La Pampa: agua, quejas y nada más

Esta vez, una nueva queja elevada a la Corte pone de manifiesto esta cultura de buscar el conflicto para obtener réditos en desmedro de otras provincias más productivas. Lo buscó siempre contra Mendoza y lo intentó también con San Juan.

En el 2014, el gobierno pampeano demandó a Mendoza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) por el uso de las aguas del río Atuel, argumentando que nuestra provincia es responsable de daños sociales, económicos y ambientales.

Las dos provincias no llegaron a un acuerdo y la Corte resolvió fijar como meta interina un caudal mínimo permanente de 3,2 m³/s en el límite interprovincial y mandó para ello que las partes determinen, en la órbita de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), las acciones y obras necesarias para alcanzar esa meta.

Mendoza propuso un plan de acción para realizar obras para que La Pampa acceda al caudal necesario; obviamente, la respuesta fue “no vamos a poner un peso”, como siempre lo hicieron.

Aparentemente, La Pampa no se enteró del cambio climático, de que el recurso hídrico es cada vez más escaso, de las inversiones millonarias necesarias para hacer más eficiente la utilización del agua. Mendoza sigue en emergencia hídrica y el agua que utiliza es para la producción y la vida misma, no para rellenar bañados que nunca fueron explotados por esa provincia.

Mendoza respondió a esta nueva demanda e hizo hincapié en que las pruebas presentadas no son reales. Se trata de imágenes y fotos de reservorios que no corresponden a la cuenca.

Otra vez, los mendocinos tenemos que soportar el apriete de una provincia que no invierte, que se dedica solamente a poner obstáculos que la han convertido en una “máquina de impedir” el crecimiento y desarrollo de los mendocinos.

*El autor de esta columna es Franco Ambrosini, diputado provincial de Cambia Mendoza