La municipalidad de Iglesia expropió el terreno en el que funciona una antena clave para Barrick, pero el costo lo pagará la provincia

La municipalidad de Iglesia, que conduce Jorge Espejo, dio un paso a favor de la empresa minera Barrick. Ante la inminente posibilidad de que por un conflicto judicial con un privado, la empresa pierda una antena, la que es clave para la comunicación de la firma, la comuna decidió expropiar el predio donde está instalada, en el Cerro Coronel. Lo hizo a través de una ordenanza que fue publicada ayer en el Boletín Oficial, por lo que el procedimiento de apropiación del inmueble, a través de una declaración de utilidad pública, quedó efectivo. La expropiación también contempla el camino de acceso necesario para llegar a las instalaciones, por lo que, en total, completan 55 hectáreas. Según un informe del Tribunal de Tasaciones, el costo de los predios asciende a poco más de 7.500.000 pesos, con una particularidad, no será cancelado por el municipio, ya que, gracias a un Acuerdo Marco de Mutua Colaboración, será afrontado por la provincia.

La polémica y el conflicto con la denominada Antena Coronel, ubicada en el Cerro Coronel, surgió a mediados de año, cuando la Sala I de la Cámara Civil, con un fallo firmado por los jueces Carlos Fernández Collado, Abel Soria y Elena De la Torre, decidió revocar una sentencia de primera instancia. En esa resolución original, la empresa minera fue condenada a pagar una multa de un millón de dólares, a modo de compensación, porque la antena de comunicación estaba asentada en el terreno de un privado. La firma había indicado lo contrario, ya que sostiene que cuenta con una servidumbre minera para la utilización de la antena. Los camaristas quitaron la multa millonaria, pero ratificaron que los equipos están instalados en inmueble de un particular.

Con esas sentencias en mano, los dueños del predio estaban en condiciones de disponer de sus terrenos, esto es, quitar la antena, lo que hubiera ocasionado un perjuicio para la empresa Barrick, ya que los equipos permiten brindar comunicación al principal emprendimiento minero de la provincia: Veladero. Ante esa situación, los abogados de la compañía presentaron un recurso ante la Corte de Justicia, tribunal que accedió al planteo y definió suspender los efectos de las sentencia anteriores, por lo que los privados no podrán quitar la estructura hasta que se defina el planteo judicial de fondo.

La inminente resolución y la posibilidad real de que privados ganen el pleito judicial, lo que los habilitaría a quitar la antena, fue el fundamento principal para que la municipalidad de Iglesia avanzara con la expropiación del predio. Incluso, así lo expusieron en los fundamentos de la ordenanza cuando indicaron que “el desmantelamiento de las antenas de referencia del terreno… traería aparejado irreparables daños y perjuicios para las comunidades y economía del Departamento, toda vez que son miles los empleados, proveedores, contratistas y comercios locales que dependen de dicha explotación minera y de los servicios de comunicación, lo que justifica con creces las razones de utilidad pública para la expropiación”, la parcela ubicada en Iglesia, ya que gran parte del predio, pertenece a Ullum.

Fuentes calificadas indicaron que, con la ordenanza correspondiente y el decreto municipal publicado en el Boletín Oficial, la expropiación es un hecho por lo que ya integra los bienes de la comuna, aunque sólo resta hacer el trámite de inscripción en el Registro Inmobiliario. A su vez, sobre el monto a pagar a los privados, 7.509.300 pesos por 55 hectáreas, si no hay acuerdo entre las partes, será motivo de un juicio de expropiación en el que un juez deberá determinar el valor correspondiente del inmueble. Lo que no estará en discusión, es que el predio ya es de Iglesia.

Más allá de las particularidades del caso, a las fuentes consultadas les llamó la atención que no será Iglesia la que pague el costo de la expropiación y el eventual juicio, ya que, gracias a un “Acta  Complementaria de Acuerdo Marco de Mutua Colaboración” entre el municipio y la provincia, firmado el 18 de septiembre pasado, un mes después de la sentencia de la Sala I, la gestión actual se “compromete a financiar todos los gastos administrativos y judiciales que demande la expropiación”.

Lo llamativo es que en la ordenanza, Iglesia sostiene que tiene fondos para afrontar los gastos de la expropiación, pero que, por el acta firmada, lo hará la provincia. No es lo único, ya que el Ejecutivo provincial también “se compromete a llevar adelante y tramitar procesalmente el o los juicios de expropiación correspondientes a través de los abogados de Fiscalía de Estado, gestionando a través de ese organismo, la firma del convenio que resulte necesario hasta lograr la definitiva inscripción de la fracción del inmueble expropiados a nombre del dominio de la Municipalidad de Iglesia”. Esto implica que la tarea legal, tampoco estará en manos de la comuna cordillerana, sino que estará a cargo a través de los abogados de la provincia.

Un punto clave que sirvió como fundamento para la expropiación fue que, además de la antena de Barrick, en el Cerro Coronel también funcionan otras estructuras como una antena de Gendarmería Nacional, Defensa Civil, una estación del Inpres, de Telefónica y hasta la de la empresa de televisión de Canal 8.