A poco menos de cuatro meses para finalizar el año, el Gobierno de Alfredo Cornejo aun debe librar importantes batallas legislativas en la Legislatura provincial. Las que se destacan son el presupuesto para el año 2025, la aprobación de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), el plan hídrico y el código de aguas.

Sobre estas discusiones, el Gobierno ya tiene definido el orden con el que avanzarán en la Casa de las Leyes.

En primer lugar, buscarán darle tratamiento y aprobación a la pauta de gastos para el año próximo y sobre el tema de minero en el sur provincial.

En lo que respecta al presupuesto, el Gobierno tiene hasta el 30 de septiembre para enviar el texto, aunque puede pedir una prórroga. Sobre esto se sabe que apuntarán a conseguir un nuevo roll over de deuda y también a una baja en algunos impuestos. En este punto, intentarán poner en la discusión pública la importancia de la refinanciación de la deuda para bajar la presión de vencimientos en dólares.

Por otra parte, es muy probable que el debate presupuestario se superponga con las DIAs del Distrito Minero Malargüe, cuya audiencia pública se realizará el próximo 14 de septiembre.

Desde Casa de Gobierno no pretenden perder tiempo y apuntan a que inmediatamente después de recibir lo ocurrido en la audiencia pública, enviar el decreto a la Legislatura para que sea refrendado.

Por este motivo es muy probable que estas discusiones que el Gobierno considera claves para el año próximo, convivan en el edificio de calle Sarmiento durante los primeros días de octubre.

Por otra parte, el debate sobre el plan hídrico como el del Código de aguas serán los últimos que se tratarán en la Legislatura antes de finalizar el año.

Si bien luego del receso invernal, estos temas salieron a flote y parecía acelerar su tratamiento, el Gobierno decidió bajar una marcha y postergar una discusión que ya generó controversias.

Plan hídrico y Código de Aguas

Hacia finales de año, el plan del Gobierno es tratar los proyectos vinculados al uso del agua en la provincia.

En lo que respecta al código de aguas, varias voces se han expresado en contra e incluso señalando que lo que se busca es garantizar el recurso hídrico para algunos proyectos mineros.

En un borrador que está circulando, hay artículos que ha generado ruido entre los productores. Puntualmente, cuestionan los artículos 70 y 71 de este texto preliminar, que establece las prioridades que tendría la otorgación de derechos de agua, cuando esta no alcanzara para todos los sectores.

Según el borrador, el artículo 70 establece que “cuando la disponibilidad no permita otorgar la totalidad de pedidos sin afectar a terceros, la prioridad para el otorgamiento se regirá por el siguiente orden de prelación de usos:

a) Abastecimiento de población y usos domésticos
b) Riego del arbolado público
c) Riego agrícola y otros usos agropecuarios
d) Industria
e) Turismo
f) Generación de energía eléctrica
g) Piscícola o acuicultura
h) Recreativos
i) Termal para fines terapéutico medicinal
j) Minería y extracción de hidrocarburos“

En tanto, el artículo 71, habilita al Ejecutivo “con fundamentos comprobados” a alterar esta prioridad en el caso de haber un “beneficio económico-social notoriamente superior”.

“Esto permite al Gobierno, si cree que va a haber un beneficio económico mayor, darle agua que actualmente está destinada al uso agrícola al sector minero”, explicaba un productor que participó en un caravanazo a Casa de Gobierno a comienzos de agosto.

Por otra parte, sobre el plan hídrico no se han conocido mayores detalles de qué obras incluiría. Desde el Departamento General de Irrigación aseguraron que por el momento no van a dar muchos detalles para “no confundir a la ciudadanía” con lo planteado en el código de aguas