La magistrada María Fernanda Bisio, de La Plata, aceptó una acción declarativa de certeza que presentó el productor y abogado Agustín Arechavala
La jueza María Fernanda Bisio, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial La Plata, resolvió dar curso a la presentación de la acción declarativa de certeza presentada por un abogado y productor ganadero de San Vicente que demandó a la provincia de Buenos Aires por el aumento del impuesto Inmobiliario Rural. La magistrada abrió un juicio contra la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) y le dio cinco días para que responda un informe. Luego avanzará en una decisión de fondo.
Desde hace más de un mes, en la provincia de Buenos Aires los productores se vienen quejando de que la suba del Inmobiliario Rural supera el 200% esperado tras lo aprobado el año pasado en la Legislatura provincial: hablan de casos del 500%. En las últimas semanas hubo diversas asambleas de productores y el 5 del mes próximo habrá una movilización en Azul organizada por autoconvocados a la que a se sumaron rurales del norte provincial.
En el marco del descontento en el agro, Agustín Arechavala, productor ganadero y abogado de San Vicente, fue a la Justicia con una acción declarativa de certeza. Exige que se de marcha atrás con el aumento que entiende es “ilegítimo y confiscatorio”.
Hoy, tras esa presentación de Arechavala, Bisio admitió y dio curso a la acción declarativa de certeza. La magistrada tramitará esto como juicio ordinario. En tanto, la Fiscalía del Estado Provincial contará con 45 días para contestar la demanda. Por otra parte, solicitó un informe a ARBA para resolver luego del plazo de 5 días.
En principio, para Arechavala el punto clave es que la Justicia entendió en este primer paso que “la razón y el motivo [de la presentación judicial] puede llegar a tener fundamento”, según dijeron a este medio. A partir de ahora la provincia está en juicio y se le corre traslado por 45 para que conteste la demanda.
Como el productor había pedido una cautelar, previo a decidir si otorga esto la jueza le dio los cinco días a Arba para que confeccione el informe con los incrementos. En base a esto luego definirá si concede la cautelar.
La disputa del campo con el gobierno provincial tuvo otro capítulo cuando, en declaraciones a Radio Mitre, hoy el director de ARBA, Cristian Girard, dijo que había “cuestiones políticas” detrás de la queja de los ruralistas.
“No me parece que estemos ante una situación crítica por el impuesto inmobiliario y el sector rural. Sí me parece que hay un intento de sectores concentrados que tienen posiciones políticas muy claras; muchos de los voceros de este conflicto han sido candidatos en la lista de La Libertad Avanza”, afirmó el funcionario.
Agregó: “El peso del Inmobiliario Rural en los costos de producción del sector agropecuario no es un factor determinante como para generar este nivel de reclamo contra el gobierno provincial. Creo que el conflicto está motivado por cuestiones políticas, y no por el aumento impositivo”.
Según Girard, en solo 2000 partidas, un 0,7% del total, los incrementos están en torno al 300%. “Pero para la gran mayoría, los aumentos han estado muy por debajo de la inflación”, explicó.
Según mencionó, más del 99% de los propietarios rurales recibió este año incrementos por debajo de la inflación en su Impuesto Inmobiliario Rural. “Solo el 0,7% de las partidas, que poseen un valor de mercado superior a los US$3.000.000, tuvo aumentos sin topes. En este enlace se puede acceder a información detallada sobre el incremento impositivo”, acotó.
En tanto, Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), le respondió al funcionario: “En la escala de 200% de la mayoría, la situación da 250-270% a pagar. Y eso no es lo que la ley preveía. Entonces, el golpe en el bolsillo del productor es mucho mayor. Además de esto, no hay partidas de US$3 millones que yo conozca. Sí hay partidas que superan los $198,8 millones y que no tienen tope, por lo cual los aumentos son de arriba del 300 y el 400%. También lo que es necesario es revisar todo lo que es el impuesto inmobiliario complementario, que no tiene tope, y los incrementos que están viendo para junio en algunos casos han superado el 500% y el 600%”.
Agregó: “Esta es la realidad que tenemos hoy y la situación compleja. Negándola no vamos a llegar a ningún lado. Acá es totalmente necesario hacer una revisión y evitar este nivel de confusión, de preocupación y de bronca que tiene el productor ante esta situación tributaria. Así que seguir alargando esto con criterios, opinando o no opinando sobre determinadas cuestiones, no sirve”.