A esa escueta y potente conclusión, llegó una revista especializada e influyente en el mundo de la minería del país cuando horas atrás analizó para sus lectores los resultados de esa esperada encuesta mundial sobre el negocio minero, la que elabora cada año el Instituto Fraser, de Canadá. En los últimos años hubo esfuerzos oficiales por incluir a Mendoza en la agenda minera internacional. El gobierno de Rodolfo Suarez quizás fue el que más expectativa generó cuando intentó modificar la restrictiva ley 7722. Al no conseguirlo y volver todo a fojas cero, Mendoza pareció hundirse en la consideración global. La nueva administración de Alfredo Cornejo arrancó sin pérdida de tiempo, desde el minuto cero casi, con presencias en las ferias mineras más importantes del sector, las de Canadá y la de Australia. Tanto se apostó que a Canadá viajó el propio Cornejo y a Australia la representación quedó en manos de la vice Hebe Casado. Pero al menos por este año, y para la mayoría de las más de 2 mil empresas consultadas por el instituto canadiense, el que elabora el famoso índice que influye fuertemente en la dirección y el destino de la inversión disponible a nivel global, Mendoza quedó afuera de la consideración: no ha sido mencionada.

El Fraser es una organización independiente con sede en varias ciudades canadienses de investigación y política educativa y es quien elabora la encuesta con el objetivo de evaluar el potencial minero a nivel mundial y las condiciones con las que se encontrarían las empresas interesadas en la inversión en cuanto a clima de negocios, políticas de inversión, animosidad, restricciones, regulaciones y hasta por la transparencia de los procesos. Analiza el esquema de impuestos a la altura de cada una de las jurisdicciones con potencial y toda posible amenaza a la que se verían expuestos los inversores.

El último trabajo del instituto se ha conocido un poco antes de la mitad del mes de mayo. Si bien es cierto que Mendoza no ha sido mencionada por las empresas encuestadas, con domicilio en 86 países, eso no significa que la Argentina esté afuera del radar mundial. Todo lo contrario. El país ha sido el que más creció como destino de inversión con 24,3 puntos de un año a otro. Le siguió Estados Unidos con 4,3 y Canadá con 0,6. Todas las demás regiones descendieron en la consideración general de los encuestados tras una combinación variada de indicadores tales como los políticos, los de regulación, los ambientales y todos aquellos que permiten elaborar el tan mentado clima armónico para el sector.

Los últimos gobiernos provinciales han intentado por diversos medios ubicar a Mendoza entre los destinos de las inversiones mundiales en diferentes áreas de la economía. El minero quizás sea el que más expectativas ha provocado por el hecho de que todo está por hacerse y donde Mendoza tiene un potencial que espera la ratificación que otorgan los procesos exploratorios; la evidencia.

Se cree que el territorio tiene reservas enormes por el sólo hecho de compartir con Chile una cordillera a la que el país vecino le ha sacado el jugo por varias décadas. Y también por las primeras aproximaciones evaluatorias que se han realizado en función de la explotación histórica de algunos yacimientos bajo métodos hoy inconvenientes e inaceptables. Y si los esfuerzos han sido muchos y de variada estrategia, los tiros en el pie que se ha dado la política también lo han sido por intereses electorales, sectoriales, mezquinos y de muy baja estofa.

Por la desconfianza general, la falta de seguridad jurídica y la inestabilidad de humor de la política, los inversores mineros por ahora siguen teniendo a la provincia fuera del radar. Y como ha venido ocurriendo en los últimos años, entre San Juan y Salta se han venido disputando en el país el posible destino de inversiones.

En ésta última medición, Salta, con 77,4 menciones se adelantó a San Juan que recibió 75,3 y también a Jujuy que obtuvo 72,9. Salta ha quedado como el objetivo potencial de inversiones más importante del país y en el número 16 a nivel mundial, de una lista que encabeza Utah en los Estados Unidos y Saskatchewan, en Canadá. Pero San Juan ha encabezado en la Argentina el índice que determina al distrito que más alienta la llegada de inversiones, quedando en el número 7 entre todos los destinos mineros globales.

A nivel regional y detrás de Salta, San Juan y Jujuy, Brasil se impone por sobre Chile y Perú como mejor destino, hoy, de inversiones mineras para el año. Chile y Perú, los que han funcionado como espejo para las provincias argentinas que tratan de hacerse un lugar en el mundo de la exploración y explotación minera. Es que, entre otras cosas, y en medio de la mishiadura nacional, no son pocos los que ven que el país le podría haber sacado partido a lo que se cree que en potencia contiene en materia minera y cuando las exportaciones orillan los 3.500 millones de dólares anuales frente a los más de 50 mil millones de Chile o a los cerca de los 30 mil millones del Perú.

La discusión en el Senado sobre el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) está circunscripta a si se trata de un modelo que serviría en bandeja al capital depredador internacional de “llevarse todo sin dejar nada“, como lo plantea la oposición dura al gobierno de Javier Milei; están los que dicen, particularmente pertenecientes al oficialismo, que sin un esquema de esa naturaleza no se seduciría a nadie para llegar al país a hacer negocios y dejar empleo y desarrollo y muchos de los gobernadores que si bien tienen reparos por las excesivas bondades prefieren aprovechar el momento para que se idee algún programa que saque a las economías regionales de la debacle, con respuestas a las fuertes inversiones de entre 200 y 900 millones de dólares, por supuesto, pero contemplando a las pymes o a otras empresas nacionales de diferente escala con posibilidades de inversiones menores pero a las que hoy ni se las seduce, ni se las enamora y hasta en muchos casos se las termina rechazando y expulsando.

La minería, la energía en general, y las inversiones vinculadas con los hidrocarburos son las áreas a las que apunta taxativamente el RIGI y la discusión sobre qué modelo lo debe abarcar es una muestra gráfica y explícita de la fractura ideológica que divide al país