La actualización del reparto a los municipios es una deuda pendiente del gobierno provincial. La última es de 2004. La falta de consenso es el principal escollo.
La renegociación de los contratos petroleros desempolvó una vieja disputa no zanjada entre los municipios llamados productores que se reparten una porción de las regalías y que representa el 35% del total que se derrama entre comunas y sociedades de fomento. La actual distribución secundaria, como se llama, beneficia a 9 ciudades que se quedan con una porción importante del reparto, pero que hace muchos años está desactualizado: 20 para ser preciso.
La puja tomó estado público días atrás con las declaraciones del intendente de Allen, Marcelo Román, que en el aniversario pidió actualizar los valores de reparto y apuntó contra Catriel que es la ciudad que más recibe en ese ítem. Rápidamente tuvo la respuesta de la intendenta catrielense Daniela Salzotto que vislumbró la “mano” del gobernador Alberto Weretilneck detrás de esas declaraciones.
Lo cierto es que las fricciones en la mesa chica de la distribución tiene varios antecedentes internos y externos ya que hay otros municipios que pretenden ser incluidos como Mainqué y Huego. El año pasado el STJ le puso fin al reclamo del municipio de Huego que presentó una acción de inconstitucionalidad por no figurar en esa lista.
El caso de Mainqué es distinto porque había intención en el oficialismo provincial sumarlo a esa lista.
La falta de consenso entre los municipios es el principal escollo para actualizar el mapa de distribución que se mantiene desde 2004. 20 años después la realidad hidrocarburífera de Río Negro es otra y requiere al menos una revisión: por caso la irrupción de la Estación Fernández Oro (EFO) que es la principal productora de gas y le único yacimiento no convencional en producción que tiene Río Negro.
Otro obstáculo para actualizar la distribución es la falta de definición de los ejidos colindantes que tienen muchas localidades Río Negro. Por eso se trabaja de acuerdo a los ejidos pretendidos pero que en muchos casos colisionan entre los municipios fronterizos.
Luego hubo algunos intentos de actualización que impulsó el exsecretario de Energía Sebastián Caldiero, pero no encontró consenso entre los municipios.
El pedido de Román no es nuevo, ya en 2018 el municipio de Allen solicitó aumentar su porcentaje y se hizo una reunión que no prosperó, también se puso en discusión la inclusión de Mainqué.
Entre las funciones tiene a su cargo dictaminar anualmente sobre la necesidad de incluir o excluir municipios de la mesa chica y establecer la jurisdicción municipal a la que pertenecen los volúmenes para someter a someter a mediación y arbitraje. Sin embargo, desde 2004 no hubo ninguna modificación.
En esa reunión e 2018 se solicitó a los municipios que, entre otros puntos, presenten la pretensión de los ejidos colindantes para poder definir que áreas le tocaba a cada una, sin embargo no hubo acuerdo en ese punto y fue una de las razones de estancamiento en la búsqueda de modificaciones. Con la llegada de Arabela Carreras al gobierno y de Andrea Confini a la secretaría de Energía el debate se paralizó principalmente por la irrupción e la pandemia a 3 meses de inició de la gestión.
La renegociación de los contratos petroleros volvió a poner en la discusión política el reparto de regalías que ante la crisis económica y los recortes del gobierno nacional tiene un peso mucho más fuerte para los municipios.
Días atrás el gobernador Alberto Weretilneck presentó el proyecto para prorrogar las concesiones de explotación en la provincia que le dará un impulso económico importante a la provincia. Uno de los aspectos que fija el proyecto que ya ingresó en la Legislatura es incentivar la productividad de las operadoras a cambio de beneficios fiscales.
La justicia rechazó un planteo de inconstitucional de Huergo
El municipio de Huego logró un dictamen favorable del Procurador Jorge Crespo en 2021 y el planteo de inconstitucional de la ley llegó al Superior Tribunal de Justicia. El Ejecutivo que ese momento estaba a cargo de Miguel Martínez que centró el reclamo en el artículo 5 de la ley que establece la distribución del 35% a los productos.
Sin embargo, el máximo órgano judicial de Río Negro rechazó el planteo. Argumentó que la ley no es estática porque permite la incorporación de nuevos municipios como también quitar o relegar porcentajes de distribución, Además indicó que el municipio no logró demostrar que los pozos en el ejido municipal se encuentren en producción.
“La pauta de distribución se estableció conforme a los volúmenes de extracción y la actora no demostró que los pozos emplazados en el ejido municipal se encuentren en producción a los efectos de ser incorporada como “municipio productor”, sostiene el fallo.
Agregó que la propia Ley 1946 cuenta con mecanismos específicos para la inclusión de nuevos municipios -o exclusión de los existentes- “anticipando que el devenir de la actividad petrolera podría exigir cambios en la norma que ahora se cuestiona, con lo cual no cabe el reproche de irrazonabilidad”