A comienzos de este año las autoridades de los municipios santafesinos de Timbúes, San Martín, San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Punta Alvear, General Lagos y Arroyo Seco ajustaron en torno a un 100% el valor de la tasa de peaje de camiones que transitan por sus jurisdicciones con destino a fábricas y terminales portuarias.
El valor de dicha tasa, que hasta diciembre del año pasado se encontraba en un rango de 4500 a 5200 pesos, pasó a partir del 1 de enero de 2024 a un nivel ubicado entre 9000 pesos (camión convencional) y 11.000 pesos (camión escalable).
Si bien hubo quejas de todo tipo y color sobre semejante impuestazo, nadie hizo nada al respecto. Hasta ahora. Porque las autoridades de la Federación de Acopiadores intimaron a los municipios portuarios para que eliminen las imposiciones que gravan la circulación, el arribo y la descarga de los camiones en los puertos.
A través de cartas documentos, la Federación de Acopiadores intimó a las municipalidades santafesinas a “terminar con el cobro de verdaderos peajes disfrazados de tasas retributivas de servicios aplicados a la circulación, arribo y descarga de camiones en las instalaciones (fábricas y/o puertos) existentes en sus jurisdicciones”.
“Una situación que resulta irrazonable, inconstitucional, desproporcionada y arbitraria contra la producción granaria argentina”, indicaron los acopiadores por medio de un comunicado.
La Federación de Acopiadores argumentó que “el mal ejemplo de establecer una suerte de barrera interna se ha extendido y pasó a formar parte de las rentas generales de esos municipios, circunstancia que explica su incompetencia tributaria y la violación de derechos constitucionales de los asociados y de la cadena agroindustrial”.
La entidad sostiene que “una mera disposición municipal crea aduanas internas alterando derechos y obligaciones de contratos privados pactados en el marco de la legislación de fondo, y de los usos y costumbres en el comercio de granos”.
Por todo ello, la Federación seguirá cuestionando cualquier imposición de costos distorsivos que impacten sobre la competitividad de las exportaciones agroindustriales.