La Policía Ambiental Minera está facultada para inspeccionar tanto labores subterráneas como superficiales, incluyendo equipos, maquinarias, plantas de beneficio y transporte de minerales.
Objetivos de los controles de la Policía Ambiental Minera
La Policía Ambiental Minera está facultada para inspeccionar tanto labores subterráneas como superficiales, incluyendo equipos, maquinarias, plantas de beneficio y transporte de minerales. Entre sus funciones se destacan:
- Detección y remediación de irregularidades: se identifican condiciones inseguras para las personas y el ambiente y se ordena su corrección inmediata.
- Verificación documental y cumplimiento normativo: se controla que la actividad minera respete las Declaraciones Juradas de Producción (DJP), Guías de Transporte de Minerales (CTM), Declaraciones de Buenas Prácticas (DJBP) e Informes de Impacto Ambiental (IIA), entre otros.
- Fomento de buenas prácticas: se promueve la mejora continua en calidad, seguridad laboral y protección ambiental.
Más inspecciones en minería
En el marco del plan de acción para 2025, la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental implementan tecnología avanzada para mejorar las inspecciones, incluyendo software de gestión, instrumental especializado y sistemas de vigilancia con salidas permanentes de los inspectores de la PAM.
Asimismo, se inspeccionarán proyectos de exploración y producción, incluyendo el Proyecto PRC, plantas de tratamiento, minas de tercera y segunda categoría, acopios de minerales y se controlará el cumplimiento de las guías de transporte. También se reforzará la plantilla de inspectores y se crearán delegaciones en alta montaña, Valle de Uco y un registro de infractores.
Atribuciones de la Policía Ambiental Minera
Los inspectores de la Policía Ambiental Minera, debidamente identificados con uniforme y acreditación, tienen libre acceso a todas las instalaciones mineras para supervisar el cumplimiento de las normativas ambientales, de seguridad e higiene. Además, pueden levantar actas, imponer sanciones y, en caso de resistencia, solicitar el auxilio de la fuerza pública.
Las sanciones aplicables incluyen apercibimientos, multas, suspensiones, inhabilitaciones o clausuras, buscando generar un efecto disuasivo ante incumplimientos. La Ley Impositiva 2025 establece severas penalizaciones económicas para quienes no cumplan con las Declaraciones de Impacto Ambiental y demás normativas mineras y ambientales.
Con estos controles, Mendoza reafirma su compromiso con una minería sostenible, transparente y alineada con los estándares nacionales e internacionales de calidad y protección ambiental. LOS ANDES