Financiarán hasta el 75% de proyectos «de carácter productivo y desarrollo económico». Algunos jefes comunales del PJ buscarán terminar casas que frenó Milei
A la frase de «no hay plata» los intendentes la vienen escuchando hace 9 meses, desde que Javier Milei desembarcó en Casa Rosada. Saben que en la Nación asocian construcción con corrupción y que cada vez restringen más la obra pública. Por eso cuando supieron que Alfredo Cornejo les habilitó créditos por $15.000 millones para obras productivas se lanzaron a ver qué podía conseguir cada uno.
De hecho algunos jefes comunales del Pj vieron en esos préstamos la única chance para terminar algunas de las 900 casas que habían pactado con Alberto Fernández y que Milei dejó frenadas. Es que hay comunas que tienen viviendas con un avance de más del 80%.
«No es una gran suma si se divide en los 18 departamentos, pero ayuda para terminar algunas obras que veníamos posponiendo», admitió un intendente que afina algunos proyectos de infraestructura.
Los créditos que estaban previstos en el presupuesto de este año se activaron a fines de agosto «cuando hubo margen fiscal» apuntan de Gobierno. Por tanto, luego de que se publicara el decreto el 28 de agosto, fueron varios los que se apuraron a conocer los requisitos. Es que los intendentes saben que les quedan sólo 3 meses para conseguir e imputar esos fondos a una obra, porque la fecha límite para firmar los convenios es el 30 de diciembre de este año.
Además aún no está decidido si esos mismos créditos para obras se mantendrán en la pauta de gastos del año que viene, aunque en Casa de Gobierno aseguran que el ministro de Hacienda, Víctor Fayad lo está analizando, pero nadie se atreve por estos días a adelantar un posible monto para obras.
Cómo hacer para conseguir un crédito
En la letra chica del decreto 1.677 queda claro que ese monto se podrá dividir entre créditos y aportes no reembolsables (ANR) y que con la suma de ambos el Gobierno podrá financiar hasta el 75% del costo total del proyecto que pretenda hacer cada intendente.
Los proyectos deben ser de «carácter productivo y promover el desarrollo económico», y el primer filtro para acceder a esos créditos es que las comunas previamente debieron inscribir la obra en el Banco Integrado de Proyecto (BIP) -en donde están también aquellas iniciativas que se podría solventar con los fondos de Portezuelo del Viento- a cargo de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP), a los fines de que esta última determine su elegibilidad.
Podrán ser obras nuevas, licitadas o a licitarse, e incluso proyectos iniciados cuya acta de inicio de obra tenga fecha posterior al 1 de enero del 2024 y no tengan financiamiento de otros organismos en un porcentaje mayor al que le tocará poner al municipio.
Además, los aspirantes a esos créditos debieron haber cumplido con las obligaciones del régimen de financiamiento educativo y tener una ordenanza que apruebe la obra para la que solicitan los fondos.
Del decreto también se desprende que a la hora de priorizar proyectos la Subsecretaría de Infraestructura que comanda Marité Baduí, fundará su criterio en función de la conveniencia técnica, oportunidad y función del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de la comuna que aspire a esos créditos.
Una vez firmado el convenio, la comuna tendrá 120 días corridos para iniciar la ejecución de la obra, adquirir los bienes y servicios. Si no los cumple, caduca el convenio y por ende el crédito.
«Después de la firma del convenio la comuna deberá pagar la primera cuota de amortización el 14 de octubre del 2025 y el vencimiento es el 14 de octubre del 2032, con lo cual es un financiamiento bastante blando y conveniente para las comunas», marcó Marité Baduí, que es quien revisa una a una las obras que pretende financiar cada comuna.
Intendentes del PJ buscarán terminar casas que frenó Milei
En Mendoza hay 925 casas que inició la Nación y que se frenaron cuando Javier Milei paralizó la obra pública. A ese número se llega sumando las 468 casas paralizadas en Maipú, las 300 de Tunuyán, otras 81 de Lavalle y 76 de Santa Rosa.
Se trata de viviendas que los mismos intendentes acordaron hacer con la gestión anterior de Alberto Fernández -sin pasar por el Instituto Provincial de la Vivivenda-, que quedaron inconclusas, pero en algunos casos con un altísimo nivel de construcción.
El caso más emblemático es el de Santa Rosa. Allí la intendenta Flor Destéfanis tiene 76 viviendas con el 91% de avance de obra, es decir falta muy poco para terminarlas y dejarlas habitables.
Por eso, la presidenta del PJ fue de las primeras en consultar en Infraestructura si los créditos podrían tener ese destino.
«Para terminar esas casas estamos analizando distintas opciones y le estamos buscando la vuelta para que puedan encajar en los requisitos de estos créditos. A esas casas no les falta mucho para la terminación en sí, pero si falta mucho para la urbanización y la infraestructura, que es lo más costoso y lo más atrasado», confió Destéfanis y adelantó que igualmente Santa Rosa tiene varias iniciativas de obras inscriptas en el Banco de Proyectos que exige Gobierno.
También su par de Lavalle, Edgardo González llegó a Casa de Gobierno con la misma consulta. Él tiene dos barrios en una situación similar: uno de 35 casas con el 85% de avance de obra, y otro de 46 viviendas construidas hasta el 80%.
Emir Andraos -intendente de Tunuyán- también heredó casas inconclusas. En esa comuna la anterior gestión inició 300 casas de las cuales 110 viviendas llegaron hasta el 88%, 114 quedaron con el 84% y las 76 restantes se frenaron al 27% de avance.
En peor situación están las viviendas que acordó el intendente de Maipú, Matías Stevanato. Si bien él recibió 468 de esas viviendas, 319 de esas casas sólo tienen el ladrillo inicial, porque quedaron frenadas con el 1,05% de avance. La construcción de otras 92 casas se congeló en el 4,11% y las 57 restantes avanzaron un poco más pero se quedaron en el 28% de obra.
Infraestructura y urbanización municipal
En la premura por conseguir algo de estos fondos de obra municipal varios intendentes se apresuraron a poner a punto un puñado de proyectos de infraestructura y urbanización.
Así por ejemplo el citadino Ulpiano Suarez sacó una larga lista de obras que arranca con remodelaciones en el barrio Sanidad y las cercanías, la remodelación de la avenida Sarmiento, en el tramo entre calle Chile y Belgrano, le renovación de la avenida San Martín y la ejecución del sistema de abastecimiento de agua potable en el barrio La Favorita, por citar sólo algunas.
Un listado similar reactivó el guaymallino Marcos Calvente. Si bien en su lista de prioridades aparece siempre la tercera trocha del Acceso Este, el ingeniero civil sabe que el costo de esa obra excede ampliamente lo que puede conseguir de estos créditos y por tanto apunta a desarrollar un parque fotovoltaico en Puente de Hierro, la prolongación de calle Mitre desde Mathus Hoyos a Costanera, a avanzar con el proyecto integral de calle Elipidio González, en el tramo de Urquiza a Azcuénaga e invertir en la obra de calle Urquiza, desde Bandera de Los Andes hasta Godoy Cruz.
El godoicruceño Diego Costarelli apuntará a una obra vial que vinculará las calles Mitre y Lencinas con la Costanera, bajo el argumento de que esa obra mejorará la circulación y la seguridad de la zona. El proyecto que acuña tendría un valor aproximado del $800 millones.
Más alejado del Gran Mendoza, el tupungatino Gustavo Aguilera priorizó el asfalto de la calle Iriarte (hoy de tierra), del distrito de El Zampal y su par de General Alvear, Alejandro Molero buscará la urbanización con obra de cordón cuneta y luminarias en barrios que tienen calles de tierra, pensando en apostar a financiar también soluciones habitacionales