El secretario Lucero y cinco gobernadores de provincias mineras, buscan nuevas inversiones en uno de los mayores eventos globales de la industria de los minerales metalíferos.
Por Ignacio Ortiz
El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, presentó a grandes inversores y fondos internacionales vinculados al sector, los alcances del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para el sector minero, en el marco de London Metal Exchange Week 2024 que reúne a representantes de toda la cadena de suministro para discutir las tendencias actuales en los mercados metalíferos globales.
La presentación del funcionario en el Argentina Day buscó llamar la atención del mundo inversor en la cartera de proyectos que tiene el país por más de 25.000 millones de dólares, lo que permitirá triplicar las exportaciones actuales, alcanzando los 12.000 millones de dólares anuales y duplicar los más de 100.000 empleos que actualmente genera el sector.
El evento reúne a autoridades de países, fondos de inversión, compañías mineras operadoras y exploradoras, proveedores y demás expertos para abordar las últimas tendencias, oportunidades y desarrollos del sector. En ese marco la jornada dedicada al país fue organizada en conjunto por la Embajada Argentina en Londres y la Embajada Británica en Argentina.
Del encuentro también participaron los gobernadores Carlos Sadir de Jujuy, Gustavo Sáenz de Salta, Raúl Jalil de Catamarca, Marcelo Orrego de San Juan; y Alfredo Cornejo de Mendoza. Cada uno de ellos disertó sobre el potencial de sus distritos para impulsar el crecimiento económico, el desarrollo tecnológico y la generación de empleo del sector minero nacional.
Tras la presentación de los lineamientos macroeconómicos del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, Lucero señaló que la propuesta de invertir en la minería argentina reúne en la actualidad la convicción política a nivel federal y provincial de que esta actividad “debe ser un pilar de la recuperación económica”, en momentos en que hay “una opinión pública favorable sin precedentes hacia la industria”. En ese escenario, se presenta la existencia de un nuevo régimen que “elimina ciertas barreras a la inversión”, en referencia al régimen de incentivo.
“Nuestro país tiene mucho que ofrecer en cuanto a recursos y un sistema notablemente libre para acceder a concesiones mineras de cobre y litio, a diferencia de los países vecinos Chile y Bolivia”, aseveró el Secretario al afirmar que “el país está llevando a cabo un importante plan de reformas. Su población está respaldando un drástico plan de control del déficit fiscal, y la minería es percibida de manera más favorable como nunca antes”.
Tras la reglamentación del RIGI se incrementó el interés de inversores internacionales en la cartera de proyectos y el potencial geológico que tiene la Argentina, con especial atención en el cobre y el litio. Esto se debe principalmente a la demanda global de los minerales críticos esenciales para la transición energética que experimenta el mundo.
En ese sentido, el Secretario de Minería recordó que “el RIGI rápidamente obtuvo apoyo tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo en varias provincias”. Lucero destacó que “nunca antes una herramienta como el RIGI, relacionada con inversiones y ahora asociada a la minería, había obtenido un apoyo tan amplio ni había despertado tanto interés en la población en general”.
En la actualidad, son nueve las provincias que adhirieron en su totalidad a este Régimen. Cabe destacarse que Chubut adhirió al RIGI exceptuando a la actividad minera, ya que aún se encuentra prohibida en esa provincia.
Este régimen, destinado a inversiones en sectores clave para el crecimiento sostenido de la economía, es fundamental para generar confianza de los inversores, y refuerza la competitividad frente a otros mercados que poseen recursos minerales similares y que han sabido desarrollar su minería a partir de contar con previsibilidad en materia cambiaria, seguridad jurídica, marco tributario competitivo y obras de infraestructura apropiadas.
Los proyectos mineros toman para su construcción entre 3 y 5 años según su envergadura, y producen industrialmente durante no menos de tres décadas. Un solo proyecto minero puede llegar a contratar durante su construcción aproximadamente 800 pymes, manteniendo durante su vida productiva y en forma permanente alrededor de 600 empresas, que en su mayoría son provinciales, regionales o nacionales.
En ese contexto, se destacó que el RIGI contribuye a generar las condiciones que favorezcan la puesta en marcha de los yacimientos de cobre, proyectos de gran magnitud que llevan años en carpeta y que serán transformacionales para la región.
También los de litio, a fin de aprovechar la ventana de oportunidad que abre la electromovilidad, pero resulta necesario, además, estimular la inversión en exploración para desarrollar nuevos proyectos de oro y plata y ampliar los existentes.
El Rigi se aplica a proyectos de gran escala que implican una inversión superior a 200 millones de dólares, mientras que las inversiones superiores a 2 mil millones de dólares califican como Proyectos Estratégicos de Exportación a Largo Plazo. En estos casos, se aplican ciertos beneficios adicionales bajo el régimen cambiario.
Las empresas pueden participar en la RIGI a través de Vehículos de Proyectos de Inversión, los cuales deben ser propietarios de una o más fases de un Proyecto calificando como Gran Inversión. En los años 1 y 2 siguientes a la fecha de aprobación del plan, se deberá realizar una inversión en activos elegibles no menor al 40% del valor total del Proyecto.
El secretario resaltó que el RIGI proporciona un período de dos años para que las empresas se adhieran, con la posibilidad de una prórroga de un año, lo que garantiza 30 años de estabilidad bajo el régimen a partir de la fecha de adhesión. Así, los inversores tendrán un derecho garantizado, similar a la propiedad, sobre los incentivos fiscales y aduaneros, las regulaciones cambiarias, la jurisdicción y el arbitraje, que no podrán ser alterados por regulaciones futuras.
Esto significa, enfatizó, que cualquier nuevo impuesto o aumento de los existentes no se aplicará a las VPU, aunque estas seguirán beneficiándose de incentivos o reducciones fiscales.
Entre los incentivos principales señaló que la tasa del impuesto sobre la renta del 25% (en comparación con una tasa general del 35%); que siete años después de la adhesión a la RIGI, los impuestos sobre los dividendos y las ganancias se reducirán al 3,5%; y que las empresas pueden utilizar certificados de crédito fiscal para pagar el IVA en facturas de proveedores o directamente a la AFIP al importar bienes.
En cuanto al cobro de las exportaciones de productos de proyectos acogidos al RIGI, está exento de la obligación de ingreso y liquidación en el mercado cambiario el 20% después de dos años de implementación de inversión, el 40% luego de tres años y el 100% transcurridos cuatro años, por lo cual los fondos en los porcentajes respectivos serán de libre disposición.
Finalmente, un punto clave es que todas las disputas se resolverán primero mediante consultas y negociaciones amistosas dentro de los 60 días, pero de no prosperar el inversor podrá recurrir a reglas de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) con sede en La Haya; de la Cámara de Comercio Internacional, en París; o al Convenio Internacional sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en Washington