El ajuste económico implementado por el Gobierno ha llevado a las provincias y municipios a buscar formas de aumentar la recaudación. Una estrategia que ha ganado terreno es la aplicación de la tasa vial, un gravamen sobre los combustibles que oscila entre el 1,5% y el 2,5% o se basa en un recargo fijo por litro de combustible vendido.
Este impuesto afecta a numerosos municipios en todo el país, incluidos varios del conurbano bonaerense como Vicente López, San Isidro, Tigre y José C. Paz, así como otros como Berazategui y Mar del Plata. La tasa vial incrementa los precios de los combustibles y amplía la brecha entre los valores de venta en distintas localidades.
El sitio Precios en el Surtidor reporta que el precio de la nafta súper de YPF en la Ciudad de Buenos Aires es de $837 por litro, mientras que en otros municipios del conurbano como Quilmes, Ituzaingó y José C. Paz, los precios alcanzan los $929. En lugares como Pilar y Junín, el litro de nafta supera los $980, una diferencia de hasta $150 respecto a la capital.
Estas disparidades han generado descontento entre los conductores y los dueños de estaciones de servicio. Las cámaras del sector denuncian que la tasa vial agrega cargas administrativas y desincentiva la venta de combustibles, perjudicando a las estaciones y sus clientes.
El aumento en los precios también ha llevado a algunos municipios a reconsiderar la aplicación de esta tasa. Por ejemplo, Morón, Esteban Echeverría y Tres de Febrero han eliminado el gravamen para evitar desventajas competitivas y estimular el consumo en sus localidades.
Sin embargo, otros municipios continúan aplicando la tasa vial para financiar proyectos de infraestructura local, lo que crea asimetrías de precios en distintas regiones del país. Los críticos argumentan que esta estrategia afecta negativamente a los consumidores, especialmente en un contexto de alta inflación y costos elevados.
Fuente: TN.