
El intendente busca que se convalide el decreto con el que reasignó partidas para pagar la deuda con Provincia y municipalizar el complejo.
El gobierno de Guillermo Montenegro trasladó parte del debate por la municipalización de Punta Mogotes al Concejo Deliberante: esta semana elevó un proyecto de ordenanza para obtener la convalidación del decreto mediante el cual dispuso la reasignación de partidas para pagar la deuda con lo que busca pasar a administrar el complejo, a pesar del rechazo de la Provincia.
Mientras la polémica sigue abierta entre el gobierno municipal y el de Axel Kicillof, a partir de ahora el debate en torno al futuro del complejo arquitectónico de Punta Mogotes también volverá al cuerpo deliberativo de Mar del Plata: la convalidación debe ser debatida en las comisiones de Legislación y Hacienda antes de llegar a sesión.
Concretamente, el intendente Guillermo Montenegro elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que en caso de aprobarse -hecho que seguramente sucederá ya que el oficialismo cuenta con mayoría automática- convalidará el decreto 2077/2024 mediante el cual, por un lado, se autorizó a la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda a realizar las gestiones necesarias para pagar la deuda con la Provincia que impide que el complejo sea íntegramente municipal y, por el otro, se dispuso la reasignación de partidas del presupuesto vigente para saldar esa deuda.
Al respecto, el gobierno local envió una carta documento a fines de agosto a la Provincia en la que intimó a Kicillof a aceptar ese pago advirtiéndole que, de no hacerlo, judicializaría el conflicto. El gobierno bonaerense, sin embargo, respondió con el rechazo del pago al argumentar un conflicto de jurisdicción respecto a la deuda: afirman que la Municipalidad no tiene montos por cancelar y que, en cambio, sí los tiene la Administración Punta Mogotes integrada por representantes de ambos gobiernos aunque con acciones mayoritarias de la Provincia.
Y fue a pesar de ese rechazo que el intendente firmó en septiembre el decreto mediante el cual se asigna la modificación presupuestaria correspondiente para realizar la “consignación judicial de la deuda”. Por las implicancias administrativas de ese pago no contemplado en el presupuesto, el mismo debe ser refrendado por el Concejo Deliberante, y es por eso que se espera que empiece a ser tratado en los próximos días.
El decreto, además de modificar los artículos 83 y 86 de la Ordenanza Complementaria del Presupuesto 2024, también autoriza a la Secretaría a cargo de Mauro Martinelli a realizar “todas las actuaciones judiciales y extrajudiciales necesarias para cumplir con lo instruido”, denuncia el convenio suscripto con la Provincia en febrero de 1984 y avala que se realicen las gestiones necesarias para concretar el cambio de jurisdicción en favor de la Municipalidad.
No obstante, una de las tantas polémicas al respecto podría pasar por la suma calculada por las áreas legales del Municipio a partir de la cual el gobierno local planea cancelar sus obligaciones: fue estimada en 14 millones de pesos, aunque el decreto también habla de un “importe inferior y/o superior” que pudiera desprenderse del ajuste de la misma.
La deuda, específicamente, proviene de la construcción del complejo: fue en 1979, es decir, en plena dictadura cívico militar, cuando se iniciaron los trabajos en torno a los 24 balnearios del complejo Punta Mogotes y para esas obras el Municipio y la Provincia crearon la entidad “Proyectos especiales de Mar del Plata Sociedad de Estado” y pidieron un crédito al Banco Provincia.
Una vez construidos, en la década de los ’80 se firmó un convenio entre los dos gobiernos para la creación de un nuevo ente interjurisdiccional que reemplazara a Proyectos especiales… con el objetivo de administrar el complejo, con participaciones fijadas en el 70% para la gestión bonaerense y el 30% para la Municipalidad. Desde entonces y hasta la actualidad, la Administración de Punta Mogotes es dirigida por un consejo compuesto por tres miembros: dos designados por la Provincia y el restante por la Municipalidad