«El análisis satelital y de campo llevado a cabo por el equipo del Instituto Geográfico Nacional y efectivos de Gendarmería Nacional permitió identificar extensiones de tierras cultivadas dentro del territorio nacional, sin la presencia de registros legales de migración o aduana que justificaran tales actividades», concluye un informe que Gendarmería elevó a la cartera de Seguridad de la Nación, el pasado fin de semana, y a partir del cual la ministra Patricia Bullrich dispuso el despliegue de un Comando Unificado de fuerzas federales en la banda del río Grande de Tarija. La Fiscalía Federal de Orán ya requirió incautaciones.
«Quiero agradecer a la ministra Bullrich, por su respuesta ante los atropellos que nuestro pueblo ha venido sufriendo por parte de cañeros de Bermejo que usurparon, desmontaron y llenaron de plantaciones ilegales estas tierras», manifestó ayer Natali Vázquez, cacique ava guaraní, tras recordar que las primeras denuncias en ese aislado y olvidado borde fronterizo se remontan hasta los tiempos de su padre.
La situación de aislamiento y desprotección de la zona fue remarcada en el informe que recibió la ministra Bullrich, tras las inspecciones iniciadas el pasado viernes. «La complejidad del terreno y la falta de recursos especializados para demarcar con precisión los límites fronterizos, sumado al irregular curso del río, exigieron un estudio meticuloso que involucró tanto la interpretación de imágenes satelitales como las coordenadas GPS obtenidas por los equipos de campo. Sin embargo, la información recabada fue suficiente para confirmar la violación del territorio argentino», se reportó desde el Escuadrón 20 de Orán.
En una denuncia que se presentó el pasado 13 de septiembre y recayó en la Fiscalía Federal de Orán se advirtió que en la zona ya se desmontaron alrededor de 2.500 hectáreas en una docena de catastros del departamento San Martín, desde las cuales en la última zafra se cruzaron en contrabando a un ingenio de Tarija unas 150.000 toneladas de caña de azúcar.
Años después, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) denunció que cañeros bermejeños encabezados por Horacio Cruz Castro, avanzaban con usurpaciones, desmontes y plantaciones ilegales desde las que corrían a originarios con machetes y armas de fuego. El INAI pidió al entonces ministro de Defensa, Agustín Rossi, una urgente intervención, sin respuestas.
Pruebas lapidarias de la usurpación
En en 2021, el líder de los cañeros bermejeños denunció a Natalí Vásquez y otros originarios aba guaraní por supuestas turbaciones en «Isla Valle Dorado», un fundo del que se decía dueño en suelos ribereños de Bolivia y que eran otros que los de El Trementinal (General Mosconi). En 2023, el INRA, un instituto depediente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia informó la Fiscalía interviniente que el dominio que se adjudicaba Horacio Cruz Castro era «inexistente». Más categórica aún fue la Cancillería boliviana, al advertir a la Fiscalía tarijeña que las coordenadas que dio Cruz Castro de la isla de la que se decía dueño eran, en realidad, «territorio argentino». Cruz fue notificado de ese dictamen del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia en enero último. Todo esto, de lo que dio cuenta El Tribuno en tres informes publicados la semana anterior, tuvo ahora una ratificación oficial del gobierno argentino