La diputada Mónica Zalazar presentó una iniciativa para regular el ingreso a salas de juego en toda la provincia, que habilita la solicitud del DNI en casinos, bingos y lugares con juegos de azar. Además, crea un registro de autoexclusión de ludópatas.
En la Cámara Baja de la Legislatura, la diputada oficialista Mónica Zalazar impulsó un proyecto cuya idea es regular el ingreso a las salas de juego en la provincia, prohibiendo la entrada de menores de 18 años y de personas que hayan procedido a su autoexclusión.
Además, la iniciativa habilita a solicitar la exhibición del DNI en salas de casinos, bingos y juegos de azar para su ingreso y, en caso de incumplimiento a la prohibición, se permite la aplicación de sanciones como apercibimientos, multas o clausuras temporales.
“El uso de casinos, juegos de azar, bingos y otras formas de apuestas puede ser especialmente peligroso para los adolescentes”, indica la diputada en el proyecto, para acotar que “esta etapa de la vida es crítica, ya que los jóvenes están en proceso de desarrollo emocional y cognitivo, lo que puede hacerlos más vulnerables a las adicciones y problemas financieros asociados con el juego”. En tanto, respecto a las personas que deciden autoexcluirse, explica que “la autoexclusión para jugadores patológicos, es un mecanismo al que cualquier persona adicta al juego puede acogerse con el objetivo de tener restringido el acceso a establecimientos donde se practica el juego”.
“Esto significa tener la entrada vetada tanto en casinos, bingos o casas de apuestas destinadas a la práctica de los juegos de azar y las apuestas de todo tipo”, remarca Zalazar. En este orden de ideas, propone la creación de un registro provincial de autoexclusión de ludópatas, donde las personas que voluntariamente quieran excluirse del acceso a salas de juego deberán inscribirse de manera presencial, proporcionando datos personales y firmando un documento de adhesión.
La diputada sugiere que el registro sea actualizado periódicamente y su información confidencial, protegida bajo la Ley de Protección de Datos Personales. Además, propone que las personas autoexcluidas deban iniciar un tratamiento en el sistema de salud o en centros especializados y establece que su autoexclusión será irrevocable por un período de dos años, pudiendo renovarse indefinidamente si se presenta un certificado médico después de ese plazo