La usurpación de terreros para construir asentamientos precarios es un problema que se ha agravado en los últimos años en toda la Argentina. Los informes semestrales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmaron el avance que la pobreza y la indigencia han tenido en el país. En el caso mendocino, las últimas cifras presentadas informó que en el Gran Mendoza, 145.326 personas se encuentran dentro de la línea de indigencia, parámetro de extrema vulnerabilidad.

Este contexto económico empuja a una gran cantidad de ciudadanos a caer en “situación de calle”, factor que funcionarios de los distintos departamentos describieron como clave para entender la decisión de individuos y familias enteras de usurpar terrenos.

Para conocer el estado en el que se encuentran los municipios que conforman el área metropolitana mendocina, El Sol consultó a funcionarios y representantes de las seis comunas del Gran Mendoza.

La realidad de cada departamento

  • Maipú

Desde el departamento de Maipú detallaron que la comuna ha tenido pocos casos en los últimos 5 años. Sin embargo, el más reciente sobre un intento frustrado de usurpación de terrenos ocurrió en este municipio el 29 de agosto en los terrenos del ferrocarril, ubicados en Rodeo del Medio, cerca del Parque Ortega. En este hecho, policías actuaron y desalojaron a un grupo de personas antes de que se asentaran en el lugar.

Además, explicaron que Maipú está conformado por zonas urbanas y productivas (campo), lo que dificulta el asentamiento de personas, ya que estos se producen mayoritariamente en terrenos “ociosos”.

  • Ciudad de Mendoza

La situación de la capital provincial es distinta a los demás departamentos, debido justamente a la conformación del territorio, el que casi en su totalidad está compuesto por zonas urbanas ya ocupadas.

Desde la comuna informaron que este es un municipio chico y ampliamente urbanizado. Por este motivo, aseguraron que la Ciudad de Mendoza casi no se ve afectada por la toma de terrenos.

  • Godoy Cruz

El caso godoicruceño es similar al de la Ciudad de Mendoza. Florencia Santoni, secretaría de Desarrollo Social, explicó cómo es la situación: “Hace ocho años que no se registran nuevos casos“. Sin embargo, en varias ocasiones sí han detectado piquetes en reclamo por demoras en la construcción de viviendas prometidas.

  • Guaymallén

Actualmente, en Guaymallén existen cinco asentamientos, ubicados en Colonia Segovia, Villa Nueva y Jesús Nazareno, entre otros.

El último de estos hechos de usurpación se produjo en la casa del fallecido homicida Nicolás Gil Pereg, más conocido como el Hombre gato, cuando 15 familias se asentaron en el inmueble en el que este asesinó y enterró a su madre y a una tía. Finalmente, las familias fueron desalojadas por las fuerzas del orden.

Otro caso relevante en este departamento fue la conversión de un asentamiento masivo en barrio popular 17 de abril, ubicado en el distrito de El Bermejo. En este, aproximadamente 70 familias fueron ratificadas en el terreno que habían usurpado por medio de una expropiación efectuada por el Gobierno nacional en 2022, a través del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP)

Según se comentó desde el gobierno guaymallino, el manejo de estas situaciones tiene un costo político “importante”.

  • Luján de Cuyo

Este departamento cuenta también con varios asentamientos registrados. Sin embargo, se describió que estos ocurren en terrenos chicos y no sobrepasan a las 3 familias asentadas.

Para hacer frente a esta situación, informaron que interviene el área de Desarrollo Humano, la que realiza para tratar de brindar alguna solución o asistencia a los sujetos involucrados.

Según informó el subsecretario de Relaciones Comunidad de Luján de Cuyo, Darío Tello, últimamente se han provocado intentos de usurpaciones nuevas, principalmente en el Bajo Luján, pero se han podido controlar.

  • Las Heras

Sin lugar a dudas, el departamento más afectado por esta problemática es el de Las Heras. Según explicó Aldo Sáez, director de Desarrollo Social, “es un problema que viene desde muchos años atrás“, y que se agrava con cada crisis económica.

Algunas de las situaciones que se desprenden de la toma de terrenos en Las Heras son: la instalación de cientos de personas en un asentamiento, donde consiguen la instalación de servicios y la creación de un mercado inmobiliario en estos terrenos, ya que se venden y alquilan estas viviendas irregulares.

Desde la comuna tienen constancia de que estos asentamientos se instalan principalmente en terrenos estatales, pero también se llegan a presentar en otras zonas, muchas veces movilizados a ubicarse en terrenos relacionados con su trabajo (informal), como pueden ser los que se asientan en los terrenos de basurales.

Además, se explicó que en estos se suele armar una “matriz cultural muy fuerte“, lo que complica aún más las tareas de desalojo y reorganización de esta gente.

Aunque complicados, en estos lugares se llevan a cabo controles de operativos para resguardar la salud de las personas asentadas, principalmente en niños. Esto debido a que en muchos casos las condiciones de salubridad suelen ser muy precarias, lo que supone un constante peligro para la salud.

Según enumeró el funcionario, los motivos por los que este departamento es el que más presenta estos casos son los siguientes:

Primero, se destacó la gran extensión geográfica, factor que comparte con Lujan de Cuyo, que lleva lógicamente a que haya más terrenos “vulnerables” para los asentamientos.

Sáez explicó que Las Heras es el departamento más pobre del Gran Mendoza, factor que, como se explicó antes, está fuertemente conectado con esta problemática. Por último, indicó que en este departamento históricamente no se han aplicado políticas más firmes para la erradicación de los asentamientos, como si se dictaron en otros.

Este último factor fue descrito como la máxima causa del problema, donde el director de Desarrollo Social comparó la situación en Las Heras con las políticas aplicadas durante décadas en Godoy Cruz y la Ciudad de Mendoza.

Sobre estas se destacó que en estos dos municipios se implementaron normas más duras en contra de las usurpaciones, principalmente los godoicruceños. A partir de esta valoración, la administración lasherina busca tomar a estos como ejemplo, ya que entienden que con años de trabajo en esta dirección se puede revertir la situación.

Cómo se aplica la intervención estatal

Para hacer frente a estos casos, los gobiernos municipales tienen un accionar similar, donde la forma de actuar depende de la propiedad de estos terrenos, es decir, si son públicos o privados:

En el caso de que el terreno pertenezca al Estado, los funcionarios intentan disuadir la situación, en caso de que no sean capaces de esto, se comienza un proceso legal, donde se efectuará una denuncia en la Fiscalía correspondiente.

Por otro lado, si estos pertenecen a un privado, los municipios se limitan a verificar quién es el dueño del terreno y le notifican la situación, ya que es este quien debe presentar la denuncia ante la Justicia.

Intervención del IPV

Según señalaron, desde los distintos departamentos se insta a las personas en situación de calle, o en otras vulnerabilidades, a formar uniones vecinales para tramitar la entrega de materiales de construcción u otras ayudas por medio del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

El IPV lleva años ofreciendo ayudas para las personas que se encuentran en este tipo de extrema vulnerabilidad, como es el programa “Mejoro mi casa“, donde se ofrece un préstamo al 100% con devolución de hasta 30 años, para mejorar las viviendas de personas en situación de hacinamiento o precariedad.

Sin embargo, desde este ente provincial se aseguró que la baja en el financiamiento proveniente del Gobierno nacional atenta contra el seguimiento de iniciativas, principalmente las que nacieron desde Buenos Aires.

Según comentaron desde el IPV, el futuro de los trabajos de obra pública en el que están relacionados es incierto hasta que se les comunique el presupuesto nuevo, con el que aun así posiblemente deberán reconfigurar su accionar en la provincia