La exposición del peruano Pablo de la Flor en el ciclo Hablemos de lo que Viene sobre minería de El Tribuno dejó mucha tela para cortar. Sobre todo en cuanto a las enseñanzas que se pueden o deberían tomar en Salta para apuntalar un desarrollo sostenido a través de la actividad minera.
De la Flor es gerente de Asuntos Corporativos de la compañía minera aurífera Poderosa y cuenta con la experiencia de haber sido director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú.
Expuso sobre tres desafíos que enfrenta el sector minero de Perú: la conflictividad social, la informalidad y minería ilegal y la tramitología. Sobre el último ítem la administración estatal minera salteña debería prestar mucha atención.
Se refiere a la agobiante burocracia en el sector que llegó a ocasionar, en el caso del Perú, la pérdida de 185 mil millones de dólares para el PBI de ese país, por los proyectos que se vieron retrasados entre 2008 y 2022, según precisó De la Flor.
En Salta, aunque la minería es aún incipiente con relación a Perú, que juega en las grandes ligas de venta de minerales desde hace casi dos décadas, ya se empezaron a escuchar señales de alerta por parte de empresarios mineros que padecen largas demoras en las aprobaciones de trámites que terminan frenando las inversiones.
El disertante mencionó que los procesos administrativos para la minería del Perú están regulados por 470 normas, en los que intervienen 29 entidades públicas. Esto hace, lógicamente, que los plazos para que los proyectos mineros funcionen sean excesivos.
«El país hubiera crecido a un ritmo del 4,7% de su producto interno en lugar de 3.9% anual. Y 1,7 millones de personas hubieran podido salir de la pobreza», señaló el empresario.
Dijo que desde 2008 se identificaron 23 proyectos mineros, con una inversión prevista total de US$30 mil millones, que están retrasados.
Así, la exasperante tramitología de acuerdo a lo que detalló De la Flor significaron la pérdida de US$33 mil millones para el Estado peruano. También se perdieron 125 mil empleos temporales en la fase de construcción de las minas y otros 541 mil puestos de trabajo en la fase de producción.
Relató que la caída en las inversiones por la alta burocracia, entre otras problemáticas, se agravó en los últimos años. «La tramitocracia ya nos pasa factura», afirmó.
En cuanto a los que denominó como «problemas de insitucionalidad», contó que en la parte estatal hay «demasiados» actores involucrados en la cadena de valor de la actividad minera. Esto conlleva a duplicidad de funciones y conflicto de competencias entre las dependencias gubernamentales.
Alertó sobre problemas de coordinación entre los organismos estatales. «No existe interoperabilidad ni se comparte información. El mecanismo de opiniones técnicas no ha funcionado», sentenció.
Otro punto conflictivo, que puede tener una correlación con Salta, es la carencia de recursos humanos y económicos para atenderla demanda de trámites.
Del mismo modo, habló que sobre las capacidades en gestión ambiental, las entidades no cuentan con una especialización integral.
¿Qué hacer?
Ante la problemática de la tramitología, De la Flor propuso una simplificación administrativa. «Eliminar de oficio barreras burocráticas en la certificación ambiental y procedimientos mineros», sostuvo.
Señaló que se debe apuntar a optimizar procedimientos burocráticos. Habló de promover la transparencia en el sector minero, visibilizando y publicitando el desempeño de los reguladores.
En fortalecimiento institucional, pregonó entidades con especialización integral y recursos. También la implementación de ventanilla única en interoperabilidad entre las dependencias