
El relevamiento fue realizado por Fundación Ruido y Poder Ciudadano con apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y de la Fundación Federalismo y Libertad.
La información relevada se buscó de forma exclusiva en los sitios web oficiales de los gobiernos y no se tomó información de otras fuentes, salvo excepciones como la del ítem de Presupuesto, que a veces suele estar publicado en las páginas de los poderes legislativos provinciales.
Una de las principales limitaciones del relevamiento es que lo consignado fue la existencia, visibilidad y accesibilidad de herramientas de transparencia, pero no su efectivo cumplimiento por parte de las actuales administraciones provinciales. Un ejemplo: se da por válido el ítem de declaraciones juradas cuando éstas pueden hallarse en un sitio oficial, pero no se puede saber si esos listados son reales o meros rellenos con datos intrascendentes, como sucede en muchos casos en los que los bienes consignados tienen precios irrisorios si se los compara con los del mercado. Otro ejemplo es que hay provincias que suman puntos por poseer un organismo específico para atender pedidos de acceso a la información, pero no se pudo saber en este relevamiento el nivel de cumplimiento y efectividad en las respuestas.
Los indicadores relevados se distribuyeron en tres categorías. En «Ética Pública» se consultó la existencia de una ley de Ética pública, las declaraciones juradas, acceso a empleo público, nepotismo y corrupción. En «Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas», se analizaron los Boletines Oficiales, Portales de Transparencia, Acceso a la Información y relación con la prensa; y en «Presupuesto, Compras y Contrataciones» se relevaron Portales de Compras, Pauta publicitaria oficial y Presupuestos.
Hallazgos curiosos
En Formosa, por ejemplo, el Boletín Oficial no es accesible online, sino que en su sitio se publica un listado de precios relativo a lo que cuesta publicar o acceder a aquél de manera anual. Formosa es, además, junto a San Juan, Santiago y Tucumán de las provincias en las que no es posible acceder de manera online al Presupuesto provincial.
Otro elemento destacable es que ninguno de los 24 distritos nacionales posee registros de viajes, de reuniones o de regalos recibidos y/o realizados por gobernadores. En el caso del Poder Ejecutivo Nacional, es obligatorio registrar estos tres ítems, gracias a los cuales se pueden chequear datos o reuniones fundamentales para ejercer el control ciudadano de la gestión de autoridades.
En cuanto a las declaraciones juradas, si bien 22 provincias poseen algún tipo de norma que obliga a gobernadores y otras autoridades a presentar la declaración jurada de bienes, solo ocho distritos efectivamente las muestran y las mantienen accesibles al público: CABA, Chaco, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa y Mendoza. En el caso de Catamarca, la declaración jurada debe presentarse en sobre cerrado y lacrado ante el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales. El mes pasado se conoció la del gobernador Raúl Jalil, quien accedió voluntariamente a compartírsela al portal de noticias TN. Allí precisó un patrimonio de 1.200.003.998 pesos.
En ninguna provincia ni en CABA es posible acceder a un listado completo y actualizado de todo el personal que trabaja en la Administración Pública que depende de los Ejecutivos provinciales. De esta manera, resulta muy difícil saber con exactitud cuánta gente emplea una gestión, quiénes son y qué cargos ocupan. El criterio de relevamiento de este índice ni siquiera incluyó la remuneración que recibe cada persona empleada, para evitar caer en el debate sobre la privacidad de los datos