Ya no se priorizará el autoabastecimiento sino la rentabilidad empresaria. La reforma tiene amplio respaldo entre las provincias petroleras y las grandes compañías del sector, pero genera alerta en la industria nacional.
La media sanción a la Ley Bases que logró esta semana el gobierno de Javier Milei plantea una profunda reforma del sector energético, en la cual que tuvieron protagonismo las provincias petroleras, en particular Neuquén, y que avanza hacia una liberalización del mercado del oil & gas, en pleno despegue exportador de Vaca Muerta.
El proyecto incluye el polémico Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el cual es respaldado por las grandes compañías del sector pero que genera alarma entre proveedores y empresas de servicios locales de Vaca Muerta, que se ven amenazadas por la apertura indiscriminada del sector. Además, la reforma laboral y el paquete fiscal pone en pie de guerra a los gremios petroleros, sobre todo por el impacto directo que tendrá Ganancias en los salarios de los trabajadores.
El aspecto donde hay mayor consenso entre el ámbito empresarial y político -tanto a nivel nacional como en las provincias productoras- es la reforma de la Ley de Hidrocarburos 17.319, el esquema normativo madre del sector petrolero que rige desde 1967, que necesitaba ser aggiornado a las puertas de una era de abundancia de recursos por la explotación comercial de Vaca Muerta, y que promete convertir a la Argentina en un jugador global en el mercado exportador de petróleo y gas.
Del autoabastecimiento a la renta empresarial
El dato llamativo es que el gobierno de Milei no sólo busca liberar el mercado de los hidrocarburos y confluir hacia precios internacionales, sino que dejó explícitamente redactado en la ley el objetivo de la «maximización de la renta empresaria”.
Es decir, ya no será un objetivo del Estado Nacional el logro del autoabastecimiento y el desarrollo de la cadena de valor de los hidrocarburos, al eliminarse la prioridad del mercado interno y la posibilidad de intervenir en la fijación de precios.
Sin embargo, el esquema de desregulación tiene un límite al quedar establecido que la Secretaría de Energía de la Nación puede anteponer su “objeción” a las exportaciones por razones económicas, es decir, de precios relativos, como forma de garantizar la seguridad del suministro interno.
Un informe de la consultora Paspartú, que dirige el ex secretario de Hidrocarburos de la Nación Juan José Carbajales, destaca que las empresas bajo control estatal como YPF y ENARSA no estarán obligadas a vender el crudo únicamente al export parity, así como el gas natural y los combustibles al import parity, sino que abre la posibilidad de que lo hagan “a precios que reflejen el equilibrio competitivo de la industria”.
“En consecuencia, todo el propósito de estas “bases” normativas son minadas por la discrecionalidad que retiene el regulador sectorial (SEN) y el ejecutor corporativo (YPF/ENARSA), lo cual podría obstaculizar el buscado salto de escala o boom inversor en materia de explotación de hidrocarburos y, en particular, del desarrollo masivo de Vaca Muerta y la pretendida duplicación de la producción no convencional con fines de exportación”, indica el informe de la consultora.
Las importaciones de gas natural quedarán autorizadas sin necesidad de aprobación previa y ya no se requerirá que las autorizaciones de exportación por gasoductos garanticen el abastecimiento interno. Así es que el exportador no deberá hacerse cargo del de importar GNL o gasoil en invierno.
Mientras que se podrán autorizar exportaciones en firme de GNL por 30 años “en forma continuada y sin interrupciones ni restricciones, reducciones o redireccionamientos”. Ese plazo podrá ser ampliable por 20 años más. Las compañías autorizadas también tendrán derecho de acceder sin restricciones al suministro de gas natural o a la capacidad de transporte, procesamiento o almacenamiento. No será necesario que el solicitante cuente con contratos de compraventa de GNL por la totalidad de los volúmenes y plazos solicitados. Y las autorizaciones podrán cederse total o parcialmente.
La reforma de la Ley de Hidrocarburos
Las provincias petroleras lograron modificar el proyecto original del gobierno de Milei y mantener las facultades reconocidas en la Ley Corta y el dominio original sobre sus recursos hidrocarburíferos, así como también el Fondo Fiduciario del Régimen de Zona Fría de subsidios al gas natural patagónico.
Sin embargo, no pudieron introducir una modificación impulsada por Neuquén para otorgar nuevas concesiones sobre una misma área por capas geológicas.
La Ley Bases elimina el plazo de prórroga en las nuevas concesiones no convencionales (de 10 años), lo cual perjudica a las provincias al eliminar en la práctica el bono que cobran por atender los contratos. También se elimina el Plan Piloto para los primeros 5 años.
En materia de regalías, se elimina la alícuota única y nacional del 12% (escalable al 15% y 18% vía prórrogas sucesivas) pero se establece un régimen nuevo, por medio del cual cada provincia podrá fijar, en cada nueva adjudicación, el monto de las regalías, el que tendrá una base del 15%, y que contará con un premio que cada empresa podrá ofrecer, y que también podrá ser negativo (descuento), señala el análisis de Paspartú.
Además, las empresas estatales de Nación y provincias pierden toda posición privilegiada como reserva de áreas o el carry exploratorio, como es el caso de la neuquina GyP.
La polémica del RIGI y la industria nacional
Uno de los punto polémicos de la Ley Bases es el RIGI, que establece un sistema de estímulo para nuevos proyectos de grandes obras de inversiones más de 200 millones de dólares, lo cual aplica para la mayoría de los prospectos vinculados a Vaca Muerta, como por ejemplo la producción de GNL.
El ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, marcó que el RIGI tiene una serie de problemas “muy nocivos para las pymes y la industria nacional”.
Si bien señaló que la inestabilidad macroeconómica, el débil crecimiento de la última década en la que el PIB per cápita cayó un 7% y la necesidad obvia de aumentar la inversión, justifican la implementación de un régimen especial, el plazo de 30 años de estabilidad fiscal para esos proyectos es al menos exagerado.
“El punto que me parece insalvable en los términos que está escrito es el claro desincentivo al desarrollo de proveedores nacionales. El RIGI está fundamentalmente orientado a la inversión en actividades primarias. Las mejores experiencias internacionales y nuestra propia historia indican que el gran desafío en las inversiones vinculadas a recursos naturales consiste en desarrollar proveedores nacionales, industriales, tecnológicos e ingeniería que permitan justamente utilizar al recurso natural como una palanca para el desarrollo productivo”, indicó Kulfas.
Y consideró que el RIGI genera lo contrario. Por una parte, admite la posibilidad de importar sin ningún tipo de arancel cualquier bien de capital, repuesto y otros insumos sin aclarar que éstos deban ser nuevos o usados, con lo cual incluso se da la posibilidad de que operadores internacionales ingresen maquinaria ya utilizada generando una competencia desleal con instrumental obsoleto, es decir, donde no hay transferencia de la mejor tecnología internacional, que es uno de los objetivos que debe perseguir cualquier régimen de incentivos a las grandes inversiones.
También se les permite a esos inversores revender esos bienes de capital, insumos o repuestos importados. “¿El objetivo es entonces promover la inversión o generar negocios a empresas comercializadoras de bienes importados libres de aranceles? El RIGI desarma toda política destinada a desarrollar proveedores, estimular el compre argentino y mejorar la competitividad de la industria y las pymes. Nuestras industrias deberán pagar aranceles de importación para ciertos insumos que no deberán afrontar quienes ingresen en este régimen, generando desincentivos groseros a la producción en el país”, destacó el ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández.
La posición de las empresas neuquinas
Esa advertencia también tuvo su réplica en Vaca Muerta. Las empresas neuquinas vinculadas a la cadena de valor de la industria petrolera, reclamaron ser incluidas en el RIGI.
La Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE) advirtió que en la actual redacción, “no contempla explícitamente la participación de las empresas regionales”, las cuales “representan el 97% del tejido empresarial y son responsables de la creación de más del 60% de los puestos de trabajo”.
En la misma línea, la Cámara Patagónica de Empresas de Servicios Petroleros (CAPESPE) señaló que “esta exclusión generará un impacto negativo en las empresas regionales, afectando su competitividad y limitando su participación en el desarrollo económico de la región”