La vertiginosa celeridad de los avances tecnológicos deriva con frecuencia en verdaderos vacíos legales, porque se presentan problemas no contemplados en la legislación, ya que surgen cuando las plataformas que los generan ni siquiera existían al momento de redactar las normas vigentes. Ocurre cada vez más a menudo, y uno de los serios inconvenientes que enfrenta hoy la sociedad es de la amenaza de las apuestas online, que arrastraron a la adicción, con innumerables perjuicios, a miles de personas, incluyendo muchísimos menores de edad.
En el Congreso de la Nación el debate sobre ludopatía y ciberapuestas está instalado, y se hace imperativo legislar al respecto. Se trata de un negocio que crece de manera exponencial y con consecuencias muy serias sobre quienes transforman un aparente pasatiempo en enfermedad. Está claro que urge hallar una solución.
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Sólo este años se desarrollaron cinco reuniones de comisión para debatir los proyectos que existen sobre esta cuestión.También se involucraron cuatro comisiones, lo que da cuenta de la importancia que le están dando los legisladores nacionales al problema de la ludopatía y el creciente negocio de las ciberapuestas. Es tanta la atención dispensada que los múltiples proyectos que existen sobre el mismo están siendo analizados en el marco de plenarios, lo cual indica que hay una decisión política de buena parte de los legisladores de dar los pasos necesarios para avanzar en una legislación que intente al menos poner en caja la industria del juego y las apuestas.
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En el Congreso hay 158 proyectos sobre el tema. El más antiguo es el que en abril de 2005 presentó el diputado peronista fueguino Miguel Angel Baigorria para crear el Régimen de Prevención y Tratamiento de la Ludopatía. Un mes después, el entonces senador Miguel Angel Pichetto presentaba un proyecto para modificar el inciso 1 del artículo 152 bis del Código Civil, sugiriendo la inhabilitación judicial de los ludópatas. Una condición que antes se limitaba a “los ebrios habituales” y a “los consumidores de estupefacientes”. Desde entonces proliferaron toda clase de iniciativas concentradas en distintos aristas del problema, pero a la fecha no se logró imponer un control efectivo y los damnificados son cada vez más. Un tema delicado, en el que tanto el Estado como las empresas deben asumir su parte de la responsabilidad, y también la ciudadanía.
El Esquiú.com