Falta cobre en el mundo. Cuándo arranca la primera mina mendocina. Qué conversaron la ministra Latorre y el secretario nacional. Conflictos locales
La reunión duró dos horas y media. Fue el primer encuentro entre la ministra de Energía Jimena Latorre y su par nacional, el secretario de Minería de la Nación Luis Lucero. También estuvo el director de Minería de la provincia Jerónimo Shantal. Hubo café y agua. Ni una sola galletita. No hay un cobre.
Lucero no tenía asistentes a disposición y salió a recibir a los mendocinos a la puerta de la Secretaría en el Ministerio de Economía de la Nación, el viernes por la mañana. El funcionario anotó prolijamente cada concepto que le indujeron -porque ese es el término correcto- los funcionarios de la provincia, repasando las reformas al Código de Procedimiento Minero de Mendoza que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Legislatura y desde este lunes pasará el cedazo del Senado. El asunto central fue la perspectiva de exploración y futura explotación del cobre en la provincia.
Luis Lucero es uno de los funcionarios que ingresó al gobierno nacional luego de la primera ola de renuncias en la administración de Javier Milei. Lo hizo en reemplazo de la salteña Flavia Royón, una sobreviviente del gobierno anterior de Alberto Fernández y Sergio Massa. El pecado de Royón fue que diputados de su provincia votaron en contra de la Ley Ómnibus “original”. Llegó a la Secretaría de Minería de la Nación tras su paso como socio del estudio de abogados Marval, O’Farrel & Mairal, uno de los más importantes de Buenos Aires, con clientes en el negocio de la minería. De hecho, atendió en algún momento los intereses de Río Tinto, la compañía británica que le había vendido la mina de sal de potasio de Malargüe a la brasileña Vale. Todo ese proceso terminó en la concepción del proyecto de PRC. El sitio Forbes destaca del nuevo hombre de la minería oficial «…es abogado especializado en esta materia, en derecho de los recursos naturales y con amplia experiencia en financiamiento de proyectos, en materia societaria, y en arbitrajes y litigios complejos». La publicación dice que fue uno de los impulsores de la minería en los noventa. «Fue consultor en derecho extranjero en Pillsbury Winthrop Shaw Pittman en los Estados Unidos. A su vez, ocupó posiciones en el directorio y comisiones fiscalizadoras de diversas empresas mineras, distribuidoras de gas, industriales y financieras». Formado en las mejores universidades del mundo, ahora deberá recorrer el camino de la política.
El secretario Lucero tomó nota de cada detalle de lo que le iban contando Latorre y Shantal sobre el nuevo Código de Procedimiento Minero de Mendoza. Les dijo que -a su juicio- era la primera vez que veía una estrategia real y completa para poder avanzar con la minería del cobre en la provincia. Aunque es un abogado que probablemente ha recorrido el campo mucho menos que los geólogos, Lucero conocía bien la ley 7.722, los conflictos posteriores, el caso de la minera San Jorge y el fallo de la Suprema Corte de Mendoza que corrigió algún vicio de la ley antiminera. Prohibía sustancias de modo indeterminado y ello fue juzgado inconstitucional por el máximo tribunal de la provincia. Al final de la reunión, Lucero comprometió el más pleno apoyo del gobierno nacional al desarrollo de la minería local. Sobre todo, por el alineamiento que significaba este avance -concreto- en el punto número 6 del Pacto de Mayo que se propone firmar el Presidente con los gobernadores: “Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”.
Latorre y Shantal se fueron de la oficina de Lucero con un espaldarazo importante del gobierno nacional, a un proceso que Mendoza ha iniciado y que -aunque llevará años- parece indetenible.
La verdad es que Mendoza no necesita legal ni institucionalmente ninguna acción del gobierno nacional para hacer minería. El apoyo que dio Lucero es político, declarativo. La única limitante aquí consiste en las condiciones que exige la 7.722, que en los últimos años logró ubicar a la provincia en una suerte de “lista negra” internacional. El otro dilema es la falta de apoyo -rechazo, en realidad- en capas medias de la sociedad por cuestiones culturales, y en sectores relacionados a la producción que paga salarios de pobreza. Sólo hay licencia social en Malargüe. Por lo demás, el apoyo de un Presidente de la Nación en el pico de su popularidad es importante. Pero no es excluyente, ni definitivo. La Argentina siempre es un volcán político.
La reunión que tuvieron Latorre y Shantal con Lucero, y más tarde el mismo viernes con empresarios del sector, apunta a darle fortaleza al Código de Procedimiento Minero de la Provincia, que está en pleno proceso de actualización con pelea política añadida, coletazo de las elecciones del año pasado y de la fractura de Cambia Mendoza. El miércoles, el ex diputado y ex candidato a gobernador por La Unión Mendocina Omar De Marchi, ahora funcionario de Javier Milei, tiró una bomba de humo contra la firma Impulsa SA, la sociedad anónima de mayoría estatal mendocina que licitará las minas vacantes. Oponerse a todo no es un gran negocio político. Quedó demostrado en las elecciones del año pasado. El razonamiento de De Marchi respecto de desregular y liberar la economía es correcto. Pero el caso de la minería es especial, porque ahí rige hoy un conjunto de reglas antiguas donde justamente las avivadas son posibles. Hoy el marco es más cercano a la fiebre del oro de siglos pasados en el Far West americano, que a las necesidades del Siglo XXI.
El nuevo Código de Procedimiento Minero lo que propone es agilizar, transparentar, sistematizar los procesos. Y obligar a que los dueños de las propiedades mineras o bien inviertan, o que las vendan. Se trata de impedir que la minería sea un negocio inmobiliario tal como ocurriría hoy.
Este es el texto completo de la norma:
Campos que están en el Distrito Minero Malargüe que no han sido explorados, se venden en cientos de miles de dólares en el sur de Mendoza. Más precio -por mucho- que territorios mineros en el extranjero, lo que de todos modos espanta a probables inversores. Se hacen «pasamanos» fabulosos sin ninguna necesidad ni obligación de invertir en la extracción de metal, dicen en el Gobierno, y señalan a muchos “mineros” que se sientan sobre los derechos que tienen, y en vez de producir, les extraen renta inmobiliaria.
La firma Impulsa SA no es un tongo. Es la que deberá licitar las propiedades y derechos mineros vacantes que aparezcan cuando los dueños de las tierras incumplan el pago del canon, o simplemente no hagan algo (pedir una DIA, explorar, hacer una prospección, invertir) con sus derechos durante un lapso de tiempo. Lo que plantea el Código es que en ese caso Impulsa SA toma esas minas, y las licita. Es una empresa del Estado. Esas licitaciones deben pasar por controles de Asesoría de Gobierno, Fiscalía de Estado, Contaduría General de la Provincia, y Tribunal de Cuentas. Y no puede quedarse siquiera con el 1 % de ningún área. Deben licitarlas completas a quien demuestre mejor capacidad técnica, antecedentes, planes de inversión, los parámetros habituales en estos casos. ¿Dónde está el tongo? La manganeta que se acaba es la inmobiliaria. Impulsa SA funcionará como un “incentivo” a que no duerman las áreas mineras. Sí es cierto -dicen empresarios y conocedores del sector minero- que los grandes capitales escapan a invertir en países en los que están metidos los estados. Mendoza tiene además el condicionante de la 7.722. Sólo se podrán explorar y explotar proyectos que cumplan con esa ley en todo.
El oficialismo salió a tirarle a De Marchi con “de todo” por sus críticas, defendiendo el Código, minueto al que deberemos acostumbrarnos por un par de elecciones más, por lo que se ve. Penosamente.
Del siglo pasado
Habría que entender alguna cuestión típica de la minería actual. Hoy, una persona o una empresa que tenga una propiedad minera, sólo paga $4.200 al año por ese derecho. Media pizza. Poco más de un paquete de cigarrillos al año. Ni siquiera un repelente de mosquitos que cuesta el doble, sólo por citar un artículo de moda. Además, si alguno de esos propietarios de un derecho minero lo pierde, lo abandona, o lo comunica vacante en la Escribanía de Minas, alguien en la dirección de Minería pinchará un papel con los datos en un tablero de corcho, y el que llegue primero lo podrá reclamar. Además, si algún amigo “de adentro” le avisa llegará primero que nadie. Métodos y sistemas de hace un siglo y medio, que posibilitaron armar un negocio inmobiliario fingiendo que el interés último era la minería, de acuerdo a la visión oficial.
Este lunes arranca en el Senado de la Provincia una nueva ronda de consultas por el Código Minero, con sectores diversos. Será ante la sesión conjunta de las comisiones de Ambiente, Cambio Climático, Riesgo de Desastres, Asuntos Territoriales y Vivienda; de Hidrocarburos, Minería y Energía; y Legislación y Asuntos Constitucionales. Hablarán -algunos por segunda o tercera vez- geólogos, empresarios, cámaras locales como Asinmet y la UCIM, grupos sectoriales de la minería, y siguen las firmas. Muchos fueron convocados por la oposición y unos pocos por Cambia Mendoza. Pero la disposición del Gobierno es escuchar a todo el mundo y agotar esta discusión cuanto antes sea posible, para luego sí meterse en los temas concretos del Distrito Malargüe.
¿Cuánto cobre hay?
Ahora, las preguntas son: ¿Cuánto cobre hay? ¿Cuándo empieza la explotación? ¿Cuándo veremos cobre surgido del sur provincial? No será ahora. Estamos apenas en el proceso de generar condiciones.
Cerro Amarillo, a unos 60 kilómtros de Malargüe, ya está perforando. Este año llegarán a los diez pozos, que permitirán conocer en parte el real potencial de la mina. Pero faltarán aún dos campañas más de exploración, y luego todo el proceso de aprobar una nueva DIA para la explotación en la Legislatura provincial. Finalmente, quedará conseguir a los inversores. Cerro Amarillo implica unos 4.000 millones de dólares de inversión, de los que de acuerdo al Gobierno, un 80 % quedaría en la zona. No es soplar y hacer botellas. El proceso de este yacimiento podría tardar unos seis años más hasta funcionar.
Mientras se avanza con estudios en Cerro Amarillo, hay otras tareas. El propósito del Gobierno es hacer una sola Declaración de Impacto Ambiental para los 22.000 km2 del “Distrito Minero Malargüe”. Allí hay una fortuna invaluable en metales necesarios para la humanidad. En el planeta falta cobre. El año pasado hubo déficit de producción y de cobre refinado. Las que más crecieron en el mundo como la chilena CODELCO sólo lo hicieron en un 5 % y por debajo de la demanda de una economía global donde resucita la industria post pandemia y la tecnología cambia de combustibles fósiles a energías limpias. Un estudio del Servicio Geológico Minero Argentino de 2019 (que en términos de geología es decir dos minutos, o menos…) da por cierto que en Malargüe hay cobre, oro, plata, vanadio, molibdeno, entre otros metales. También uranio. Todos con buenas perspectivas de explotación. El SEGEMAR es un organismo oficial.
La base de datos, que es pública y está disponible, indica que hay en el departamento más extenso de Mendoza 241 desarrollos posibles con grado nulo de inversión. Ahí apunta el nuevo Código de Procedimiento Minero. Algunos de los depósitos de cobre mendocino son de “Clase Mundial” apunta el informe, y los equipara a las chilenas El Teniente y Los Bronces. Hay unas 136 de estas propiedades con derechos mineros, y más de un centenar vacantes, aunque en las últimas dos semanas ingresaron 35 declaraciones más de propiedad de probables yacimientos.
El proceso seguirá siendo muy largo a pesar del entusiasmo. Peor era quedarse de brazos cruzados mientras el juego transcurría en discutir la 7.722 sin hacer algo útil por resolver el problema.
Impacto Ambiental
La DIA conjunta de todos los proyectos va a requerir una cantidad de trabajo enorme de Impulsa SA -la empresa estatal- y del resto del Estado. La cuestión práctica es así: Como las DIA deben tramitarlas las empresas, Impulsa lo hará sobre una propiedad que la firma ya adquirió como compañía minera. Y hará acuerdos con cada uno de los propietarios de estos derechos, para que puedan sumarse como anexos a esta DIA conjunta, que en el Gobierno dicen costará “fortunas”, pero sin precisar el número. Luego, este paquete irá a la Legislatura, donde se descuenta su aprobación. Esto es sólo exploración. Luego seguirá todo el proceso, donde cada uno de los titulares de derechos mineros evaluará qué hacer. Puede que menos del 10 % de las propiedades mineras que hay en Malargüe se terminen transformando en minas. Para ello, cada empresa debe conseguir los millones de dólares que cuesta hacer la prospección, explorar, pasar dos veces todos los filtros ambientales, evaluar la calidad del mineral y su precio internacional, considerar qué tipo de separación hará (flotación, cómo y con qué…) o lixiviación con reactivos y sustancias que permita la 7.722, conseguir más inversores, y si el precio internacional le conviene y hay demanda, comenzar a explotar el mineral. La que está más cerca y siempre hablando de cobre, es Cerro Amarillo. Cinco o seis años más.
El informe del Servicio Geológico Minero Argentino es muy alentador respecto de zonas de Malargüe ricas en cobre, oro, plata, vanadio y molibdeno. Pero especialmente en cobre y oro. El dossier, de 75 páginas, anexos varios, y mapas, dice en sus conclusiones centrales que:
1. La diversidad de metales y modelos metalogenéticos presentes en Malargüe, representan un gran atractivo para la industria minera, principalmente aquellos relacionados con pórfidos de cobre con oro y/o Molibdeno, Cobre en manto, skarn (rocas con minerales) con cobre y con Hierro.
2. Hay depósitos sedimentarios del tipo cobre, uranio y vanadio en areniscas.
3. Hay cinco fajas metalogenéticas con un alto interés exploratorio, capaces de contener depósitos de “clase mundial”, que exceden en dimensión al departamento de Malargüe, algunas de ellas compartidas con el país vecino de Chile.
4. El de mayor relevancia contiene a los depósitos de El Teniente y Los Bronces, del lado chileno, y a Cerro Amarillo, Las Choicas, Papagayos, Universidad, Hierro Indio y Metalitos, del lado argentino todos ellos con “excelentes perspectivas de desarrollo futuro” dice el informe.
Sobre el final, dice que “el potencial minero de Malargüe resulta altamente promisorio”, opinión sustentada en un profundo relevamiento.
Si no hay discusiones sempiternas sobre el dogma “minería sí o no”, es el momento de avanzar rápido con el Código de Procedimiento Minero, que va a permitir identificar quiénes son los interesados reales en explotar las posibles minas. Al mismo tiempo hay que avanzar fuerte con la DIA conjunta que presentará Impulsa SA. Esas son tareas concretas. Si no hay contratiempos, en cinco o seis años veremos las primeras producciones de cobre mendocino cumpliendo la ley 7.722. Implica trabajo y ensanchar la matriz económica de Mendoza, que como bien sabemos es cada vez más estrecha y ya no alcanza para todos. La pobreza en el Gran Mendoza abarca a casi medio millón de personas en el único conglomerado urbano que mide el INDEC en la provincia. A ello hay que sumar el sur, la pobreza rural, y en el resto de los departamentos. No sería sorprendente que en realidad tuviésemos unos 900.000 personas pobres y una cantidad de indigentes cercana a los 200.000. Son cálculos conservadores. Razón más que suficiente para dejar el partidismo, la especulación, el vedettismo y los odios personales, para hacer lo que hay que hacer: minería posible, sustentable, cuidadosa del ambiente, que genere nuevos trabajos y más riqueza