Pero lo que más hace ruido es que mientras no hay respuesta salarial, el gobierno busca que Diputados le apruebe operar en el mercado financiero, porque Santa Cruz tiene exceso de liquidez mientras tanto no ha definido aún, una política salarial clara y concreta para los empleados públicos.
Los estatales por debajo de la línea de pobreza, la Educación, la Salud, las Cajas (De Previsión Social y Servicios Sociales), solo por referirnos a los items más destacados y abordados en sus discursos, han sido los sectores donde se encendieron las mayores expectativas públicas que redirigieron el voto al novel partido provincial, pero casi a un año de gestión son esos mismos sectores los que no observan un cambio sustancial en el mejoramiento de su situación salarial y laboral.
Por este motivo hoy el clima gremial se ha enrarecido en Santa Cruz. Los gremios estatales (APAP, UPCN), Luz y Fuerza, ATE y la Policía, no están conformes con los magros aumentos negociados en paritarias y el sector docente, presididos por ADOSAC y AMET, captan un clima enrarecido, similar al que vivían con Alicia y comenzaron a plantear paros, por cuanto entienden que el gobierno provincial vuelve a las nuevas recetas del engaño discursivo, los argumentos económicos-financieros que planteaba el kirchnerismo y sostienen que nada de lo prometido por Claudio Vidal en campaña lo ha cumplido, a pesar de los grandes discursos de cambio y las principales acciones en materia de transformación edilicia y de infraestructura en las escuelas.
Y particularmente con el sector docente, Vidal tiene otro problema: la conducción provincial del gremio ha cambiado en las urnas y desde enero del próximo año accionará la izquierda política, con menos capacidad dialoguista y más propensos a instalar el conflicto mediante la presión a través de los paros y exteriorización de esos conflictos en la calle con marchas y manifestaciones.
Los problemas de la Caja de Previsión, comienzan a horadar la relación del gobierno con el sector pasivo. Las últimas medidas con relación a la devolución de Ganancias no fue la adecuada; la quita de más de 6.000 medicamentos del vademecum de la CSS; la administración altamente cuestionada de la Obra social de la provincia, son sólo algunos problemas que no se resuelven y en algunos casos, se tienden a magnificar. Y a todo esto se debe agregar las consecuencias de los recortes y despidos del gobierno nacional en organismos del Estado nacional (AFIP, RNPA, Universidades, etc).
Si a lo planteado le sumamos un clima social inestable y la política provincial en pleno reacomodamiento (PJ, UCR, FPV, SER, CC-ARI, EC, PRO, LLA), hace necesario que el gobernador Vidal haga un cambio de estrategia para encarar el próximo año sin una acumulación de conflictos que pueden complicarse en diciembre, fecha muy sensible para los trabajadores que no reciben un salario acorde a sus necesidades y seguramente, propondrán un inicio de año 2025 conflictivo, en las puertas de una elección legislativa clave.
La salida del PJ residual, del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, conformando un nuevo frente político, más la subsistencia del kirchnerismo encabezado en la provincia por Pablo Grasso, parte el escenario en tres y le deja al gobernador más claro el horizonte político en Santa Cruz, especialmente a la hora de elegir oponentes o tejer alianzas, pero el SER no ha podido construir consenso propio, sino que, como MIlei y la LLA a nivel nacional, depende de decisiones de muchos extrapartidarios y de actores importantes de otros sectores políticos, incluyendo los que han colaborado para que llegue a la Gobernación.
Por esta razón, el Gobernador no puede descuidar el frente sindical, del cual proviene, conoce y no es ajeno a las estrategias propias de este sector, en materia salarial. No hacerlo, interrumpir el diálogo o plantear un monólogo unidireccional, como lo hace el Intendente del SER en Caleta Olivia con los empleados municipales, es comprarse un conflicto ineludible e interminable, teniendo en cuenta los tres años que le quedan por delante de mandato al gobierno de la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)