activar fuertemente los mecanismos para exigir que las cosas se hagan bien, que en minería para Mendoza es un músculo casi inexistente, pues no se ha hecho minería metalífera.
Las últimas experiencias no son buenas, por cierto: desde el desastre dejado por la CNEA en Sierra Pintada, hasta la falta de control de las canteras. En 2024 el Estado ejercitó su rol de promotor: se unificó todo en el Ministerio de Energía, se bajó de rango y se le quitó independencia a la Secretaría de Ambiente, la empresa Impulsa Mendoza jugó el doble rol de empresa-estado, respondiendo siempre al cuarto piso de Casa de Gobierno. Con un perfil mucho más humilde, desde Ambiente se reforzaron algunas oficinas, pero siempre de manera subordinada. El control minero en Mendoza es compartido entre la Dirección específica y la Dirección de Protección Ambiental. Además, hay otros anticuerpos que abren el juego a la participación ciudadana, que ahora serán puestos a prueba nuevamente con San Jorge.
Es la política
Los matices políticos del análisis del plan para extraer cobre son interesantes. En 2011 la Legislatura rechazó por unanimidad el proyecto. Los principales impulsores del bochazo eran los legisladores de la UCR, que tenían detrás el incipiente liderazgo de Cornejo, que aún era compartido, de manera tensa, con Roberto Iglesias y otros radicales. Pero en el recinto las espadas del rechazo a la explotación minera en Uspallata eran, por ejemplo, Tadeo García Zalazar, actual ministro de Cornejo, y hasta Luis Petri, actual ministro de Defensa de Javier Milei.
San Jorge había obtenido la Declaración de Impacto Ambiental por parte del Poder Ejecutivo, con Celso Jaque como gobernador, pero con una larga lista de condicionantes y tras una audiencia pública que fue muy negativa. Hubo una fuerte presión en la Legislatura y la UCR tomó las “banderas” de los antimineros para promocionar el rechazo. La 7722 se activó fuertemente, pero no tanto por su espíritu de ley “defensora del agua”, sino por el control de la política sobre el tema: la UCR logró entones lo que hoy como oficialismo busca amenguar.
En los informes sectoriales la Universidad Nacional de Cuyo había sido muy crítica del proyecto San Jorge y hasta cuestionaba el uso del xantato como elemento para el proceso de flotación porque, según figura en el informe, algunos subproductos que surgían podían ser igual de peligrosos que las sustancias prohibidas por la ley. La misma 7722 hoy tiene menos peso, pues la Corte Suprema de la Nación anuló una parte clave de la norma que se prestaba a dudas: la ley original prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y “otras sustancias tóxicas similares” en la minería. Esa falta de nominación determinada como “otras sustancias”, fue declarada inconstitucional por la Corte, por lo que se entienden que no hay otras sustancias prohibidas.
Reaparición
San Jorge hizo varios intentos, con otros accionistas, por volver a ser analizado; incluido el extraño proyecto de montar un tren hacia San Juan para que el mineral se procese en esa provincia. Por norma, cada 2 años los proyectos mineros deben actualizar su DIA, pero San Jorge no lo había hecho. Ahora cambió de accionistas y avanza. La intención estuvo siempre latente: que el Distrito Minero Malargüe se “lleve la marca”, que se logre un discurso positivo sobre la actividad minera, un consenso mayor sobre la necesidad de esa actividad y, en paralelo, activar la minería en zonas que tienen alto potencial probado; particularmente Uspallata. Puertas afuera de Mendoza esperaban esa señal: consideran que la provincia no es “creíble” como destino minero si solo se restringe a una zona.
Los tiempos de análisis para ejecutar un plan de extracción no son cortos. En San Juan, por ejemplo, llevan años los trabajos de evaluación ambiental. San Jorge cuenta con algunas ventajas logísticas, pero aún así deben volver a evaluar la disponibilidad de agua, energía y otros insumos críticos. Por eso mismo desde la Mesa del Cobre y desde la Cámara de Empresarios Mineros veían a San Jorge entre los proyectos de cobre ponderados, junto a gigantes como Josemaría, Taca Taca, Pachón, Los Azules y Mara. Con una inversión relativamente baja (algo más de 500 millones de dólares) el proyecto mendocino tiene más viabilidad. La duda era si había aval para ejecutarlo.
La ley 7722 es una ley emblemática, pero tiene una relevancia mucho menor a la que se le atribuye como «protectora» del ambiente, pues es tan específica que obvia riesgos mayores a la propia actividad minera. Por eso, por ejemplo, Mendoza tiene gravísimos problemas en el agua por la actividad petrolera, por el abandono y falta de control de otras industrias (como las de la carne, la química, el agro y, sobre todo, la falta de saneamiento.
Como se esperaba, el relanzamiento de San Jorge trajo el debate por la minería al Gran Mendoza, donde la presión es distinta. Los hechos ocurridos en Uspallata, donde hubo manifestaciones en contra, provocaciones cruzadas y violencia, son un contraejemplo de la madurez que necesita el debate minero. Violentar un acto de promoción de la actividad, llevar a un gremio como fuerza de choque, acusarse y distorsionar discursos son metodologías que atrasan y ya hicieron fracasar a Mendoza.
Es real y legítimo que haya antimieneros, personas, organizaciones, dirigentes que se oponen a la actividad. También grupos que exigen, legítimamente, garantías para que una actividad de alto impacto se haga bien. También es legítimo la promoción, la motivación de la actividad minera; que empresas, gobiernos y organizaciones gremiales empresarias lo promuevan. La convivencia democrática, la búsqueda de mejoras debería ser lo que reine