Remediación ambiental: El requisito legal que YPF debe cumplir para su retiro de las áreas

Santa Cruz y Chubut continúan trabajando con YPF por el pasivo ambiental ante el proceso de traspaso de las áreas que la operadora posee en ambos distritos petroleros argentinos.

El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce, alertó que la salida de la empresa energética deberá ser sustentado con un plan de remediación ambiental aprobado por Provincia. Idéntica realidad sucede en Santa Cruz, semanas atrás el secretario de Ambiente, Sebastián Georgión, precisó que el gobierno trabaja para el cumplimiento de la Ley de Saneamiento, intimaron a la compañía para que presenten el relevamiento total del pasivo ambiental de sus áreas.

Chubut

“La provincia tiene intervención como autoridad concedente y es la que autoriza esa cesión, la empresa va a tener que cumplir determinados requisitos. Adelantándonos, todavía no están definidos quiénes serán las empresas interesadas, lo que hacemos es mantener reuniones para manifestarle cuáles son las condiciones que debe cumplir para que se pueda perfeccionar esa transacción”,  precisó a Actualidad 2.0.

Se trata de condiciones ambientales, laborales y tributarios. El ministro recordó que “la ley provincial exige la presentación de planes ambientales específicos, en los que se incluye todo lo que sea remediación de pasivos. Es un plan que puede ser de corto, mediano y largo plazo que debe establecerse previamente en una línea de base, para poder delimitar la responsabilidad de cada parte sobre los pasivos que existen en la región”.

Diferenció la situación del área de Restinga Alí (Comodoro Rivadavia), que no aparece entre las 7 mencionadas por YPF en su prospecto de ofrecimiento público, debido a que en ese caso habría una reversión hacia el Estado provincial, es decir una devolución para que la provincia defina cómo proceder luego con ese activo, informó por su parte “ADNSUR”.

“Ese caso es distinto -advirtió el ministro-, porque no hay posibilidad de trasladar responsabilidades del pasivo ambiental a un tercero, sino que se tiene que hacer cargo YPF para revertir la totalidad de lo afectado, obviamente en la medida que esto sea posible. Porque, como ya ocurrió en otros casos, cuando no es posible la remediación, la alternativa que queda es una indemnización“.

Ponce no descartó la posibilidad que YPF puede invocar el principio de indemnidad que se garantizó en la privatización de 1991, para negarse a reconocer los pasivos ambientales. De suceder,  la operadora tendría que hacerse cargo de la remediación o la indemnización y posteriormente, trasladar el reclamo hacia el Estado nacional. “Igualmente, esa discusión podría caber en el caso también del traspaso entre privados, por lo que el ministro insistió en la necesidad de trazar la línea de base para precisar con claridad el grado de afectación del ambiente que debe repararse o, eventualmente, indemnizarse”, precisó el sitio chubutense.

Asimismo, no dejó de lado que Provincia tiene la potestad de impugnar a los posibles oferentes, en la medida que no cuenten con los antecedentes necesarios o no se encuentren a la altura de lo exigido para la operación. “En esos casos, la provincia tiene poder de veto“, puntualizó.

Santa Cruz

Semanas atrás, el secretario de Ambiente, Sebastián Georgión, dio a conocer el escenario por el que transita Santa Cruz.

“El pasivo ambiental data de la época de los años 50, lo venimos heredando y nadie le encuentra una solución”, dijo en una entrevista con la periodista Irene Stur.

Recordó que el contrato firmado para la prórroga de sus concesiones -ratificado por ley- se cuantificó el pasivo “en 8 de las 10 áreas“, pero “no se llegó a relevar el 100%”, mientras que desde el Estado “se generó un sumario y la multa correspondiente”.

Así, además de “invitarlos a que cumplan con la Ley de Saneamiento, los intimamos para que presenten el relevamiento total del pasivo ambiental de la totalidad de sus áreas”. “La empresa no respeta los acuerdos firmados, por lo que el antecedente no es bueno“, reafirmó.

A la hora de la “cuantificación” del pasivo ambiental, Santa Cruz tiene a su favor el reconocimiento de un pasivo ambiental valuado en “entre unos USD 2.500 y USD 3.500 millones“, en consonancia con aquel primer relevamiento que se hiciera en 2010, previo a la estatización de YPF.

Que la empresa cumpla con sus compromisos ambientales no sólo tiene que ver con las normas, sino también que la remediación tiene un valor económico en sí misma. “En 2007 teníamos el campo plagado de cuadrillas de saneamiento“, recordó el funcionario, “eran unos 2.000 puestos de trabajo“, pero “cuando la industria ajustó, los pasivos seguían estando y la gente quedó desocupada”.

Por último, planteó que una opción “es que la empresa pague por el pasivo histórico o que se hagan cargo del mismo la o las empresas que reemplacen en la operación a YPF”. Y reiteró que “existen leyes que se deben cumplir y hacer cumplir” y en eso está el Gobierno, marcó