El crimen organizado amenaza el control territorial del Estado

Director: Sergio Romero

El comercio en negro, la ocupación ilegal de espacios físicos y el afianzamiento de sistemas de economía de subsistencia permiten la filtración del crimen organizado en todas sus versiones.

Para los países con elevado poder adquisitivo, el ingreso de drogas altamente refinadas es un grave problema de seguridad interna frente al que fracasó la estrategia de «guerra al narcotráfico» declarada por Estados Unidos en Colombia y para todos los países productores de droga en la región.

El narcotráfico es, básicamente, un problema de seguridad interior que se debe afrontar detectando el ingreso de estupefacientes por vía aérea, que se realiza utilizando pistas clandestinas, a las que es posible detectar con inversión y uso de drones y radares. Es imprescindible robustecer la seguridad para impedir la avanzada de organizaciones narco criminales originadas en Colombia, Venezuela y Brasil especialmente, convertidas en verdaderos ejércitos paralelos y que ejercen presión constante sobre nuestros países.

Pero al mismo tiempo, controlando con eficiencia y transparencia la hidrovía – hoy un área apetecible por distintas fracciones políticas – y desbaratando paso a paso el lavado de dinero, que solo es posible con la complicidad de funcionarios, magistrados, profesionales, empresarios y financieras. Las luchas territoriales, los crímenes a cargo de sicarios y la formación de pequeñas bandas de marginales que terminan siendo carne de cañón configuran el escenario de sangre y violencia que, con diversos matices, se observa en enclaves estratégicos, como el conurbano bonaerense, Rosario y, en la última década, en el norte salteño.

La droga es un producto que cuenta con un mercado global, con distintas escalas de poder adquisitivo, y que deja a su paso secuelas dramáticas. Eso no se va a resolver de la noche a la mañana ni con diatribas, sobreactuaciones o abusos brutales de autoridad como los que se registran en El Salvador.

Los hechos de violencia que, en los barrios populares o en las áreas rurales, genera el narcomenudeo requieren, justamente, presencia del Estado no solo con fuerzas de seguridad idóneas e incorruptibles, sino, fundamentalmente, con políticas de desarrollo productivo, que reemplacen a las producciones de supervivencia, con una estrategia educativa realista, que abarque mucho más que la mera construcción de aulas, sino que contemple el futuro laboral y social de los niños y adolescentes. También, con presencia sanitaria preventiva y asistencial, servicios básicos e infraestructura indispensable para el transporte.

El crimen organizado amenaza el control territorial del Estado
Ese es el reclamo de todos los barrios populares de la provincia de Salta y es la expectativa de las comunidades rurales. En las muchas visitas que hizo Patricia Bullrich a nuestra provincia en sus dos gestiones, siempre recalcó que con jóvenes sin formación y sin trabajo, será imposible neutralizar el tráfico de drogas que se realiza en motos o a caballo en los cientos de kilómetros de frontera permeable.
El alambrado de Aguas Blancas es un ordenador, pero de ninguna manera una discriminación contra el pueblo boliviano. El control territorial y el desarrollo humano son dos desafíos que deben ser compartidos con Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil. Ese es el principio fundacional del Norte Grande, el Zicosur y el proyecto de corredor bioceánico.

El desafío de sacar a Latinoamérica como la región con peores índices de criminalidad del mundo es muy grande y de largo plazo. Debe ser desideologizado y afrontado con políticas de Estado serias, compartidas por los gobiernos, la dirigencia política, empresarios y la comunidad. Es arduo, pero es el único camino

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