Sin creación de empleos privados desde hace años, con una economía prácticamente paralizada en varios sectores y una matriz productiva diversificada pero que muestras claros signos de agotamiento, Mendoza necesita herramientas que le permitan salir adelante.
Para el actual Gobierno, una de esas alternativas válidas para encontrar la salida al laberinto es la minería. Es la gran apuesta de la segunda gestión de Alfredo Cornejo, que puso en marcha una estrategia diferente a la de su antecesor Rodolfo Suarez.
Así, la ley 7722 no se tocó para evitar conflictos sociales, incentivados en el pasado por intereses legítimos y no tanto. Cornejo eligió otro camino, vendiendo la todavía inexistente “Mendoza minera” en importantes ferias y eventos mundiales por un lado, y modificando el viejo Código de Procedimiento Minero por el otro.
En el Ejecutivo prometen que esa reforma permitirá modernizar procedimientos, mejorar controles, agilizar permisos y digitalizar datos mineros, entre otros presuntos beneficios.
La próxima etapa será aprobar en la Legislatura el proyecto “Malargüe Distrito Minero Occidental”, que tiende a unificar la evaluación de 200 proyectos mineros de exploración en una zona determinada de ese departamento, donde el oficialismo jura que existe “licencia social” para la minería.
De esta manera, Mendoza da pasos cortos pero firmes que permitan el desarrollo minero, una actividad muy sensible. Pero que con controles estrictos y reglas claras, puede transformarse en el trampolín que necesita la economía provincial para resurgir