El senador Miguel Calabró presentó un proyecto de ley destinado a evitar la obtención de títulos mineros con fines meramente especulativos, permitiendo que aquellos que operan de manera legítima continúen haciéndolo.
Con el objeto prevenir la especulación inmobiliaria en el catastro minero de la provincia de Salta, promoviendo un uso responsable y sostenible de los recursos minerales en beneficio del desarrollo equitativo de la región, el senador Miguel Calabró presentó un proyecto de ley en la cámara alta.
La iniciativa tiene como finalidad revisar y analizar los permisos y concesiones de sustancias de primera, segunda y tercera categoría y controlar el cumplimiento de las condiciones de amparo establecidas en la normativa vigente, en un plazo perentorio e improrrogable de 180 días hábiles contados a partir de la publicación de la norma, de ser aprobada.
La minería es una actividad estratégica para el desarrollo económico y social de la provincia de Salta. La explotación racional y sostenible de los recursos minerales es esencial para asegurar el crecimiento económico, la generación de empleo y el bienestar de la comunidad. En este contexto, el senador Calabró consideró que la administración eficiente y transparente del Catastro Minero es crucial para garantizar la seguridad jurídica y técnica de las concesiones mineras, así como para atraer y retener inversiones.
El Juzgado de Minas, perteneciente al Poder Judicial, actúa como la Autoridad Minera Concedente, siendo responsable de las actuaciones vinculadas al amparo minero. «Es necesario, por tanto, una coordinación efectiva entre ambas entidades para asegurar un marco normativo claro y eficiente que garantice la seguridad jurídica y promueva un desarrollo minero sostenible», destacó el legislador.
A través del proyecto en cuestión se establece la creación de una Comisión Revisora que permitirá un control exhaustivo y regular de los permisos y concesiones mineras. «Esto asegurará que todas las actividades mineras cumplan con los requisitos técnicos, legales y ambientales establecidos, brindando seguridad jurídica tanto a los concesionarios como a la comunidad, lo que permitirá a las empresas y particulares solicitar concesiones en igualdad de condiciones, fomentando un ambiente de competencia justa y transparente», expresa los fundamentos del proyecto.
La Comisión actuará como un órgano de control y supervisión que garantizará el cumplimiento de la normativa vigente, promoviendo un ambiente de confianza y seguridad para todos los actores involucrados en el sector minero.
La Comisión estará conformada por representantes de la Secretaría de Minería y Energía y del Juzgado de Minas, también la la integrarán un senador o senadora y un diputado o diputada de modo q estén los tres poderes representados, asegurando una cooperación interinstitucional efectiva. Además, podrá solicitarse la colaboración de otras entidades públicas y privadas para llevar a cabo sus funciones de manera integral y coordinada