El Gobierno autorizó la cesión de áreas maduras del bloque Mendoza Norte desde YPF a Petróleos Sudamericanos. Pero lo hizo con condicionantes. Inversiones, pasivos ambientales y empleo son las dudas.
El Gobierno dio un paso clave en la reestructuración de la política petrolera al darle luz verde al traspaso de las áreas maduras del grupo «Mendoza Norte» desde YPF a Petróleos Sudamericanos. Es un cambio «resiliente», pues lo había decidido la propia petrolera estatal, empresa de la que Mendoza tiene una alta dependencia y que de a poco se retira de esa parte relevante de la industria. Las áreas involucradas son emblemáticas por su historia, por la dimensión que tienen (casi 4 mil kilómetros cuadrados), por el petróleo que producían y también por los pasivos ambientales que se generaron en casi un siglo y que aún aparecen. Las áreas en cuestión son Barrancas, Vizcacheras, La Ventana, Mesa Verde, Ceferino y Río Tunuyán, todas en la cuenca Cuyana.
La habilitación del Gobierno al cambio de manos aún no es completa porque hay un período de transición de 4 meses en el que se deben terminar de cumplir algunos requisitos. Hay decisiones claves y algunas dudas sobre el futuro de esas áreas: la prorroga de las concesiones, el cumplimiento de las inversiones prometidas por YPF, la remediación y saneamiento de los pasivos ambientales y el destino de los empleados de YPF y las empresas prestadoras de servicios son algunas de esas dudas.
En la propia resolución en la que se autoriza la cesión, el Gobierno dejó constancia que YPF no ha cumplido con la presentación de toda la documentación requerida y, además, hacen hincapié en las responsabilidades compartidas de manera solidaria por los pasivos ambientales existentes y los que pudieran aparecer. Por eso el proceso aún no está cerrado. Incluso hay otro dato que podría incomodar más. Las áreas están por vencerse y serán prorrogadas, pues sin esa condición no tiene viabilidad la transferencia. Pero la propia YPF tenía inversiones y compromisos adquiridos en las dos etapas previas de esos permisos: la concesión original dada por el Estado nacional y la prórroga firmada por el Gobierno de la provincia en 2011, cuando la empresa aún era privada.
Abandono y resiliencia
La petrolera estatal YPF dejó de lado las áreas petroleras que no eran prioritarias para su plan de desarrollo y comenzó un proceso para cederlas a otras empresas. Su foco está en las inversiones para desarrollar Vaca Muerta y Mendoza es la provincia donde se sintió mayor impacto, pues la mayoría de sus yacimientos son maduros. Para más, la Provincia tiene una alta dependencia de YPF por la gran concentración que hay (o había) en la cantidad de concesiones petroleras en manos de esa empresa. El Plan Andes, como se bautizó el programa de abandono y transferencia de áreas, incluyó tres clúster o grupos de áreas. Hasta ahora fueron aprobadas dos cesiones: las de Llancanelo, que fueron a manos de Petroquímica Comodoro Rivadavia, y las del clúster norte, que irán a Petróleos Sudamericanos.
La idea de YPF coincide con la visión del Gobierno de Alfredo Cornejo, quien consideraba que «YPF ya se había retirado» de las áreas por la falta de inversión real en los últimos años. La intención es que las empresas herederas pongan foco en mantener y mejorar la producción. No es sencillo: las áreas son maduras y requieren otro tratamiento. Incluso en algunas, como Barrancas, se extrae hasta u n 97% de agua y solo 3% de petróleo.
Las negociaciones más duras entre el Gobierno y las petroleras tuviero que ver con el plan de inversiones a futuro para garantizar que mejore el desempaño de las áreas respecto a lo que hacía YPF. Barrancas ocupa una superficie mayor a todo el área metropolitana del Gran Mendoza. La actividad petrolera en la zona tiene más de 70 años y de lo que se extrae el 95% es agua. Aún así, es una de las que más produce en la provincia, con 27.809 metros cúbicos de petróleo, es decir 176 mil barriles mensuales.
Una larga historia
Las concesiones fueron otorgadas originalmente por el Estado nacional, pero prorrogadas por Mendoza cuando ya tenía pleno dominio de los recursos. YPF había prometido inversiones multimillonarias en 2011, cuando fueron prorrogadas por 10 años todas las concesiones que ahora pasarán a Petróleos Sudamericanos. El contrato rubricado por Francisco Pérez (que era Ministro), Celso Jaque y Sebastián Eskenazi, como representante de la petrolera, prometía inversiones por más de 4 mil millones de dólares, monto exento de pagos como regalías e impuestos. «La Empresa se compromete a ejecutar hasta la fecha de vencimiento de las concesiones un plan de trabajo global que se compondrá de gastos operativos e inversiones que incluirán, tareas de exploración, desarrollo de reservas de petróleo y gas natural, la construcción de instalaciones de producción, de acondicionamiento, de separación y transporte de hidrocarburos, saneamiento y mantenimiento ambiental, por un monto total de u$s 4.113.000.000», dice el convenio.
El acuerdo está condicionado y así lo hizo saber el gobierno porque consideraron que «resulta necesario obtener todas las garantías para que los nuevos titulares ejecuten regularmente sus trabajos e inversiones y a los fines de propender a la seguridad jurídica». Allí mismo es donde explican que «YPF S.A. no ha cumplido con la entrega a la Autoridad de Aplicación Provincial de la totalidad de la información» necesaria.
Petróleos Sudamericanos heredará los activos, incluido el oleoducto que lleva el crudo hacia la refinería de Luján de Cuyo. Pero también los compromisos. Pero YPF no queda exenta de responsabilidades y allí entra en juego un tema clave: los pasivos ambientales. En el acuerdo se dejó constancia que la petrolera estatal queda como responsable solidaria ante problemas ambientales que puedan surgir. «En cuanto a saneamiento de pasivo ambientales, y abandono de pozos no abandonados, sea que estén en producción, en estudio o inactivos, resulta conveniente y un deber legal, mantener en la concesionaria que generó los pasivos (visibles u ocultos al momento de la cesión) y quien lo ha perforado o explotado – la cedente- la responsabilidad solidaria de cedente y cesionaria, respecto a su deber de saneamiento de pasivos y abandono de pozos», dice la resolución. «La Provincia reserva la responsabilidad solidaria de la cedente, respecto de la obligación de abandono definitivo de pozos perforados o explotados por la cedente, y de saneamiento de pasivos ambientales (visibles u ocultos) generados por la actividad desarrollada por la cedente, con anterioridad a la cesión», agrega.
Desde que se anunció el Plan Andes, YPF hizo un abandono de hecho de las áreas y gran parte de las empresas prestadoras de servicios y sus trabajadores quedaron en pausa. Hubo un acuerdo de «paz social» por el cual se mantuvieron los pagos de salarios, pero no las actividades. Con la cesión, ese plan se deja de lado y podría haber una fuerte reestructuración del personal y las empresas. Ese impacto, que en la industria era esperable, es otro de los temas a resolver.
Para Mendoza es relevante lo que ocurra porque está en pleno proceso de reenfoque de la industria. La altísima dependencia de YPF generaba problemas. Ahora, por ejemplo, esa petrolera se quedará solo con las áreas que considera de interés, como la recuperación terciaria en Chachahuén y un proyecto clave: el piloto sobre la formación Vaca Muerta, tema que es seguido de cerca por el Gobierno y otras empresas que de manera satelital evalúan el resultado de esa prueba. Para 2025 se espera la segunda etapa de desarrollo. Antes, explican, es clave resolver la transferencia de áreas marginales