El planteo surge por parte de vecinos autoconvocados y el reclamo llegó hasta Nación.
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El referente de los vecinos, Germán Martinelli, aseguró que la tasa en cuestión tiene que ver con la que establece la Ley I-26, o la ex 1098.
Se trata de una tasa provincial a partir de la emergencia en los servicios que se cobra para cubrir el déficit operativo de las cooperativas del interior.
Según explicó Martinelli hasta 2024 venía funcionando de forma regular, aunque a partir de este año habría dejado de tener legislación, al no haberse prorrogado la Ley de Emergencia de los servicios públicos.
Ante ello, sostuvo que el cobro que están haciendo las principales prestadoras es ilegal desde enero.
La denuncia la elevaron ante la Secretaría de Comercio de Nación, ya que el órgano también había dispuesto vía Resolución que se dejaran de cobrar tasas municipales o provinciales dentro de la factura de los servicios públicos.
Martinelli reflexionó que “las cinco grandes cooperativas están todas endeudadas con Cammesa y es ilógico que colaboren las cooperativas del interior”.
Expresó que además se está solicitando una devolución de la facturación que se ha hecho en el primer mes de este año