El oficialismo está próximo a conseguir que el Senado apruebe el proyecto de las 34 Declaraciones de Impacto Ambiental del Distrito Minero Occidental en Malargüe. Previo a eso, los presidentes de los bloques deben coordinar este lunes, en labor parlamentaria, el orden del día de la sesión del próximo martes. En principio, sólo se trataría el proyecto MDMO.
Por otro lado, el proyecto que “está en duda“, según expresaron desde Cambia Mendoza, es el de la disolución del Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS), que ya cuenta con despacho de comisiones. El tratamiento pasaría para la sesión del martes 19 de noviembre.
En cuanto al Distrito Minero, que ya tiene media sanción en Diputados, el Ejecutivo necesita el aval legislativo para que las empresas mineras puedan comenzar con sus tareas exploratorias en el departamento más austral de la provincia. En la Dirección de Minería, a cargo de Jerónimo Shantal, confían en que los trabajos podrían comenzar en el primer bimestre de 2025.
Luego de haber conseguido el dictamen en comisiones, Shantal dio precisiones sobre los próximos pasos administrativos una vez que el proyecto se convierta en ley. Una vez culminados estos procedimientos, las empresas mineras podrán iniciar la exploración.
“Una vez que el proyecto sea ratificado y se promulgue la ley, los permisos de exploración tendrán una vigencia de 30 días para que se inicien los trabajos y las empresas presenten el programa y el cronograma de tareas. Estas son algunas de las 220 obligaciones que debe cumplir cada proyecto”, manifestó el funcionario.
En el Senado, Cambia Mendoza cuenta con 19 representantes, por lo que tiene los votos necesarios para aprobar la iniciativa. Además, el bloque del PRO que forma parte de La Unión Mendocina también acompañará la medida. A estos se suman Armando Magiestretti, del Partido Demócrata, y Marcos Quattrini, de la Coalición Cívica.
Quien votaría en contra es Flavia Manoni, de Compromiso Federal, aunque forma parte del interbloque de LUM. Otro que tampoco acompañará el proyecto es Dugar Chappel, del Partido Verde.
Por su parte, en el peronismo la intención es que sus 10 senadores voten en conjunto, y hasta el momento continúan “conversando” internamente sobre cómo se presentarán en el recinto. Pero, al igual que sucedió en Diputados, al menos tres legisladores votarán en contra o se abstendrán de la votación.
Disolución del EPAS
La intención del Ejecutivo de disolver el Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS), organismo encargado de controlar a Aguas y Saneamiento de Mendoza (AYSAM), responde a una “reestructuración administrativa” del Estado provincial.
En el proyecto, el Gobierno propone delegar las facultades del EPAS al Departamento General de Irrigación y a la propia AYSAM. Si bien el organismo encabezado por Sergio Marinelli asumirá gran parte de las funciones, la empresa estatal presidida por Humberto Mingorance también heredará facultades que han generado preocupaciones en la oposición.
Tanto en el peronismo como en La Unión Mendocina han puesto el foco en los artículos 25 y 46 del proyecto, que establecen que AYSAM asumirá la prestación de los servicios que las cooperativas de agua no puedan realizar en sus respectivos territorios. Además, la empresa estatal actuará como intermediaria en materia de financiamiento para los operadores de gestión comunitaria.
El peronismo ya adelantó que sus 10 senadores votarán en contra de la iniciativa y expresaron dudas sobre si AYSAM podrá abastecer a todos los usuarios de las cooperativas cuando éstas no puedan prestar los servicios. También temen por la estabilidad financiera de la empresa.
El espacio político liderado por Omar De Marchi, qué todavía no decide como votará, también cuestiona si la empresa dirigida por Mingorance podrá solventar financieramente a las cooperativas cada vez que estas intenten realizar algún tipo de inversión, ya sea en obras o en maquinarias.
Por otro lado, en LUM criticaron la continuidad de la tasa de servicios que financia gran parte del EPAS, que pasará a estar bajo la supervisión de Irrigación. Este impuesto recauda alrededor de 1.400 millones de pesos anuales. La propuesta del bloque opositor es eliminar dicha tasa